Los codictadores en su laberinto
Los cientistas políticos que estudian el fenómeno de los “golpes de Estado desde arriba”, que no se originan en un golpe militar sino en gobiernos nacidos de una elección democrática, pueden hacer el más completo estudio de caso con la dictadura de Nicaragua.
En casi 20 años, la dictadura Ortega Murillo ha ejecutado todas las variables posibles para ejercer el control total de los poderes del Estado, incluyendo el Ejército y la Policía, agregando como “innovación” una dictadura familiar totalitaria y el adefesio de la sucesión dinástica.
La norma dominante ha sido siempre la política de fuerza: el fraude electoral sellado con fuerzas de choque en las calles; la represión policial y paramilitar; la persecución política; la ilegalización de los partidos opositores por las vías de hecho; y el encarcelamiento de los candidatos opositores, para excluirlos de la participación electoral.
Entre abril y junio de 2018, durante el estallido de la protesta cívica, se ejecutó la peor masacre en tiempos de paz de la historia de Nicaragua, con 350 asesinatos y más de 3.000 detenciones arbitrarias, miles de ciudadanos que demandaban elecciones libres fueron criminalizados como promotores de un “golpe de Estado” y se impuso un estado policial de facto que prevalece hasta hoy.
El segundo paso ha sido un intento por “legalizar” las acciones de hecho, con la invocación de leyes represivas: la ley de Defensa de la Soberanía y traición a la patria; la ley de Agentes Extranjeros; la ley de Ciberdelitos y promoción de noticias falsas. Pero, incluso estas leyes fueron aplicadas a posteriori, de forma arbitraria y en juicios secretos.
Y el tercer paso ha sido elevar estas y otras leyes represivas e inhibiciones políticas a rango constitucional. Después de la primera reelección inconstitucional de Daniel Ortega en 2011, la reforma constitucional de 2013 consagró la reelección indefinida y la prórroga de los jefes militares, al grado que el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, ya acumula 16 años con cuatro períodos consecutivos en el cargo. Y en 2025, una nueva reforma a la constitución Chamuca, incorporó las nuevas leyes represivas y las inhibiciones para aspirar a cargos públicos, agregó la apatridia, eliminó los Poderes del Estado y creó la “copresidencia”, oficializando la sucesión dinástica de Rosario Murillo, la esposa del dictador.
El último paso es el anuncio de Daniel Ortega el pasado 19 de julio, oficializando que “en Nicaragua no habrá más elecciones” democráticas para disputar el poder, y aunque las elecciones ya estaban canceladas de hecho, le ordenó al Parlamento incorporar la prohibición en una nueva reforma constitucional.
En las últimas dos semanas, la “copresidenta” Rosario Murillo y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, intentaron explicar “lo que quiso decir el comandante” y alegaron que “sí habrá elecciones soberanas”, lo que se traduce en que continuarán las farsas electorales con la comparsa de partidos colaboracionistas, sin alterar el mandato de Ortega: como en 2021, en las votaciones no habrá competencia por el poder.
Las nuevas prohibiciones a la competencia política serán incorporadas como un parche en la Constitución de 2025 que será aprobada en septiembre y refrendada a inicios de 2027, pero, además, los codictadores se recetarán un mandato de “siete años renovables”, con lo que postergarán por segunda vez las votaciones. Primero estaban programadas para 2026, pero al extender el periodo de gobierno de 5 a 6 años con la Constitución de 2025, se pospusieron para 2027; ahora, nuevamente se postergarán para 2028 al extender de forma ilegal el periodo de los electos en 2021 a siete años, hasta 2028.
La anulación de las elecciones representa la confesión de la derrota política de Ortega, pues a pesar de que ha perseguido, encarcelado y desterrado a la oposición, nunca ha podido aplastarla. Su derrota moral radica en que jamás ha podido quebrar a un preso político en la cárcel: a pesar de las torturas a que han sido sometidos, estudiantes universitarios, campesinos, exguerrilleros, empresarios, religiosos, intelectuales y sobre todo las mujeres activistas, Ortega jamás ha podido lograr una auto inculpación.
