La Cataluña que espera a Puigdemont

Una multitud sale en estampida del tren en la estación de Mataró. De nuevo, llega tarde. “Hoy es el tiempo, ayer eran unas obras y mañana será otra cosa. Nunca puedes ir tranquila”, resopla Rosa Martí. Ese tramo de Rodalies, la primera línea de ferrocarril construida en España, es uno de los grandes agujeros negros de la red catalana. Desplegada en 1848 para unir Barcelona con la capital de uno de los principales polos textiles del país, conecta la capital catalana con Badalona y con una comarca, el Maresme, que ha crecido al rebufo del éxodo de los barceloneses expulsados por los precios de vivienda y las sucesivas olas migratorias.

A cinco minutos de la estación, en la plaza Santa Anna, una decena de personas custodia una urna de plástico para recordar el 1 de octubre de 2017, la fecha de la consulta independentista. Las activistas paran a los ciudadanos para que escriban un mensaje y lo metan en la caja. “¡Va, hombre, anímate! Escribe algo, ni que sea ‘¡cabrones, haced la independencia ya!”, espeta una de ellas a un hombre poco dispuesto. “¡Va, que esto es simbólico!“, insiste otra. Esa manifestación, que en otros tiempos habría copado la atención de los medios locales, apenas tiene repercusión. Tampoco la de Barcelona, a la que apenas acuden 800 personas, tendría demasiado eco si no fuera por la quema de unos contenedores. Esta semana, Mataró sí ha sido noticia, pero por los logros de una empresa tecnológica y el enésimo desahucio en un barrio obrero de la ciudad.

En la película Good bye, Lenin!, Alex, el protagonista, recrea el régimen socialista dentro de su casa para hacer creer a su madre, recién salida de un coma, que nada ha cambiado. El entorno de Carles Puigdemont sostiene que el expresident no está ni de lejos en esa tesitura, pero cuando llegue sí encontrará una Cataluña distinta a la que dejó cuando, tras la declaración unilateral de independencia, se fue a Bruselas para eludir la justicia española. El propio Puigdemont ha afirmado que emprenderá un tour por la comunidad para tomarle el pulso tras nueve años de ausencia. La imagen de los pocos activistas que han acudido a la plaza de Santa Anna condensa los cambios que se han producido en el ámbito político. La mayoría parlamentaria independentista de 2017 ya no existe hoy. En su lugar, las izquierdas rompen la barrera de los 68 diputados que dieron la presidencia de la Generalitat al socialista Salvador Illa. “En 2017 el procés llegó a su clímax y había una enorme tensión social. Hasta entonces, había sido un debate entre independentistas, pero ese año los catalanes contrarios a esos planes dieron un paso adelante para dejar clara su posición. Hoy toda esa crispación ya no existe”, explica Oriol Bartomeus, politólogo y director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS).

Cuando se fue Puigdemont, el 30 de octubre de 2017, el principal problema para los catalanes lo constituían las relaciones entre Cataluña y España (48,9%), seguida por la insatisfacción política (40,5%) y el paro y la precariedad laboral (24,5%). Los partidarios de la independencia, además, alcanzaban cifras récord con un 48,7%, según el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO). Nueve años después, los catalanes perciben que sus problemas son otros muy distintos: la vivienda (28%), la inmigración (10%) y la inseguridad ciudadana (10%). Las relaciones entre Barcelona y Madrid hoy solo inquietan al 2% de la población. “El escenario es completamente distinto”, insiste Bartomeus.

