La Administración de Sheinbaum se aleja de la política de hidrocarburos de López Obrador

El Gobierno mexicano ha puesto esta semana, finalmente, negro sobre blanco una de las piezas centrales de su política energética: el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos 2025-2039. El documento pretende marcar el rumbo de la industria petrolera en México, un país donde la paraestatal Pemex es un símbolo nacional casi a la altura de la bandera. Su análisis permite ver cómo la presidenta Claudia Sheinbaum se aleja del marco que su mentor y antecesor, Andrés Manuel López Obrador, estableció durante su mandato. Promueve algunas propuestas que antes eran anatemas: una meta conservadora en producción, señalar el potencial del gas en yacimientos no convencionales que tendría que ser extraído (sí o sí) mediante fractura hidráulica y oficializar la apertura a que Pemex se asocie con empresas privadas.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, está realizado bajo la nueva Ley de Planeación y Transición Energética de 2025 y tiene un carácter vinculante, con capacidad para condicionar el sector. Una parte central son las metas de producción de hidrocarburos. En el caso de la extracción de petróleo, México abandona la idea del sexenio anterior de revertir “la declinación histórica en la producción de crudo” y aumentar de 1,8 a 2,4 millones de barriles diarios, y fija como objetivo mantener ese mínimo hasta el año 2039. Esta cifra es ligeramente superior al nivel actual de 1,6 millones. En gas natural, el objetivo es lograr un pico de producción para 2038 de 6.600 millones de pies cúbicos diarios, casi el doble que la de 2025. Para esto, el plan proyecta incorporar nuevos campos y desarrollos, todos de yacimientos convencionales.

Desde hace un año, uno de los grandes debates de la política energética es el que se da en torno al fracturamiento hidráulico o fracking, una serie de técnicas de extracción de hidrocarburos contenidos en rocas, muy criticadas por su impacto ambiental, y que López Obrador se negó a utilizar. En agosto de 2025, Víctor Rodríguez Padilla, entonces director de Pemex, habló por primera vez de volver a usar esta técnica y dijo que la única forma de obtener nuevas reservas para el país son los yacimientos no convencionales, unos recursos que, para ser extraídos, necesitan, sí o sí, fracturamiento hidráulico. Finalmente, este agosto, el comité de especialistas al que Sheinbaum encargó resolver si México debe volver al fracking entregó un informe con una serie de recomendaciones que, de cumplirse todas, hacen casi imposible su viabilidad económica.

Este nuevo plan explica que la gran mayoría de los Recursos Prospectivos de la Nación, que son los volúmenes estimados de hidrocarburos aún sin descubrir, pero de los cuales se infiere su existencia por estudios geológicos y geofísicos, se encuentran en yacimientos no convencionales, tanto para petróleo crudo como gas natural. Estos datos no aparecían en el plan de López Obrador, que de hecho canceló una licitación que tenía nueve áreas con ese tipo de recursos.

Otra de las diferencias es la asociación de Pemex con las empresas privadas. Mientras López Obrador canceló las rondas petroleras y hablaba de fortalecer la autonomía de Pemex, el nuevo plan de Sheinbaum contempla 21 proyectos de desarrollo mixtos. En estos, aunque la petrolera mantiene la titularidad, otorga el derecho en exclusiva a una compañía que “complementa sus técnicas operativas, financieras o de ejecución” para “acelerar la ejecución de proyectos, incorporar tecnologías avanzadas, optimizar costos y mejorar la gestión de riesgos”. Siete de estos ya están adjudicados, hay otros siete aprobados y los siete que restan siguen en proceso de preparación.

Para Mariana Escalante, investigadora del centro de pensamiento Fundar y especializada en transición energética y climático, es interesante que en este plan se hable de que la energía es un derecho, no una mercancía, y señala que uno de las novedades regulatorias “más significativas es la sustitución de la anterior Evaluación de Impacto Social por la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético”. Este nuevo instrumento tiene un carácter de autorización legal obligatoria y vinculante, y comparte características con la Manifestación de Impacto Ambiental. Pero, acusa, “todo es la justificación para seguir haciendo más extractivismo”.

El nuevo plan proyecta la construcción de nueva infraestructura, incluyendo casi 1.500 kilómetros de gasoductos y tres nuevas centrales de ciclo combinado. “Esto se llama lock-in”, un término para describir la dependencia a largo plazo de tecnologías, infraestructuras o sistemas de combustibles fósiles que frenan la transición hacia energías limpias, “y pese a que el documento habla mucho de mejores prácticas, sostenibilidad y eficiencia, tener esta infraestructura para los próximos 50 años hace que tus planes de adaptación climática como la Contribución Determinada a Nivel Nacional no van a suceder”. México se ha comprometido a que para 2050 no emitirá más gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Este plan también tiene una cartera de proyectos sostenibles para Pemex que deberían ocurrir antes de 2031 e incluyen una red de recarga para vehículos eléctricos en las gasolineras de Pemex, sistemas fotovoltaicos, poner turbinas eólicas en plataformas marinas en desuso. Incluso se habla de explotar el litio, de lo que en México se encarga LitioMx, una empresa estatal sin presupuesto ni tecnología para su extracción. Otro aspecto que Escalante encuentra interesante es que se se describe el declive de la producción petrolera en México y las acciones para poder compensarlo hacia el año 2039. Se trata básicamente de fomentar las actividades marinas, tanto en aguas someras como aguas profundas y ultraprofundas, “pero no nos dice qué va a ocurrir cuando sea más caro sacar el petróleo que la energía que aporta”.

“Desde la perspectiva de un operador de hidrocarburos, el documento es sólido, acorde con el discurso que hay en el país desde la reforma del 2024 del sector, si lo comparamos con lo propuesto por López Obrador, se alinea mucho más con la realidad de la industria”, dice Santiago Arroyo, director de Ursus Energy, donde desarrolla infraestructura energética. “Eso sí, es un contexto macro, y habrá que detallarlo con la legislación vigente y las regulaciones secundarias”.

Arroyo destaca que “si bien es cierto que disminuye las metas de producción de hidrocarburos, aumentan significativamente las de gas natural, y esto es una indicación de la vocación de Sheinbaum hacia la transición energética”. Esto, apunto, evidencia la formación de Sheinbaum como científica ambiental. “La apuesta hacia la transición es a través del gas natural, no podemos dar un brinco cuántico sin pasar por él”, asegura. “México es un país gasero”, pero advierte: “Solo podremos exportarlo con fracking”.