La casa de 1,2 millones de dólares incautada al yerno del Mencho en California, en disputa por la familia de los Lebarón

Los billetes con el rostro de Benjamin Franklin se fueron apilando, uno sobre otro, hasta sumar 1,2 millones de dólares. El efectivo se contó sobre una mesa para comprar una lujosa residencia en un exclusivo vecindario de la zona metropolitana de Los Ángeles, California. Desde el principio, el propietario y el agente inmobiliario sospecharon que detrás de aquella montaña de dinero podía estar un narcotraficante. Aun así, cerraron la transacción. No se equivocaban: la mansión se convirtió en el escondite de dos personajes ligados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, la vivienda está en el centro de una disputa legal entre el Gobierno de Estados Unidos, que la decomisó, y víctimas de una masacre en México que buscan una indemnización por lo que han sufrido.

Durante el verano de 2023, esta residencia, ubicada sobre la calle Pamplona, en Riverside, pasó a manos de familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del CJNG. La compra se hizo a través de la tequilera Pasión Azul, con sede en Jalisco y señalada por las autoridades como una de las empresas utilizadas por el cartel para lavar dinero. Esta productora del licor había realizado distintos movimientos para dificultar el rastreo de sus operaciones financieras. Entre ellos, registró más de 50 marcas comerciales en este país usando información distinta.

Pasó un año antes de que la DEA pudiera confirmar quiénes vivían en la casa: Laisha Michelle Oseguera González, hija menor de El Mencho, y su pareja sentimental, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, apodado El Guacho y considerado un fugitivo prioritario en ambos lados de la frontera.

Una alerta enviada por Interpol al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en octubre de 2024 puso a las autoridades tras la pista de Gutiérrez Ochoa. El Gobierno de México fue el primero en saber que El Guacho se escondía en Riverside, en las narices de la DEA. Después se reveló que su suegro había difundido un falso rumor: que lo había mandado asesinar por haberlo engañado. Desde diciembre de 2023, en México le habían perdido el rastro.

La caída de ‘El Guacho’

En California, el capo se hacía pasar por otra persona. Usaba el nombre de “Miguel Luis Martínez”, con esa identidad, había tratado de obtener una licencia de conducir. Dentro del cartel, mientras tanto, comenzaron a referirse a él en clave como El Palomo. Agentes de la DEA empezaron a seguir sus movimientos y los de Laisha Michelle, quien solía acudir a una cafetería que había abierto en la vecina ciudad de Perris.

El rostro de El Guacho quedó registrado en las cámaras de seguridad de su casa el día que acudió a verla para autorizar su compra. La propiedad fue construida en 2003. Tiene cuatro recámaras y cuatro baños, cochera y piscina en el patio trasero. Su extensión total es de 353 metros cuadrados. En 2020 fue valorada en 690.000 dólares y la escalada del mercado inmobiliario ha duplicado su precio, según registros públicos.

La huida de Gutiérrez Ochoa terminó el 19 de noviembre de 2024, cuando la DEA lo arrestó y le decomisó 2,2 millones de dólares en efectivo. Los agentes también se llevaron los objetos de valor que decoraban la residencia: obras de arte, esculturas y cuadros, además de joyas, relojes, artículos y bolsos de diseñador. El yerno de El Mencho tenía una pistola “fantasma”, como se conoce a las armas de fabricación casera que carecen de un número de serie rastreable, y otra cuyo número de serie había sido eliminado. A la pareja también le incautaron tres vehículos de modelo reciente, entre ellos un BMW M4. En total, el valor de la lujosa vivienda y de los bienes ascendía a 3,5 millones de dólares, de acuerdo con las autoridades.

Gutiérrez Ochoa aceptó entregar todo como parte de un acuerdo de culpabilidad que redujo su proceso a un solo cargo de lavado internacional de dinero. Como resultado, en diciembre pasado, recibió una condena de 11 años y ocho meses de prisión. El Gobierno aceptó retirar un cargo por tráfico de drogas, por el que se exponía a un castigo de cadena perpetua.

La lucha en una corte

En noviembre de 2025, un mes antes de que se dictara sentencia contra el yerno de El Mencho, los deudos de la masacre de Bavispe, en la sierra de Sonora, presentaron una petición dentro de la causa penal, radicada en un tribunal federal del Distrito de Columbia, para que el Gobierno les entregara los bienes decomisados a El Guacho. La acción legal fue presentada en nombre de las familias LeBarón, Langford, Miller, Johnson y Ray, integrantes de una comunidad mormona asentada en esa región desde hace décadas. Ante la corte se identifican como “Víctimas estadounidenses del terrorismo del cartel” (AVCT, por sus siglas en inglés).

En aquella masacre, atribuida al Cartel de Juárez y a su brazo armado, La Línea, fueron asesinados a tiros tres mujeres y seis niños estadounidenses que viajaban en caravana por caminos de terracería. En un hecho inusual, demandaron a esa organización criminal ante un tribunal federal de Dakota del Norte. El caso llegó a juicio, en junio de 2022, un juez emitió un veredicto extraordinario: ordenó al cartel pagar 4.600 millones de dólares en indemnizaciones.

Los LeBarón y las demás familias sostienen que, dado que el Cartel Jalisco ha operado en alianza con el Cartel de Juárez, tienen derecho a reclamar la residencia donde vivían los familiares de El Mencho. En su petición argumentan que Gutiérrez Ochoa actuaba de manera significativa como “agente o instrumento del CJNG”, lo que, a su juicio, lo colocaría en una posición equivalente frente al Cartel de Juárez. Una de las principales pruebas que presentan es un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitido en octubre de 2024, que señala que el CJNG había colaborado con La Línea desde septiembre de 2023 como “proveedor de cocaína, metanfetamina y fentanilo”.

El Gobierno, sin embargo, se opone a entregarles los bienes en su poder. En documentos judiciales señala que, aunque estas familias “cuentan con una sentencia contra el Cartel de Juárez”, no tienen derecho a reclamar activos del CJNG, al tratarse de “un cartel totalmente distinto”. También argumenta que nunca se ha establecido que el Cartel Jalisco Nueva Generación haya “desempeñado papel alguno en los ataques” de Bavispe.

Además, los fiscales mencionan que, aunque el Cartel de Juárez y el CJNG mantienen “una relación comercial comparable a la existente entre un mayorista y un minorista de mercancías”, ese vínculo no basta para considerar al de Jalisco “como agente o instrumento” del de Juárez.

La jueza Beryl. Howell rechazó en abril pasado la solicitud para que el Gobierno entregara los bienes decomisados. En un memorando de opinión de 39 páginas, la magistrada señala que los deudos de la masacre de Bavispe han presentado ante el tribunal diversos argumentos “como quien lanza espagueti contra la pared para ver qué se queda pegado”, pero concluyó que ninguno tenía el peso suficiente para prosperar. Los LeBarón y las demás familias han apelado la decisión.