Esa pérdida de peso de la cuestión identitaria ha coincidido con las profundas transformaciones económica y demográfica de los últimos años. La población catalana ha crecido desde 2017 casi un 10%, hasta los 8,2 millones de habitantes, impulsada casi en su totalidad por la llegada de inmigrantes. Uno de cada cuatro catalanes ha nacido en el extranjero, según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). “Así como hace 30 o 40 años había una contribución del crecimiento natural en esa expansión demográfica, el principal cambio de los últimos años es que esta depende de la inmigración”, explica Juan Antonio Módenes, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los datos señalan un avance espectacular de la población foránea, del 53,3% en esos nueve años. La Cataluña del lema Som sis milions que popularizó Jordi Pujol, que se extendió casi en dos décadas, ha quedado atrás con las olas migratorias de la primera década de 2000 y de los años posteriores a la pandemia. “Es un avance, tanto en Cataluña como en España, más intenso que en otros países de nuestro entorno”, señala Módenes.

El salto demográfico se ha traducido, primero, en un crecimiento económico más fuerte que en los principales países la zona euro. “En la década pasada se empieza a revertir la crisis económica. Y cuando el mercado laboral se recupera, las empresas se topan con una falta de trabajadores jóvenes. Se produce entonces una entrada masiva de inmigrantes que permite cubrir las vacantes que se requerían en una economía con una gran fortaleza del sector de los servicios personales. Y eso facilita un aumento del consumo y de la inversión y favorece que la población nativa ocupe posiciones laborales de mayor calidad”, afirma el catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Josep Oliver. En los últimos nueve años, añade, Cataluña ha creado 600.000 puestos de trabajo, de los cuales el 90% corresponden a la inmigración. A la vez que eso sucedía, la tasa de paro bajaba del 15,3% al 7,9%, el desempleo juvenil cayó del 30,4% al 19,1% y la renta per cápita se incrementó en un 33%, hasta los 41.052 euros. “El crecimiento económico de la última década no se entiende sin la inmigración”, indica Oliver.

Pocos fenómenos ilustran mejor la fortaleza del sector servicios que el despegue del turismo: la comunidad recibe ya más de 20 millones de viajeros al año. El tren que ha parado en Mataró, de hecho, iba también cargado de extranjeros que se dirigían a las localidades del norte de la comarca, entre ellas Calella de Mar, que se reivindica como pionera en España del turismo vacacional extranjero. Mataró conserva aún tejido industrial, pero las fábricas han dado paso también a los servicios. Hace ya varios lustros, desde el Ayuntamiento le vieron las orejas al lobo con el auge de la industria textil en Asia y empezaron a idear un centro universitario y empresarial. Esa apuesta por la economía del conocimiento se plasmó en el Tecnocampus, un complejo tecnológico y universitario que aúna educación, incubadoras y un parque empresarial.

El centro abrió sus puertas en 2010, en plena crisis financiera. “Muchos desconfiaban del proyecto, le llamaban Tecnofum [Tecnohumo]”, recuerda su director, Josep Lluís Checa. Hoy, ese kilómetro cuadrado de Mataró alberga 5.000 estudiantes, 1.100 trabajadores, 125 empresas y cuatro incubadoras. Las oficinas están al 100%, por lo que va por su segunda ampliación. Y lo más importante: puede lucir casos de éxito como el de Minoryx Therapeutics, la empresa a la que esta semana la UE le ha dado luz verde para su terapia única contra una enfermedad infantil. “Somos un caso muy singular dentro del sistema educativo español. Nos dedicamos a las ciencias aplicadas e incidimos mucho en la emprendeduría, promoviendo la capacidad de crear”, expone Checa.

El peso del turismo no impide que, de forma paralela, siga creciendo un sector se servicios vinculados con la tecnología y el conocimiento. “Es el que más está creciendo”, apunta Oliver. No todo son buenas noticias: Cataluña ha sufrido una oleada de expedientes de regulación de empleo (ERE) y ahora sigue en vilo por el futuro de Seat, la pieza clave de su industria automovilística. Pero en paralelo, el Gobierno catalán se ha fijado como prioridad seguir logrando proyectos estratégicos. Ya tiene el Barcelona Supercomputing Center y persigue atar más activos como la gigafactoría de inteligencia artificial, centros de datos o infraestructuras de hidrógeno verde. Pero para todo ello, Cataluña debe ponerse al día en su gran asignatura pendiente: las energías renovables. En 2025, solo el 17,8% de la electricidad consumida procedía de esas fuentes, frente al 60,7% del conjunto de España.

