Las izquierdas, en vilo hasta calibrar la hondura del descontento social

En lo inmediato, el Gobierno tiene que dar una primera respuesta sobre la vivienda a sus socios de izquierda y a la calle. Por eso, negocia “contrarreloj”, según expresión de su presidente, Pedro Sánchez, con los grupos parlamentarios que forman la coalición, pero también con Junts, cuyos planteamientos se alejan de la intervención de los poderes públicos. El Real Decreto-ley, ya bautizado “decreto Maricarmen”, puede ver la luz en el Consejo de Ministros de este martes y evitar durante un mes desahucios y el aumento de los alquileres, pero decaerá, como ocurrió hace seis meses, si en ese tiempo el Congreso no lo convalida.

Además de la inmediatez de este real decreto, que llega al Consejo de Ministros como respuesta a la indignación ciudadana que produjo el desalojo en Madrid de esta mujer de 87 años, delicada de salud y que solo puede moverse en silla de ruedas, el Gobierno calibra si el descontento social que ha emergido cristaliza en movilizaciones sostenidas, a ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas, y en la recta hacia las generales en 2027.

“Gobierno progresista, hipócrita y rentista”; “ Cae el rentismo o cae el gobierno”. Estas proclamas en la noche y madrugada del sábado de cientos de acampados en la Puerta del Sol de Madrid, impulsados por el Sindicato de Inquilinas, mayoritariamente jóvenes pero no solo, que han introducido una nueva carga de preocupación y desasosiego en las filas socialistas en los ámbitos territoriales y del Gobierno.

La pregunta sin respuesta entre parlamentarios y cargos territoriales es si la vivienda, primer problema para los españoles, según constatan las encuestas, será el catalizador de otros malestares que estallen en protestas. ¿Contra quién? Todo apunta a que el Gobierno central se llevará la peor parte. La inmensa capacidad de las comunidades autónomas para legislar y decidir se sitúa de momento debajo del radar de la percepción ciudadana.

El PP, en principio, se aferra a los ocho años de Gobierno central de coalición, sin entrar en qué responsabilidad tienen las comunidades autónomas, en una línea política muy consolidada en la respuesta a todas las emergencias vividas en estos dos cuatrienios, con desigual éxito en la percepción pública. En materia de vivienda sí parece que la ciudadanía mira al Gobierno de la nación.

“Pido a los grupos parlamentarios que dejen atrás la ideología y actúen con humanidad”. Esta petición la formuló Pedro Sánchez este domingo en un mitin del PSOE en la localidad madrileña de Getafe, donde se presentaron algunos de los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de Madrid. En este foro de socialistas, Sánchez sí sintió el aliento de sus compañeros de partido.

Ni el presidente ni el candidato a la comunidad, Óscar López, secretario general del partido en Madrid y ministro de Transformación Digital, mencionaron la acampada de la noche del sábado. Tampoco dieron réplica a las portavoces del Sindicato de Inquilinas, claramente hostiles contra el gobierno.

Las respuestas fueron en forma de compromisos. “Cuando gobernemos en Madrid, intervendremos el mercado de la vivienda con la revisión de la fiscalidad de los fondos buitre que multiplican sus beneficios en las operaciones de compra”. Otra promesa fue la “congelación de la subida de los alquileres”, en voz de Óscar López.

Atajar el descontento, si es que fuera ya posible, es la pretensión del Gobierno hasta las elecciones generales, municipales y autonómicas.

“Aunque resulte paradójico, si el gobierno central no consigue dar una respuesta convincente al difícil problema de la vivienda, le puede penalizar más que a los gobiernos del PP en las comunidades autónomas, que son realmente quienes tienen las competencias”, señala Cristina Monge, socióloga y politóloga. El por qué de esta aparente contradicción no lo es tanto si se tiene en cuenta que este Gobierno “tiene una promesa fundacional en materia de vivienda y dentro de ella en impedir los desahucios”, recuerda Monge.

Hay anuncios de continuidad en las movilizaciones para este lunes, en la víspera del Consejo de Ministros en el que puede aprobarse el decreto de vivienda, si es que hubiera acuerdo entre la izquierda y Junts. Los neoconvergentes aprietan, pero no menos Sumar, la otra parte del ejecutivo. Si no están de acuerdo con los detalles del decreto, no entrarán a la reunión del Consejo de Ministros como ya hicieron hace seis meses hasta que la parte socialista afinó el texto. Fue inútil, porque la prórroga de los precios de los alquileres solo duró un mes; el Congreso luego lo tumbó.

Ahora se trabaja bajo máxima presión y dificultad para que no vuelva a ocurrir. Este lunes habrá movilizaciones en Barcelona en las puertas del acto al que tiene previsto acudir Pedro Sánchez y el domingo hubo concentraciones a favor de la enseñanza pública y en defensa de la educadoras infantiles, instaladas en la precariedad, lo que les dificulta el acceso a la vivienda.

“Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, V de Vivienda o Juventud sin Futuro iniciaron el movimiento 15M, en el que cristalizaron múltiples malestares y descontentos”, recuerda Monge, experta en movimientos sociales. Hoy el problema de la vivienda se ha agravado, concluye. Aunque haya concomitancias con lo que ocurrió en 2011, aún es prematuro dictaminar que el 26-S es la reedición del 15-M.