Junts regresa a la negociación con el Gobierno para aprobar este martes un decreto que evite desahucios como el de Maricarmen

La oleada de indignación que ha sacudido a España por el desahucio de Maricarmen Abascal ha abierto una “ventana de oportunidad”, según fuentes del Gobierno, para lograr los apoyos necesarios para el real decreto ley de vivienda que el Ejecutivo pretendía haber aprobado a finales de julio. Junts, que es determinante para el resultado de esa votación en el Congreso, se presta a negociar sobre las propuestas que entregó en mano al presidente, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso del 3 de septiembre. La Moncloa ha pospuesto varias veces la ratificación de ese decreto de nuevo debido a la división de los socios de la investidura, pero la reacción ciudadana, con protestas en una docena de ciudades con decenas de miles de manifestantes por el desalojo de la anciana de 87 años del piso de renta antigua del centro de Madrid en el que ha vivido durante siete décadas, puede facilitar unas negociaciones estancadas. Hasta ahora eso ha sido imposible por los vetos cruzados entre PNV y Junts, por un lado, y Podemos por el otro.

La intención del Gobierno es aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el real decreto de vivienda que incluiría medidas antidesahucios, como ya dio a entender Pedro Sánchez desde Nueva York, en donde ha asistido a la cumbre anual de las Naciones Unidas. “El desahucio de Maricarmen es una tragedia social que no podemos aceptar”, aseveró el presidente, que se comprometió a que el Gobierno envíe al Congreso “de manera urgente” un nuevo real decreto de vivienda tras pedir “responsabilidad” y “altura de miras” a los grupos parlamentarios para su convalidación. Sumar presiona para que el real decreto vaya el martes aunque no tenga asegurado los votos para mandar un mensaje político. El PSOE, en cambio, querría tener garantizado el respaldo de los socios.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, está en contacto con los grupos desde hace semanas para tratar de reconducir las diferencias hasta ahora insalvables entre los nacionalistas conservadores vascos y catalanes y Podemos por la ley del suelo o los incentivos fiscales. La ministra tiene que contentar a grupos tan dispares como PNV, Junts, ERC, Bildu y Podemos, confiando en que la urgencia social del problema facilite un acuerdo. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado el peso en la negociación de Junts: “Junts no debe ser quien le establezca los límites en vivienda a los demás”, ha tuiteado. “Ya basta de chantajes de la derecha catalana”.

En Junts, que fue clave para tumbar este decreto en febrero al aliarse con PP y Vox, ahora sí se prestan a retomar esas conversaciones, aunque sobre la base de sus propuestas. Fuentes de la cúpula de la formación que dirige Carles Puigdemont confirman a EL PAÍS que los contactos se han actualizado en estos días. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, entregó el 3 de septiembre al propio presidente los documentos con sus principales propuestas en materia de vivienda al finalizar el debate en el que Sánchez compareció para explicar sus actuaciones por la crisis de Ceuta. En ese paquete incluyó, además, todas las leyes promovidas o impulsadas por Junts en esta fase de la legislatura y que entienden que el Ejecutivo mantiene bloqueadas en la cámara.

Desde Junts, en cualquier caso, aceptan que ahora se están produciendo esos contactos con el PSOE y que ese partido “está en estos momentos estudiando” sus propuestas, de las que esperan respuestas en las próximas horas. Las líneas rojas para Junts, hasta ahora y en esta materia, tenían que ver con facilitar medidas e incentivos fiscales para favorecer que los propietarios saquen viviendas al mercado y desgravaciones también para los inquilinos, actuaciones contra la ocupación pero que no supusiesen más costes para los dueños de los pisos y que no se mermasen las competencias de la Generalitat de Cataluña. Junts rechaza, además, decretos ómnibus en los que se mezclen temas como la vivienda o los desahucios con otras cuestiones, algo que en ocasiones hace este Gobierno.

