La Fiscalía imputa a cinco excolaboradores de la gobernadora Teresa Jiménez por el contrato de Aguascalientes con Next Energy

La Fiscalía General de la República (FGR) ha formalizado la acusación ante el juez contra cinco exfuncionarios del municipio de Aguascalientes, capital del Estado de Aguascalientes, por la contratación irregular, en marzo de 2019, de la empresa Next Energy para un servicio de suministro de energía que no se cumplió y causó un daño millonario al ayuntamiento. La alcaldesa en aquel momento (2017-2021) es la actual gobernadora del Estado, Teresa Jiménez, del opositor PAN. Aunque la firma de la funcionaria aparece en el contrato que hoy es investigado, la Fiscalía ha decidido, de momento, dejarla fuera de la acusación y ha imputado únicamente a cinco de sus excolaboradores que avalaron la contratación fraudulenta. Fuentes federales han dicho a EL PAÍS que la FGR considera a Jiménez parte de la trama de corrupción, pero, en un cálculo político, los fiscales decidieron no implicarla para que el asunto no parezca una vendetta del oficialismo contra la oposición, que podría lanzar acusaciones de politización de la justicia, en un momento en que el exgobernador Ernesto Ruffo (de Baja California) fue llevado a prisión por presunto huachicol fiscal, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es investigada por supuesta traición a la patria.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC). Los funcionarios imputados son Jaime Gerardo Beltrán Martínez, que fue secretario del ayuntamiento y director general de Gobierno; Alfredo Martín Cervantes García, secretario de Finanzas; Mónica Marcela Díaz Aranda, encargada de despacho de la Secretaría de Administración; Rodolfo Téllez Moreno, secretario de Servicios Públicos y administrador del contrato, y Luis Alberto Rivera Vargas, síndico procurador del municipio. Beltrán Martínez fue elegido magistrado en la elección judicial de 2024 y ha alegado que goza de la inmunidad del fuero, por lo que ha tramitado un amparo contra la notificación de la demanda de la Fiscalía.

En paralelo a la investigación de la FGR, la Fiscalía estatal de Aguascalientes, en la gestión de la propia Jiménez, ha iniciado varias investigaciones por el caso y ha capturado a Eugenio Maíz Domene, propietario de Next Energy, al que acusa de fraude, cohecho y peculado. Señalado como el gran orquestador del esquema de corrupción, Maíz fue ingresado en el reclusorio estatal desde diciembre de 2025. Ninguna investigación en el ámbito estatal apunta a la gobernadora. En respuesta a una consulta de este diario, un representante de Jiménez ha afirmado que no hubo irregularidades de parte de la mandataria, y ha acusado al oficialismo de “litigar en medios” el asunto. “Hay detenidos y sentencias. El tiempo nos está dando la razón”, ha indicado.

Las claves del contrato

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción hallaron múltiples anomalías en el contrato suscrito por el municipio de Aguascalientes con Next Energy. La contratación tenía como fin, supuestamente, el “desarrollo de infraestructura para la generación y suministro de energía eléctrica”. La empresa proponía construir un parque de paneles solares en la capital del Estado y dar una parte de la electricidad al municipio y comerciar el resto.

Mediante un esquema de asociación público-privada (APP), el ayuntamiento se comprometió a pagar 949 millones de pesos (54,5 millones de dólares) a la empresa a lo largo de 30 años, aunque el monto real ascendía a 7.854 millones de pesos (451 millones de dólares). Se estableció que, para cumplir con los pagos, se usaría el 26% de los recursos presentes y futuros aportados por la Federación al municipio. Otra parte de los recursos para pagar provendría de los ingresos por la recaudación del derecho de alumbrado público. De este modo, el esquema de pago a Next Energy era mixto, de fuentes federales y estatales administradas a través de un fideicomiso en Banca Afirme.

Sin embargo, el origen federal del dinero fue la clave para que la FGR asumiera la investigación del caso, en el que acusa a los cinco excolaboradores de Jiménez de uso ilícito de atribuciones y facultades, al haber hecho autorizaciones económicas ilegales. La Ley de Disciplina Financiera obliga al uso de los recursos federales en inversiones públicas productivas; en el caso de Next Energy, el contrato, de manera engañosa, señalaba que se construiría un parque fotovoltaico propiedad del municipio, cuando, en realidad, la empresa tendría el control de la infraestructura, prestando al ayuntamiento el servicio de suministro de energía.

Hubo otras anomalías en el contrato y su ejecución, según hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La vigencia del contrato sería del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2050. No obstante, durante la gestión de Jiménez como alcaldesa, entre 2019 y 2021, el ayuntamiento instruyó que se le adelantaran a Next Energy pagos por más de 6.000 millones de pesos, cuando aún no había servicios prestados que redimir. Además, los pagos comenzaron desde marzo de 2019 (fecha de firma del contrato), y no a partir del año siguiente, como indicaba la vigencia del mismo.

Empresario denuncia “fabricación”

El caso de Next Energy se replicó en Baja California y en la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León, con gobiernos de diversos partidos (Morena en el primer caso, PRI en el segundo). Esto ha dado instrumentos a otras fuerzas políticas para golpear a los responsables de las contrataciones, que representaron gastos millonarios por infraestructura que no se llegó a construir. En Baja California, la mandataria, Marina del Pilar Ávila, ha perseguido a su antecesor, Jaime Bonilla, y en Monterrey, el exalcalde Adrián de la Garza —actual fiscal estatal— ha sido denunciado por Morena y Movimiento Ciudadano. Tanto Bonilla como De la Garza abrieron la puerta a Next Energy en sus gestiones.

Sin embargo, ha sido el empresario Maíz Domene, cabeza de Next Energy, quien se ha vuelto el depositario de todas las culpas. En Aguascalientes, Maíz acusa que es víctima de malos tratos en el reclusorio, donde dice que está incomunicado o que le han hecho firmar documentos sin que esté presente su abogado. En una carta enviada a este periódico, el empresario afirma que teme por su vida y la de su familia, pasando por su esposa, hijos, padres y hermanos. Maíz dice que hace responsable “de cualquier situación o intento de daño” a la gobernadora Jiménez, a diversas autoridades del ámbito estatal —fiscales, jueces, policías— y “a todas las personas que han intervenido en las fabricaciones de todas las carpetas en mi contra”.

La carta, escrita a mano, está fechada el 21 de julio. Consultado sobre estas acusaciones, el representante del Gobierno de Jiménez ha afirmado que no pueden otorgar veracidad al texto de Maíz y ha dicho que la Fiscalía estatal tendría que indagar sus señalamientos.