La política de vivienda, un quiero y no puedo

Hubo grandes besos y ovaciones en el Congreso entre los miembros de las dos fuerzas políticas del Gobierno aquel 27 de abril de 2023. Fue de esos días en que el calificativo de “histórico” andaba de boca en boca de los diputados. “¡La primera ley de Vivienda de la democracia!”, exclamaban alegres los miembros del Ejecutivo y sus socios de izquierda, con quienes había costado año y medio cerrar un texto arduamenre negociado. El gran objetivo era, por supuesto, frenar la imparable escalada de los precios de los alquileres. Más de tres años después, en ciudades como Madrid las rentas por arrendamientos casi se han duplicado. La semana que acaba, tras la conmoción social provocada por el dramático desahucio de Maricarmen, la frustración entre quienes se sumaron a aquella ley quedó resumida en las palabras de Gabriel Rufián, portavoz de ERC: “La vivienda arrasará a este Gobierno”.

La viabilidad de aquella celebrada ley dependía en buena parte de la voluntad de las comunidades autónomas, las que manejan las principales competencias en la materia. La mayoría, de ellas, en manos del PP, ha ignorado las medidas propuestas. Entre ese desentendimiento autonómico y la evidencia de que otras cuestiones planteadas necesitan tiempo para ofrecer resultados, el problema de la vivienda no ha dejado de crecer desde entonces. Y esta semana ha vuelto a remover conciencias por la desgarradora imagen de una mujer de 87 años desalojada en camilla de su casa.

La ley de vivienda fue posible porque en aquel Congreso, el de la anterior legislatura, todavía se contabilizaba una mayoría consistente y volcada a la izquierda. Desde hace dos años, el Gobierno transita en el Parlamento por un sendero de ascuas. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, y el resto de las formaciones de izquierda reclaman al PSOE una intervención más decidida en el mercado. Y del otro lado está Junts, complemento ineludible de la mayoría y cada vez más escorado a la derecha en este asunto, en el que desde hace meses ha votado más con el PP y Vox que con los aliados fieles del Ejecutivo. El rechazo de todas esas derechas ha bloqueado los intentos de mantener obstáculos a los desahucios o de prorrogar la congelación de los contratos de alquiler, medidas excepcionales adoptadas al calor de las crisis de los últimos años.

La vivienda fue ganando peso en la agenda política del Gobierno a medida que se agravaba la escalada de precios y se reducían las opciones de acceso para amplias capas de la población, especialmente los jóvenes. Desde 2018, el Ejecutivo ha desplegado una batería de medidas de distinta naturaleza, desde reformas urgentes del mercado del alquiler y protecciones extraordinarias durante la pandemia hasta programas de ayudas, finalmente, la Ley por el Derecho a la Vivienda, la principal reforma legislativa impulsada en este ámbito en décadas., pese a todo, en este tiempo no ha dejado de crecer la preocupación ciudadana, hasta situarse ya a la cabeza de los problemas reseñados por los españoles en las encuestas. Con el agravante de que ni las dos formaciones del Gobierno comparten totalmente sus políticas y que la situación del Congreso aboca a la parálisis.

La ley de Vivienda introdujo por primera vez un marco estatal de intervención sobre el mercado. Entre sus principales novedades figura la creación de las denominadas zonas de mercado tensionado, donde las administraciones pueden aplicar mecanismos de contención de precios cuando acrediten que el coste del acceso a la vivienda supera determinados umbrales de esfuerzo económico para los hogares. La norma modificó la definición de gran tenedor, trasladó al propietario el coste de los honorarios inmobiliarios, reforzó la protección de los hogares vulnerables amenazados de desahucio y sentó las bases a fin de sustituir el IPC por el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) como valor para revisar los alquileres.

El Gobierno presentó la ley como un cambio de paradigma destinado a equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos y frenar las subidas de precios. Sus detractores han cuestionado su capacidad para aumentar la oferta y han señalado su dependencia de la voluntad autonómica. Tres años después de su aprobación, ninguna comunidad o municipio gobernado por el PP se ha declarado zona tensionada. Es más, los populares han pedido en el Congreso la derogación de la medida.

