La Suprema Corte sienta un precedente en la justicia ambiental al atraer el caso de Royal Caribbean

La disputa medioambiental por Mahahual, en el sur de la península de Yucatán, está viva. El conflicto ha escalado esta semana, después de que la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) atrajera el caso el 10 de agosto de manera unánime para analizar las demandas en contra de la construcción del megaparque acuático de Royal Caribbean. El municipio Othón P. Blanco, al que pertenece esta comunidad, autorizó en 2025 un cambio de uso de suelo fast track. El entonces director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (Idefin) se convirtió a la postre en ejecutivo de Royal Caribbean.

La atracción del caso por parte del Supremo ha sido considerada una buena noticia para la comunidad ambientalista mexicana. “Este es un gran paso que va a repercutir en otras luchas ambientales de este tipo”, dice la abogada Irma Morales, de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano.C. (DMAS). “La decisión representa un paso relevante (.) pues permitirá que la Suprema Corte conozca un asunto que plantea cuestiones de interés y trascendencia nacional”, ha publicado DMAS, la organización que ha acompañado las denuncias de pobladores de Mahahual en contra de las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano (PDU).

La solicitud hecha por DMAS a la SCJN el 9 de junio plantea la necesidad de que el máximo tribunal establezca criterios relevantes sobre justicia ambiental, como el alcance del derecho humano a un medio ambiente sano frente a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano; el reconocimiento del interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación urbana; los plazos para acceder al juicio de amparo en materia ambiental y la aplicación de principios ambientales como el principio precautorio y la participación ciudadana y el in dubio pro natura [que pondera las decisiones más favorables a la protección ambiental].

Morales añade: “Es muy importante que se regule y se establezca y se refuercen este tipo de criterios, porque estamos hablando de plazos; de en qué momento empieza a correr el tiempo cuando alguien se entera de modificaciones a los programas de desarrollo urbano ilegales, arbitrarias, que no son publicitadas en medios accesibles a la ciudadanía”.

Los Programas de Desarrollo Urbano (PDUS) son documentos oficiales y técnicos que deben regular el crecimiento ordenado de las ciudades y municipios. A través de esa herramienta, las autoridades, junto con las poblaciones, definen dónde se pueden construir zonas habitacionales, de industrias, parques y otros servicios. También ponen las reglas para determinar el uso de suelo o la protección ambiental de zonas sensibles.

La abogada Morales explicaba en mayo cómo tuvieron lugar esos cambios en los planes de Othón P. Blanco, lo que originó las demandas ciudadanas: “Ellos [Royal Caribbean] modificaron en menos de tres semanas un PDU sin seguir el procedimiento que marca la ley de asentamientos humanos. Royal Caribbean pide su cambio de uso de suelo, luego la Dirección de Desarrollo Urbano se lo otorga sin analizar más allá. Luego el cabildo lo aprueba en FastTrack y luego la presidenta municipal también, y se publica en el periódico oficial del Estado”.

Morales indica que los cambios modificaron 107,67 hectáreas de terreno. “Uno de los cambios fue que en parte de esas hectáreas pasaba de permitir 14 metros de altura [en las construcciones] a 63 metros, sin ningún respaldo técnico, ambiental, ni nada. Nadie se enteró, simplemente fue una publicación en el periódico de Quintana Roo un 5 de diciembre del año pasado”, añade la letrada.

DMAS interpuso una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción local por el nombramiento de Ari Adler Brotman, hasta entonces director del Instituto de Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (Idefin), como nuevo presidente de Royal Caribbean México. “Este servidor público de esta institución, con información tan relevante para el Estado, pasó a ser el presidente de una superempresa privada grande internacional que en poco tiempo y de manera fácil obtuvo cambios de uso de suelo”, cuenta Morales.

La Secretaría Anticorrupción de Quintana Roo argumentó que la denuncia contra Brotman no contenía pruebas “idóneas ni concluyentes”. El documento dice: “Son simples indicios que [.] no constituyen pruebas aptas, idóneas ni concluyentes para demostrar algún beneficio que la citada empresa haya obtenido”.

Brotman negó en una entrevista con EL PAÍS el 19 de mayo, que existiera un conflicto de interés tras su nombramiento y aseguró: “Si yo tuviera esa llave mágica o ese conflicto de interés, pues ya estaríamos trabajando”.

Sin resolutivo, Perfect Day sigue

La tarde del 19 de mayo, en medio de la presión social que había en todo el país para frenar el parque en Mahahual, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, hizo una declaración inesperada y pública que fue leída como una buena noticia, pero que en la práctica deja a la empresa vía libre para replantear la construcción de la obra. La secretaria afirmó que no autorizaría la construcción de Perfect Day.

“Todo es provisional. Bárcena dio ese comunicado antes de emitir un resolutivo negativo y no nos pareció; creemos que fue una muy mala estrategia porque [la Semarnat] sabía muy bien las consecuencias de eso. No había un resolutivo todavía publicado que se le haya notificado en ese momento a la empresa. Entonces claramente sabían que podía la empresa desistirse, por ende, la Semarnat estuviese impedida de emitir el resolutivo. Es algo muy común eso, que los desarrolladores se desistan antes de que haya un resolutivo negativo para que posteriormente lo vuelvan a intentar. Es una práctica muy común”, explica.

La abogada asegura que el que una empresa se desista sin tener un resolutivo emitido por las autoridades hace que, en un futuro, esa misma empresa vuelva a plantear su mismo proyecto sin los antecedentes que surgieron en el primer proceso. “Para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental hay tres resultados posibles: que te resuelvan positivamente para que hagas tu proyecto, o que no, o que antes de que se emita, ya sea de manera positiva o negativa, tú como desarrollador puedas cancelar esa evaluación. Y al hacer eso, el procedimiento queda cancelado. No hay nada que diga que sí te lo iban a autorizar o que no. Entonces es como si no hubiese existido”, explica Morales.

Hace unas semanas, Jason Liberty, el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group, desde Estados Unidos, comunicó a sus accionistas que su proyecto en Mahahual estaría detenido hasta que el diálogo con las autoridades y los pobladores terminara, y que sus planes continuaban como siempre. Lo comunicó solo como un problema “de calendario” en el que solo esperaban las fechas indicadas para continuar.

La SCJN podrá resolver en hasta un año todo el caso de Mahahual a través de las tres denuncias ciudadanas alrededor de la polémica construcción que proyecta albergar más de 30 toboganes que serán los más altos de América Latina, seis piscinas, tres playas, 12 restaurantes y 24 bares.