La iglesia de los migrantes: el único refugio que encuentra una comunidad de Texas acechada por el ICE

La iglesia de la pastora Dianne García, en San Antonio, Texas, ha perdido a 32 de sus colaboradores activos desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca: han sido detenidos por agentes migratorios y casi todos, deportados. Entre sus feligreses, que suman unas 500 familias migrantes, calcula que uno de cada cuatro tiene a alguien detenido o que ya ha sido expulsado de Estados Unidos. Como consecuencia, hay unos 50 niños de su comunidad que viven sin alguno de sus padres. Las cifras no están solo en su cabeza. Ella ha ido registrando cada detención y expulsión en tablas de Excel para entender la magnitud de la ayuda que se necesita.

“Hay muchas más familias en situación de crisis aquí en la ciudad por lo que está haciendo el ICE. Algunos me dicen: ‘Es como si nos estuvieran cazando como animales en las calles’”, cuenta la pastora desde su iglesia, a la que ha bautizado como ‘la iglesia de los migrantes’.

Ella, una estadounidense cuya madre nació en Ecuador, fundó esta comunidad religiosa menonita en 2023 junto a cuatro mujeres recién llegadas a Estados Unidos con sus familias desde Venezuela, Honduras, República Dominicana y Haití. La ayuda que brindaron en ese tiempo era para facilitar a los migrantes su estancia inicial en el país, entre otras cosas, conectándoles con la red de albergues que dispuso la propia ciudad.

Pero en el último año y medio, dice García, la agresiva campaña de detenciones masivas del Gobierno ha arrastrado a los migrantes por distintas etapas: la del miedo a quedarse en el país; la de quitarles beneficios migratorios temporales y generar una presión económica que no les permita pagar la renta o la comida de los niños; y la de las detenciones masivas y la separación de familias.

“Ellos saben lo que están haciendo. Es su estrategia para hacer sufrir a la comunidad”, condena la pastora. “Nunca había visto algo así”.

Eso ha hecho, explica, que muchos migrantes de San Antonio evitaran por meses pedir ayuda a las autoridades: “Estaban deambulando por la ciudad o encerrados en sus casas sin saber qué hacer”. En abril, ella decidió pedir a un grupo de personas que buscaran a estos migrantes en la calle y les dieran la información de la iglesia. Comenzó a recibir llamada tras llamada de familias afectadas, una tras otra, y luego, de detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pidiendo ayuda.

Desde entonces, la iglesia ha proveído a miembros de su comunidad apoyo religioso, fondos para pagar la renta o comprar comida, y un espacio para quedarse temporalmente y en el que se sientan seguros.

EL PAÍS pidió al ICE el promedio diario de detenciones en varias ciudades de Texas, incluida San Antonio. La agencia respondió el correo con otra información que no era la solicitada. Un análisis del diario The New York Times ubicó en marzo de 2026 a esta ciudad de mayoría hispana como la segunda con más detenciones de migrantes al día en el Estado (71), después de Dallas (85).

Según datos del ICE proporcionados al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, solo en julio la agencia federal detuvo a casi 50.000 personas. Se trata de la cifra mensual de detenciones más alta desde que Trump asumió su segunda Presidencia. Y esa presión que se siente en las cifras se refleja en las familias migrantes de San Antonio.

“No hemos podido ser felices”

Las hijas de Jennifer juegan en la cocina de la iglesia de los migrantes: la de ocho años ve videos en un celular mal sentada en una silla; las más pequeñas, de cinco y tres años, revolotean en el pasillo que va de la nevera a la puerta. No van a la escuela. El único que sale a la calle cada día es su esposo y lo hace con miedo.

“Siempre me dice: ‘Aquí te dejo los ahorros, por si me detienen’. Dice que si eso pasa, inmediatamente firmará para que lo deporten. Y atrás de él vamos nosotras. Todos los días platicamos de lo mismo”, cuenta esta venezolana de 28 años que prefirió usar solo su nombre por miedo. Dos días antes de la entrevista con EL PAÍS pasaron el último susto: un policía detuvo el auto en el que iba su esposo con unos compañeros de trabajo porque el conductor arrancó sin que todos tuvieran el cinturón de seguridad. Temblando, Jennifer llamó por teléfono a la pastora Dianne García. Poco después se tranquilizó porque los dejaron ir.

Al menos seis cuerpos policiales que patrullan en la ciudad de San Antonio aceptaron alguna de las modalidades de cooperación con agentes de inmigración, conocidos como 287(g), según se ve en los registros del ICE. Esto les permite ejercer algunas funciones federales para ayudar en la detención de migrantes. Es posible que más cuerpos se sumen: a inicios de agosto, el Gobierno de Trump anunció que repartirá hasta 3.000 millones de dólares a los Estados y gobiernos locales que se alíen con el Departamento de Seguridad Nacional.

