La alianza de Noboa con Estados Unidos, cuestionada por denuncias de abusos en la guerra contra el narco
La guerra contra el crimen organizado ha acercado a Ecuador con Estados Unidos como nunca antes. Desde la llegada de Daniel Noboa al poder, ambos países han suscrito 67 compromisos bilaterales, el doble de los firmados durante los dos gobiernos anteriores, según el análisis recogido por el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos. La seguridad concentra la mayor parte de esa relación, convertida en el eje de la estrategia oficial tras la declaratoria del conflicto armado interno en enero de 2024 y reforzada con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Esa alianza, que el Gobierno presenta como indispensable para enfrentar al narcotráfico, enfrenta ahora un escrutinio inédito tras un informe de Human Rights Watch (HRW) que plantea interrogantes sobre el papel de Estados Unidos en ataques contra una finca en la Amazonia ecuatoriana y en tres incidentes contra embarcaciones pesqueras en el Pacífico.
El informe de HRW, titulado Una alianza peligrosa, abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, documenta cuatro operaciones militares en las que identifica violaciones de derechos humanos y cuestiona la falta de transparencia, rendición de cuentas y control sobre la cooperación en seguridad entre ambos países.
El documento registra cuatro incidentes, el primero ocurrió entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, en San Martín, un asentamiento rural de 27 familias en la provincia de Sucumbíos, en la frontera entre Colombia y Ecuador, cuya subsistencia depende de actividades agrícolas y que fue bombardeado por soldados ecuatorianos.
El gobierno ecuatoriano mostró como “exitosa” la operación ―catalogada así también por Estados Unidos― a través de un tráiler de cuatro segundos de imágenes de un helicóptero sobrevolando la selva, un grupo de militares y, después, una explosión. Una bomba directa sobre lo que el Gobierno describió como un centro de descanso y entrenamiento de narcotraficantes de la organización criminal Comandos de la Frontera.
Días después, los testimonios de lo ocurrido contaban otra historia. Cuatro trabajadores de la finca denunciaron que fueron detenidos y torturados en el Batallón de Selva 56, un recinto militar ubicado a unos 32 kilómetros al sur de la finca, adonde fueron trasladados por militares ecuatorianos, según un informe policial al que Human Rights Watch tuvo acceso y documentación proporcionada por la Fiscalía General del Estado. “Me echaban agua y luego me pringaban”, relató uno de ellos a la organización, en referencia a descargas eléctricas. Otro aseguró que los soldados lo amenazaron con un arma de fuego y con cortarle los dedos o arrancarle las uñas. Los hombres fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra.
El gobierno ecuatoriano afirmó que una fiscal se negó a presentar cargos contra los hombres “por miedo”, pero lo que esa fiscal señaló a HRW fue bien distinto: “los soldados no proporcionaron información ni pruebas suficientes para acusar a los trabajadores, quienes no tenían antecedentes penales”, describe el informe. Tras revisar los testimonios y la documentación disponible, HRW concluye que ni la finca ni sus trabajadores tenían vínculos con Comandos de la Frontera ni con otras estructuras del crimen organizado.
“Esta alianza a la fecha no ha hecho que los ecuatorianos estén más seguros”, dice Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “Lejos de una cooperación que esté basada en inteligencia de alta calidad, que realmente llevara al procesamiento de estructuras de crimen organizado, lo que hay es uso de recursos de Estados Unidos y Ecuador para bombardear propiedades y torturar a cuatro personas. Ninguno contribuyó en nada a desarticular una red de crimen organizado”, señala.
La oposición presionó a los legisladores del oficialismo, que son mayoría, para impulsar una investigación sobre lo que ocurrió en la finca de San Martín, explica Mariana Yumbay Yallico, asambleísta del partido Pachakutik, quien es miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde recayó el pedido. “Se inició un proceso de fiscalización en la Comisión pero no se ha podido encaminar, no ha habido un seguimiento, de hecho está paralizado. Cuando hay un interés del oficialismo de no investigar, los pedidos quedan detenidos”, añade. Es una estrategia, que se repite en varios casos polémicos en el que está envuelto el Ejecutivo. Los legisladores del oficialismo se muestran abiertos a investigar, para “imponer en el imaginario de la ciudadanía que están fiscalizando”, dice la legisladora, pero en realidad están impidiendo que la oposición tome el control de la fiscalización, y los casos quedan estancados.