La ley de vivienda fue uno de los últimos hitos en la recta final de la pasada legislatura. Desde entonces, el problema ha ido ocupando cada vez más tiempo en el Congreso y con resultados cada vez más frustrantes para el Gobierno. Cuando no han sido los rechazos de Junts, han aparecido las discrepancias entre el PSOE y el resto de la izquierda o el afán permanente de castigo del PP.

Hace ahora dos años, el Gobierno vivió una de sus jornadas parlamentarias más embarazosas. Se votaba una propuesta para poner coto a los alquileres de temporada, y Junts, después de días de incertidumbre, había anunciado una abstención. La iniciativa saldría, aunque se necesitaba hasta el último voto. Pero el propósito de Junts era infligir por sorpresa una bofetada política al Gobierno., contradiciendo sus anuncios, se unió a la negativa de las derechas nacionales y facilitó el rechazo de la medida. Meses después, el partido de Carles Puigdemont se avino a permitir su trámite. Pero sigue sin haber acuerdo sobre su contenido. Y permanece encallada en la comisión que debería elaborar el texto.

El no de Junts también impidió en abril pasado prorrogar la congelación de precios de los alquileres. Y el mes anterior fue decisivo para poner fin a la moratoria de desahucios a personas vulnerables vigente desde la pandemia. A Junts, como a la derecha nacional, le inquietan más las ocupaciones. De hecho, tiene presentada una proposición de ley para endurecer las medidas contra ellas. Más benigna, en todo caso, que las severas posiciones del PP, que ha promovido hasta cuatro iniciativas legislativas al respecto.

La congelación de los alquileres había ocasionado antes un insólito pulso dentro del propio Gobierno. La parte socialista solo accedió a aprobar un decreto al respecto —finalmente anulado por el Parlamento– después de que Sumar protagonizase un plante sin precedentes antes de un Consejo de Ministros. Desde las posiciones más a la izquierda, se tacha de timorato al PSOE, que ha gestionado directamente las políticas de vivienda en todos los ocho años de Gobierno Sánchez. Esas discrepancias también han propiciado la parálisis.

En el limbo del Congreso duerme desde hace más de un año una propuesta de ley socialista que, entre otras cosas, contempla subir el IVA a los pisos turísticos o penalizar a las viviendas vacías y a los extranjeros que inviertan en inmuebles. Prevé además bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen los alquileres, lo que choca con el rechazo de fuerzas como Sumar y Podemos.

Días atrás, el Congreso volvió a mostrar los distintos enfoques de los partidos del Gobierno. Sumar presentó una iniciativa para prohibir la venta de viviendas a entidades jurídicas, un medio de quitar del mercado a los llamados fondos buitre. Lo frenó la habitual confluencia de las derechas, pero el PSOE tampoco la apoyó. Se abstuvo junto a PNV y Coalición Canaria.El socio minoritario del Ejecutivo y el resto de la izquierda se han desmarcado de los dos intentos, capitaneados por PSOE y PNV, de reformar la ley del suelo a fin de agilizar la concesión de licencias de obra y la aprobación de planes urbanísticos. Esas disensiones se juntaron con el interés del PP en desgastar al Ejecutivo a cualquier precio. Pese a que los populares —sobre todo sus alcaldes—compartían el fondo de la reforma, prefirieron infligir al Gobierno nuevas derrotas políticas.

Pedro Sánchez llevaba solo nueve meses en La Moncloa, cuando, en marzo de 2019, protagonizó el primer intento de abordar el problema que iba creciendo en el país. A través de un real decreto de medidas urgentes, el Gobierno recuperó algunas de las protecciones para los inquilinos eliminadas años antes y adelantó elementos que acabarían incorporándose a la futura ley de vivienda. Amplió la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años cuando el arrendador es un particular y a siete cuando se trata de una empresa, además de reforzar las garantías para los hogares vulnerables amenazados de desahucio.

