La Fiscalía se opone a la decisión del Gobierno vasco de ampliar la semilibertad del etarra Henri Parot

La Fiscalía ha presentado este miércoles un recurso ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional en el que pide revocar la reciente decisión del Gobierno vasco de ampliar el régimen de semilibertad del que disfruta el preso de ETA Henri Parot, condenado a cerca de 4.800 años de cárcel por 39 asesinatos y otros múltiples delitos. El ministerio público considera que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que encabeza la socialista María Jesús San José, por la que clasifica el tercer grado penitenciario a Parot, “resulta prematura en el momento actual y no se ajusta plenamente a los criterios legales”.

La presentación del recurso suspende de manera cautelar hasta que resuelva el juez la medida, aunque el etarra podrá seguir disfrutando del régimen de semilibertad más restrictivo del que ya disfrutaba desde julio del año pasado en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, y que le permite salir de lunes a viernes durante el día de la cárcel de Zubieta (Gipuzkoa). La Fiscalía admite que, hasta ahora, esta modalidad de semilibertad ―pensada como paso previo al tercer grado― ha tenido para el preso etarra un “correcto desarrollo” y durante la misma no se han registrado “incidencias”.

El ejecutivo de Imanol Pradales informó la semana pasada del acuerdo por el que concedía el tercer grado a Parot, de 68 años, que fue integrante del comando itinerante de ETA que, entre otros, cometió el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en el que murieron 11 personas, seis de ellas menores de edad, y otras 88 resultaron heridas el 14 de diciembre de 1987. La decisión provocó las críticas de las asociaciones de víctimas. El acuerdo valoraba que el recluso tiene como fecha de cumplimiento de su condena el 27 de agosto de 2028, que en el último año había disfrutado de 18 permisos sin incidencias y que mostraba una “evolución favorable tras periodos de adaptación”, además de estar abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado.

También destacaba que había escrito, entre 2020 y 2025, cuatro cartas pidiendo perdón a sus víctimas. En la última afirmaba que, precisamente, sus salidas de prisión le habían permitido “afianzar” su compromiso “con la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas”. “Ha reafirmado mi rotundo deseo de no generar más sufrimiento a aquellas personas que sufrieron la violencia en el pasado y trabajaré en la medida de lo posible en ello”, añadía en la misiva. La decisión de dar el tercer grado, aunque en principio modificaba poco su actual régimen de vida carcelario ―pasaba de tener que dormir en prisión todos los días y permanecer en prisión los fines de semana, a solo tener que acudir a pernoctar a su celda de lunes a jueves―, le abría la puerta a pedir la libertad condicional, ya que, además de tener cumplido más de tres cuartas partes de su condena, debe cumplir el requisito de estar clasificado en tercer grado para aspirar a ella.

La Fiscalía se opone ahora a esta modificación a pesar de que reconoce que, durante su estancia en prisión, Parot ha tenido una “evolución favorable” y que el régimen de semilibertad más restringido del que disfruta desde el verano del año pasado se está desarrollando sin incidentes y con “apoyo social y familiar”. En este sentido destaca, precisamente, que lleva algo más de un año en este régimen flexible, tiempo que, sin embargo, considera que “es todavía insuficiente para considerar plenamente consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado”.

En su recurso, el ministerio público recuerda que la clasificación de cualquier recluso debe hacerse tras “una valoración individualizada y global de todas las circunstancias concurrentes, incluyendo la evolución tratamental, el historial delictivo y el pronóstico de reinserción social”. En este punto, la Fiscalía recuerda “la extraordinaria gravedad de los delitos” por los que fue condenado Henri Parot, “con múltiples acciones terroristas que causaron la muerte de un alto número de personas, además de numerosos heridos”.

Por todo ello, el ministerio público considera que Parot debe seguir cumpliendo condena con los beneficios del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario sin ir aún más allá, para poder seguir “observando la evolución del penado y consolidar los avances apreciados sin necesidad de anticipar en este momento el acceso al tercer grado”. En la actualidad, hay 107 presos de ETA en las cárceles vascas ―de ellos 71 con algún régimen de semilibertad―, tres en el centro penitenciario de Pamplona, dependiente del Ministerio del Interior, y otros dos en prisiones francesas, según los datos recopilados por EL PAÍS en diversas fuentes.