La abogada de Maricarmen asegura que la anciana podrá volver a su casa tras el desalojo que puso el foco en la crisis de vivienda en España
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La historia de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años con problemas de movilidad que se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en España tras ser desalojada del inmueble donde había vivido durante 70 años, tuvo un nuevo giro este martes, después de que su abogada anunciara que podrá regresar a su hogar.
Tras el desalojo, que ocurrió el 23 de septiembre, tuvo que ser ingresada en un hospital.
Durante días se acusó a la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble donde residía Maricarmen, de no permitir ningún tipo de negociación para que pudiera quedarse allí.
Sin embargo, la abogada de Abascal, Beatriz Duro, declaró en una rueda de prensa que había existido “buena voluntad por ambas partes” y que su clienta pagará una cantidad similar de alquiler bajo un nuevo contrato, lo que evitará una importante subida del precio.
Por ahora, Maricarmen no se ha pronunciado públicamente sobre el acuerdo.
El caso provocó una fuerte reacción e indignación en toda España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió medidas de alivio en materia de vivienda cuando su gabinete se reúna este martes.
Además, miles de personas se movilizaron hasta la Puerta del Sol, en Madrid, e instalaron un campamento para exigir no solo el regreso de Maricarmen a su hogar, sino también una nueva regulación en materia de vivienda.
Un largo litigio
Es el nuevo capítulo en una larga historia. El padre de Maricarmen alquiló por primera vez la vivienda en 1956 y ella continuó como inquilina tras la muerte de sus progenitores, durante una época en la que existía un límite legal a los alquileres.
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La firma de inversión Urbagestión, que compró el inmueble en 2018, aumentó el alquiler de unos US$572 mensuales a US$3.020.
Posteriormente, la empresa ofreció reducirlo a US$1.700, pero aun así Abascal no podía permitírselo, pues recibe una pensión mensual cercana a los US$1.400.
Tres intentos previos de desalojarla habían sido bloqueados por los tribunales.
Su caso desencadenó protestas en todo el país y llevó a decenas de miles de personas a manifestarse por las calles de la capital española el sábado para rechazar el desalojo y exigir una mayor protección para los inquilinos frente a la escasez de vivienda y el encarecimiento de los alquileres.
Duro afirmó que el acuerdo, que todavía no ha sido firmado, es el “resultado de la movilización social”.
Añadió que Abascal, que está siendo tratada por agotamiento, firmará el acuerdo cuando se encuentre mejor.
Los partidarios de la anciana calificaron el desenlace como una victoria, pero prometieron continuar su lucha para evitar desalojos similares y presionar por una vivienda más asequible.
El Banco de España estima que al país le faltan 700.000 viviendas, tomando como referencia la diferencia entre la demanda existente y el ritmo de construcción de nuevas viviendas.
El Partido Socialista del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que no cuenta con mayoría parlamentaria, espera aprobar una ley destinada a responder al malestar social generado por esta situación.
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