La irrupción de la covid obligó a tomar decisiones de carácter excepcional con incidencia directa en el mercado. El denominado escudo social suspendió los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional y habilitó una línea de avales públicos para ayudar al pago del alquiler. Ese esquema se prorrogó en repetidas ocasiones con el objetivo de evitar que la crisis económica derivada de la pandemia desembocara también en una emergencia habitacional. La moratoria de los desahucios decayó en febrero pasado.

En enero de 2022, el Ejecutivo aprobó el Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros mensuales –luego ampliada– durante un máximo de dos años dirigida a menores de 35 con ingresos limitados. Pretendía aliviar las dificultades de emancipación de una generación especialmente afectada por el encarecimiento de la vivienda y fijó límites al precio de los alquileres subvencionables. Pero su aplicación, como en otros casos, quedó en manos de las comunidades autónomas.

El mismo paquete dio luz verde al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que incorporó ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y hogares afectados por desahucios. El programa incluía incentivos para ampliar el parque público de vivienda, financiación para la adquisición de inmuebles destinados al alquiler social y mecanismos para movilizar activos de las administraciones públicas y de la Sareb, el llamado banco malo surgido tras la crisis financiera, de la que heredó decenas de miles de viviendas vacías.

Una de las críticas más habituales al Ejecutivo es la de haber descuidado la oferta pública. El paso más relevante en ese ámbito ha sido la transformación del Sepes, la histórica entidad estatal de suelo, en la nueva empresa pública de vivienda CASA47, concebida para actuar sobre todo el ciclo residencial, desde la urbanización del suelo hasta la gestión del parque público de alquiler. La iniciativa se presentó como el embrión de una gran empresa estatal de vivienda capaz de impulsar promociones propias y administrar inmuebles destinados al alquiler asequible.

La principal fuente de activos de esta nueva entidad ha sido el traspaso de patrimonio procedente de la Sareb. El Gobierno ha acordado incorporar más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 adicionales. Buena parte de esos inmuebles se concentra en el arco mediterráneo, una herencia directa de la geografía de la burbuja inmobiliaria de los años previos a la crisis de 2008. Muchas de las viviendas recibidas necesitan de trabajos de adecuación, rehabilitación o resolución de problemas jurídicos y urbanísticos antes de poder incorporarse al mercado del alquiler asequible, lo que ha ralentizado el ritmo de su puesta en servicio.

El último gran instrumento impulsado por el Ejecutivo ha sido el buscador estatal de vivienda asequible, una plataforma destinada a centralizar la oferta pública. El portal arrancó con alrededor de 600 viviendas anunciadas en todo el país, una cifra que generó críticas tanto por su reducida dimensión como por una distribución territorial muy desigual. Diversos colectivos y expertos cuestionaron un volumen inicial insuficiente para responder a la magnitud del problema habitacional, mientras que el Gobierno defendió la herramienta como un primer paso destinado a crecer progresivamente mediante la incorporación de nuevas promociones y activos públicos.

En cierto modo, esa discusión resume el principal dilema de toda la política de vivienda desarrollada durante los últimos años: la distancia entre la magnitud de las medidas anunciadas y el tiempo necesario para que sus efectos se traduzcan en una oferta significativa y accesible para los ciudadanos. Además de las limitaciones en su despliegue que establece el reparto de las competencias entre las distintas administraciones y la endiablada situación parlamentaria que bloquea otras iniciativas.

También será necesario tiempo para ver los efectos de la última gran medida del Ejecutivo: el nuevo Plan Estatal hasta 2030 que pretende invertir en vivienda protegida 7.000 millones de euros costeados entre el Estado (60%) y las administraciones autonómicas (40%).

El Gobierno ha visto algo de luz estos días, con la disposición de Junts a negociar un nuevo decreto antidesahucios, un notorio cambio en la actitud que venían manteniendo los independentistas. Pero la legislatura se acaba y el problema de la vivienda ha contribuido a minimizar el impacto de otras políticas que puede vender el Ejecutivo, como las fuertes alzas del salario mínimo o la reducción del paro.