Para Jennifer, vivir en Estados Unidos ha pasado de ser “un sueño a una pesadilla americana”. Ellos entraron a Estados Unidos en octubre de 2024 con el parole humanitario (el CHNV) que concedió un año antes el expresidente Joe Biden para migrantes de cuatro nacionalidades, una de ellas, la venezolana. Pero en marzo de 2025, el Gobierno de Trump anunció la expiración de ese estatus —que les daba dos años de permanencia mientras optaban por otro camino legal— para todos sus beneficiarios. “Ahí empezamos a desestabilizarnos mucho económica y emocionalmente”, cuenta Jennifer.

Luego, en mayo, por tres días consecutivos, el ICE tocó a la puerta del apartamento que alquilaban. “Tapaban el ojo mágico con un dedo, y un agente apuntaba a la puerta y el otro a la ventana, como si buscaran a un prófugo”, recuerda. Ella cree que la persona encargada de los alquileres entregó a la agencia las direcciones de quienes no tenían estatus migratorio, porque otros vecinos sufrieron lo mismo. Una de sus amigas fue detenida en los operativos.

Jennifer cuenta que uno de esos días los golpes que dieron a la puerta de su casa eran tan fuertes que ella se escondió debajo de la cama con su hija más pequeña, apenas una bebé. “La escena era de terror. Me traumó muchísimo”.

Después de eso, la familia abandonó el apartamento y se marchó por un tiempo a un pueblo de fincas poco habitado a una hora de San Antonio. Su esposo había conseguido un empleo: “Vivimos escondidos, pero no porque le debiéramos algo a la justicia, sino por miedo”.

Cuando regresaron a la ciudad, decidieron llegar temporalmente a la iglesia de Dianne García. Ya la conocían; la pastora los había ayudado en el pasado “sin ver si éramos venezolanos o colombianos”. “Es donde me siento segura. Es una red de apoyo, es mi refugio y donde está mi familia. Todos nos tenemos como familia y nos apoyamos entre sí”.

Ella lamenta que, entre el miedo y la persecución en la que han vivido por años, sus hijas hayan crecido sin poder estudiar regularmente, sin salir a jugar en la calle con sus vecinos o disfrutar de un campamento de verano, como todos los niños. Por el contrario, no salen, no gastan: “No hemos podido ser felices”.

Un trauma colectivo

La pastora cree que Dios la llamó a fundar la iglesia para poder ayudar en este momento: “Estamos aquí porque Dios sabía que la comunidad necesitaría este apoyo. Lo peor es pasar por una situación así sin nadie, y yo sé que muchas familias están solas”. Como la de Jennifer, pero también la de otra venezolana, Yelin, de 32 años y quien también decidió usar solo su nombre.

Pese a que tienen un proceso de asilo pendiente, su esposo fue detenido en noviembre y estuvo encerrado en un centro del ICE durante ocho meses. Ella tuvo que lidiar sola con los gastos de la renta, la comida y la casa; con el trabajo y con la crianza de sus tres hijas de ocho, diez y catorce años. De trabajar solo tres días a la semana como mesera en un restaurante —para poder encargarse de las niñas— tuvo que hacerlo todos los días: “Dios mío, teníamos tantas cosas que pagar. Yo pensaba en ‘qué voy a hacer yo sola’. Sentí que se me acababa todo”. También vendió el carro que tenían para poder cubrir los gastos inmediatos.

Una tarde, cuando llegó al colegio de sus hijas a buscarlas, las encontró aterradas y llorando: “Me dijeron: ‘Mami, la profesora dijo que si vuelves a llegar tarde, va a llamar a migración’”, cuenta Yelin desde la iglesia. Desde ese día, las niñas tuvieron miedo de ir al colegio y que la madre se retrasara en buscarlas: “Pasaron mucho tiempo de terror, mucho tiempo en que si me pasaba cinco o seis minutos, ya las niñas me llamaban asustadas”.

En ese tiempo, Yelin cuenta que la iglesia les ayudó a costear los gastos de abogados para liberar al esposo: “Todos colaboraron, era un gasto que yo no iba a poder sacar. Hemos conocido mucha gente buena”. El ICE lo liberó en julio. Aún tiene dificultades para dormir por la noche: se despierta aterrado pensando que los agentes volvieron por él.

Igual que la familia de Jennifer, la de Yelin no se siente libre. La madre siente que las experiencias que han vivido en Estados Unidos los han cambiado a todos. La hija mayor, por ejemplo, tuvo que crecer de forma abrupta durante los meses de detención del padre para asumir el cuidado de sus hermanas menores mientras Yelin trabajaba. Ahora la siente rebelde. La menor suele consolar a la madre cuando se encierra a llorar en el baño: “Se daba cuenta de todo y me decía: ‘No suframos, mami. Si tú lloras, nosotras también sufrimos’. Nunca habían estado separadas de su padre tanto tiempo”.

Al vivir con los migrantes sus historias, la pastora Dianne García cree que el Gobierno de Trump ha ido generando un trauma colectivo “que va a durar por generaciones” y que afecta a los migrantes, pero también a todos los que viven en Estados Unidos. El sufrimiento, dice, ha ido arruinando matrimonios, ha generado más estrés, ha aumentado los casos de abuso porque no hay confianza en las autoridades. Ella ve niños llorando, comportándose mal en la escuela o niños muy reservados que antes jugaban y ahora solo se quedan sentados en un lugar, callados.