El Ejecutivo también tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo. Sumar, el socio minoritario de la coalición, insta al PSOE para que el Gobierno apruebe la expropiación de la vivienda donde residía Maricarmen, propiedad de la inmobiliaria Urbagestión. También exige que incluya la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones; y la protección de las familias y los inquilinos frente a fondos buitre. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha insistido en Barcelona en que “la calle fue un clamor y el Gobierno de coalición progresista debe responder”. “El martes el Gobierno tiene que estar a la altura”, ha enfatizado.

La parte socialista del Gobierno coincide en la mayoría de propuestas, pero se opone a una medida como las expropiaciones. Fuentes de La Moncloa no le ven ninguna viabilidad ni en el caso concreto de Maricarmen ni para su aplicación generalizada si se cumplen una serie de requisitos. Entre otros motivos, anticipan el rechazo de partidos como PNV y Junts. En el ala mayoritaria del Ejecutivo tampoco se plantean escenarios como trocear el decreto y aprobar por separado, por ejemplo, medidas para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional de personas vulnerables, que sí suscitaría un acuerdo generalizado y permitiría salvar las líneas rojas entre Podemos y los nacionalistas.

El borrador que el Gobierno remitió antes del parón de verano a los grupos parlamentarios incluía, entre otras medidas, la congelación del precio de los alquileres durante dos años, que podría solicitarse hasta el 30 de junio de 2028. La prórroga de alquileres, medida estrella de Sumar, ya decayó el 28 de abril tras el rechazo de Junts, PP y Vox. Por eso el nuevo texto había ampliado su contenido para lograr su convalidación, tratando de contentar a todas las partes. Según diversas fuentes del Ejecutivo, dos de las medidas incluidas en el borrador de julio que no vio la luz habrían impedido el desahucio de Maricarmen.

El Gobierno adoptó, por ejemplo, la visión del PNV para equiparar el alquiler de habitaciones con un arrendamiento de vivienda habitual, con una duración mínima de contrato de cinco años (siete años si el arrendador es una persona jurídica) y topes de precio en zonas tensionadas. En cambio, la moratoria de alquileres era el mayor escollo. Esta medida, que ya fue tumbada en abril, se había modificado e incluía bonificaciones en el IRPF para los caseros que congelen o bajen las rentas, una petición de Junts que no convence a Podemos. El partido de Ione Belarra exigió en julio que el Gobierno eliminase del borrador los artículos que reforman la ley del suelo como condición para sentarse a negociar cualquier paquete de medidas. El PNV advirtió que la modificación de la ley del suelo para “dar mayor seguridad jurídica, agilizar planeamientos y evitar bloqueos” debía estar incluida en el decreto, lo mismo que la regulación del alquiler de temporada y la garantía del respeto a las competencias autonómicas. Junts esgrime a su vez que el decreto debe llevar la desgravación de alquileres e hipotecas, la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda y una inversión “de verdad” en vivienda pública.

El Gobierno confía en superar todos los obstáculos con los socios, de paso, retratar al PP, que se niega a aplicar la ley de vivienda y a intervenir el mercado. Sánchez, muy cuidadoso con las formas en que se dirigió a los socios para que respalden el real decreto, sí responsabilizó desde Nueva York de forma directa del desahucio de Maricarmen al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, dos administraciones del PP que lideran el rechazo del principal partido de la oposición a aplicar la ley de vivienda. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado en un foro del Círculo de Empresarios el desahucio de Maricarmen como uno más “de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España” y “por orden judicial en cumplimiento de una ley que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar”. El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado a Ayuso de no hacer “nada” en materia de vivienda pese a tener las competencias y de practicar una “apuesta ideológica” por un mercado de vivienda “absolutamente especulativo” en el que “grandes fondos de inversión compiten con ciudadanos particulares que no se pueden permitir esas condiciones”. “En esta Comunidad, todos lo sabemos, se hizo poca vivienda y la que se hizo se vendió a fondos buitre en el pasado”, ha zanjado.