En otros casos los asambleístas del oficialismo ni siquiera han dado paso a debatir la posibilidad de una fiscalización sobre los límites de los acuerdos que mantiene Ecuador con Estados Unidos, señala Yumbay Yallico, como los bombardeos a tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el Pacífico, cerca a las islas Galápagos. “No permiten ni siquiera hacer un cambio al orden del día para tratar otros temas que no sean de su interés”, añade. Con ella coincide Jahiren Noriega, del partido Revolución Ciudadana, que es también parte de la minoría de la comisión. “El 15 de julio hicimos un nuevo intento para fiscalizar la cooperación en materia de seguridad, que implica a Estados Unidos, pero no dieron paso”.
Este periódico intentó obtener la versión de la presidenta o del vicepresidente de la comisión de Seguridad que son del partido oficialista, pero al cierre de la edición no confirmaron la entrevista.
Los otros tres casos documentados por Human Rights Watch ocurrieron entre enero y marzo de 2026. Tres embarcaciones pesqueras Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca, zarparon desde los puertos manabitas de Manta y San Mateo. Según los testimonios de los sobrevivientes, las embarcaciones fueron vigiladas por drones y perseguidas por un barco que identificaron con bandera estadounidense antes de que dos de ellas fueran alcanzadas por explosivos lanzados desde drones. La organización recopiló testimonios, analizó imágenes satelitales, revisó documentos oficiales y consultó a expertos forenses independientes, quienes concluyeron que las lesiones sufridas por al menos cuatro pescadores eran compatibles con ataques mediante drones cargados con explosivos. “En los tres casos el modus operandi es el mismo”, sostiene Goebertus.
“¿Cuál es el uso de recursos en esta alianza dedicado a este tipo de operaciones?“, se pregunta la directora de la organización. “Tanto el Gobierno de Ecuador como el de Estados Unidos han negado su participación, pero persisten preguntas muy serias sobre un posible involucramiento de autoridades estadounidenses que deberían resolverse cuanto antes”.
Empresas privadas
El informe también exploró la posible participación de empresas privadas de seguridad en las operaciones marítimas, entre ellas Vectus Global, vinculada a Erik Prince, fundador de Blackwater. Noboa y Prince se reunieron en marzo de 2025, en plena campaña electoral, cuando el presidente anunció una “alianza estratégica” para fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo y combatir la pesca ilegal. Sin embargo, Prince respondió a Human Rights Watch que “ni Vectus Global ni ninguna de sus entidades afiliadas tuvieron participación alguna, directa o indirecta, en los incidentes u operaciones descritos”. Añadió un dato que nunca había sido aclarado públicamente en Ecuador: “La alianza no se materializó después de las elecciones”, que ganó Noboa. Desde entonces no se ha informado de una participación operativa de Prince o de su empresa en el país.
La relación de Ecuador con su principal aliado, Estados Unidos, deja varias preguntas sin respuesta: qué papel desempeñó Estados Unidos en las operaciones investigadas, cuáles son los límites de esa cooperación y quién fiscaliza las actuaciones de fuerzas extranjeras cuando operan en apoyo de la estrategia ecuatoriana contra el crimen organizado.
Las preguntas que siguen abiertas coinciden con un momento clave para la estrategia de seguridad de Daniel Noboa. Después de 31 meses en el poder, el Gobierno publicó por primera vez un Plan Nacional de Seguridad que convierte la cooperación internacional en uno de sus pilares para combatir al crimen organizado. Sin embargo, el documento no detalla los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que regirán esa colaboración, precisamente cuando la alianza con Estados Unidos enfrenta el mayor escrutinio desde que comenzó el conflicto armado interno. Mientras, los homicidios continúan en niveles históricamente altos y se acumulan denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos.