El éxito tiene un precio. La llegada de población inmigrante para el sector servicios, de expats para la industria tecnológica y de turistas que quieren pasar temporadas en Cataluña ha acabado por tensionar todavía más unos servicios públicos que la década pasada sufrieron los estragos de los recortes presupuestarios de los gobiernos de Artur Mas. Esa presión se manifiesta en toda su magnitud en la educación pública, que lleva meses instalada en las protestas de los docentes para reclamar más inversión y mejores condiciones de trabajo. “El sistema educativo es más complejo que hace una década, en cambio, no dispone de recursos suficientes. Y los resultados no son buenos. La educación debe servir para que se aprenda más y mejor. ¿Eso ocurre? La respuesta es que no”, responde tajante Francesc Pedró, catedrático de Políticas Educativas de la Universidad Pompeu Fabra. También el catalán ha sufrido cierto retroceso en esta década: según el Idescat, quienes dicen tenerlo como lengua habitual han pasado de ser el 36,1% al 32,6% de la población.

Pero la verdadera quiebra está en la vivienda. Esta semana, Mataró también aparecía en los titulares de la prensa nacional por el desahucio de una familia vulnerable con tres hijos en el barrio de Cerdanyola. El aumento demográfico no ha ido acompañado de más viviendas. Las organizaciones de vivienda denuncian que jóvenes y clases bajas vuelven al llamado chabolismo vertical, mientras que quienes viven de alquiler se ven desplazados de sus casas en los centros de las ciudades por los ciudadanos de renta elevada que llegan a Cataluña. Esos dos fenómenos han tensionado el alquiler y han incrementado los precios de compra. Y han acabado por convertir las principales ciudades en una olla a presión.

La vivienda, de hecho, ha fulminado la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos. Desde 2017, los salarios han subido un 26%, bastante a la par que la inflación. Sin embargo, los precios de los pisos se incrementaron en un 51% y los alquileres en un 31%. “Las cosas han ido empeorando”, resume Carme Trilla, ex secretaria de Vivienda de la Generalitat y una de las mayores expertas en la materia. “Es necesario un parque protegido de vivienda, facilitar la compra y dar oxígeno al alquiler. Y algunas medidas que se han querido adoptar pueden reducir ese mercado”, explica.

Varias de esas carpetas, como la crisis educativa o de la vivienda, han ocupado horas de debate en el Parlamento catalán, una cámara cuya composición también ha cambiado desde 2017. El partido ganador de ese año, Ciudadanos, ha desaparecido del Parlament, mientras que la mayoría independentista ha dado paso a otra de izquierdas que facilitó un gobierno en solitario de un PSC que, tras su travesía del desierto durante el procés, ha alcanzado una de sus mayores cuotas de poder. Los sondeos, sin embargo, apuntan a un aumento de la extrema derecha populista de Aliança Catalana, que hace de la inmigración el chivo expiatorio de los problemas de Cataluña.

Según los sondeos, el partido de Sílvia Orriols se nutre sobre todo de votantes de Junts, aunque también le llegan de Vox. Junts espera que Puigdemont frene esa sangría. Pero eso dependerá de su estrategia. Bartomeus cree que no lo tiene fácil. “Si adopta un discurso antiinmigración estará cometiendo el mismo error que el resto de las derechas europeas. Pero si vuelve abrazando el procés, corre igualmente otro peligro, porque el procés está muerto”, señala. Lo demuestran las escasas almas que se han juntado en Mataró para recordar el 1 de octubre. Unas calles más abajo, cientos de ciudadanos validan su billete para volver a casa del trabajo. Y cruzan los dedos para que el mal tiempo no haya provocado retrasos. Algunas cosas no han cambiado.