Si en 2021, no se atrevió a competir con alguno de los siete precandidatos presidenciales presos, cinco años después los codictadores están aún más debilitados, como consecuencia de la corrupción oficial y “no autorizada”, y del desgaste que ha provocado en sus propias filas la purga de Rosario Murillo para eliminar a los “leales” a Daniel Ortega, que hoy están muertos, en la cárcel, o perseguidos. Y aunque el cierre de la vía electoral se utilizó para justificar la lucha armada en el siglo XX, la respuesta de la oposición democrática hoy en Nicaragua no se ha desviado un milímetro de su demanda invariable, ahora con más fuerza, de elecciones libres.
La anulación de las elecciones con 14 años más en el poder para Ortega y Murillo, también representa un salto al vacío de los codictadores ante los pilares que sostienen el régimen, en primer lugar la cúpula de 25 generales del Ejército y los Comisionados Generales de la Policía que lideran la represión, y los altos funcionarios civiles de los Ministerios y órganos del Estado que encabeza el zar de de la economía, Ovidio Reyes, el presidente del Banco Central que maneja la macroeconomía y los negocios privados de la familia gobernante. Ellos saben que, como el dictador Anastasio Somoza hace 47 años, Ortega y Murillo no son eternos. Por el contrario, su permanencia en el poder cada día amenaza la legitimidad de las instituciones del régimen e, inevitablemente, se están viendo en el espejo del derrumbe total de la Guardia Nacional, el Partido Liberal Nacionalista y el gobierno, con la caída de Somoza en 1979.
Tampoco se puede descartar que la proclamación del régimen de partido único, después de 19 de años de impunidad, sea una estrategia calculada de Ortega y Murillo para llamar la atención de la Administración Trump e intentar abrir un diálogo y una transacción con Estados Unidos, que legitime y normalice la sucesión de Murillo, a cambio de su colaboración en temas de control migratorio, drogas, y estabilidad económica, sin democracia ni Estado de derecho.
Ortega se está colando en la agenda internacional, exhibiendo la anomalía política de su dictadura, pero Nicaragua no ocupa un lugar prioritario en la agenda de Estados Unidos; la región está plagada de divisiones y polarización, y de manera conveniente se está postergando la nueva farsa electoral hasta 2028, en la etapa final del gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, esta provocación puede ser un grave error de cálculo político, en dependencia de la respuesta de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. La convocatoria promovida por Estados Unidos para una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la OEA este miércoles 5 de julio, permitirá conocer si los Estados miembros de la OEA están dispuestos a adoptar acciones de presión diplomática y económica, que hasta hoy nunca han sido utilizadas para profundizar el aislamiento del régimen Ortega Murillo.
En 1979, en la época de las dictaduras militares, Carlos Andrés Pérez (Venezuela), José López Portillo (México), el general Omar Torrijos (Panamá), Rodrigo Carazo (Costa Rica), y Jimmy Carter (Estados Unidos) jugaron un papel crucial para conformar una alianza internacional que fue clave contra la dictadura de Somoza, y en los años 80, el liderazgo de Oscar Arias (Costa Rica), junto con los gobernantes centroamericanos, fue decisivo para despejar el camino hacia una transición democrática en Nicaragua.
La historia no se replica, pero enseña que una coalición plural, y no la acción unilateral de una potencia, puede ser mucho más efectiva para socavar las bases de una dictadura. Si existe o no ese liderazgo político internacional en el continente americano y en Europa, lo sabremos en los próximos meses.
Mientras tanto, la “fruta podrida” no caerá si no hay una concertación, nacional e internacional, para sacudir el árbol de la dictadura desde sus raíces. La salida al laberinto de Nicaragua no está en Washington ni en Bruselas, sino en Managua, en la resistencia silenciosa de la mayoría política que rechaza a Ortega y Murillo y demanda un cambio; y necesita con urgencia sumar a los servidores públicos, civiles y militares, que son objeto de la vigilancia oficial. De ahora en adelante, la efectividad de la presión internacional no puede medirse en declaraciones ni comunicados, sino en cómo debilita al Estado policial y cómo empodera a las fuerzas cívicas y políticas que están comprometidas en lograr una solución nacional.
