“Hace cuatro años que no lo veo y ya no sé si existe o no”: las mujeres que buscan a sus hijos en las cárceles de Bukele

A pesar de que en todo este tiempo dos jueces han ordenado la inmediata liberación de Mata —BBC Mundo pudo ver las resoluciones—, cada vez que su madre acude a la Procuraduría o a dejar en manos del empleado penitenciario de turno un “paquete” de alimentos básicos y artículos de higiene, le aseguran que continúa tras las rejas de la infame megaprisión conocida como Cecot.

Alvarado lleva consigo esa interrogante en cada visita, en un peregrinar de casi cinco años que también la ha llevado por comisarías, juzgados y otros centros penales, y que le ha dejado al menos una certeza.

“En todos esos lugares siempre me he encontrado con madres que, como yo, andan preguntando por sus hijos”, cuenta. “Madres, hermanas, cuñadas, tías, muchas muy mayores, ancianas, de todas las edades en verdad, pero casi siempre puras mujeres”.

De tanto coincidir, se han ido juntando orgánicamente, en la región sureña del Bajo Lempa primero y extendiéndose por la geografía salvadoreña después, para apoyarse entre ellas, compartir información, consejos y gastos de desplazamientos, y acompañarse en la desgracia y en su lucha para seguir adelante.

Hoy constituyen un colectivo formado por cientos de mujeres que bautizaron como Madres por la Libertad y con el que quieren hacer frente al silencio institucional y al olvido, reclamando el derecho a ser informadas, a las visitas familiares y a un juicio individual y justo para sus familiares.

“Todas estamos pasando por una situación muy similar, al ponerla en común, sentimos que el dolor ya no es de una sino del grupo”, dice Liliana Urías.

“Al menos a mí me ha ayudado a salir adelante, porque antes no podía tocar el tema, no podía hablar de mi hijo preso”, le cuenta a BBC Mundo desde su casa en Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, la zona sureña del país donde tiene su germen el colectivo.

A su hijo Merlon Urías lo vio por última vez el 30 de marzo de 2022, tres días después de que la Asamblea Legislativa salvadoreña diera luz verde al régimen de excepción impulsado por Bukele. Trabajador de la caña de azúcar, tenía 19 años y una hija de uno.

“Fue muy duro verlo arrodillado, con las manos a la espalda. Sólo puede acertar a darle palabras de aliento, a decirle: ‘No se preocupe, mi hijo. Usted sabe que no pertenece a nada. Órele a Dios y va a salir de esto'”, recuerda.

“A partir de aquello entré en depresión, me enfermé mal. No comía, solo llorando pasaba”.

Las cosas empeoraron cuando, al mes y seis días, su esposo, Israel Reyes, un marino retirado que ofrecía transporte particular con su camioneta “viejita pero de las buenas”, corrió la misma suerte.

Al igual que Alvarado, Urías comenzó entonces a tocar puertas, para hacer preguntas primero y tratar después de demostrar con solvencias de la policía y otros documentos que sus familiares detenidos nada tenían que ver con las organizaciones criminales que en su día llevaron a El Salvador a encabezar el ranking de los países con más homicidios del mundo.

Hoy sigue acudiendo cada mes al centro penitenciario La Esperanza, más conocido como Mariona, donde le dicen que está recluido su hijo, y al de Izalco, donde guarda prisión su marido.

“A veces el guardia de la entrada me dice que cambiaron a uno o a otro de celda y con eso me siento un poco más tranquila”, cuenta, agarrándose a una de las pocas noticias que ha tenido de ellos desde 2022. “Es como cuando trasladaron a Merlon de penal. Se está moviendo dentro del sistema. Entonces, sé que sigue ahí”.

Asegura que es más de lo que muchas mujeres pueden decir. Hay madres que reconocieron a sus hijos en videos oficiales o en fotografías en redes sociales, y así supieron de traslados entre centros o pasos por el hospital.

En Mariona e Izalco, el hijo y el marido de Urías aguardan una tercera audiencia, la condenatoria.

Una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, además de ampliar el plazo de la detención provisional, abrió la puerta a que los juicios sean colectivos.

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos rechazan estos procesos con hasta 900 acusados, subrayando que amenazan el derecho al acceso a la justicia y a la defensa y el debido proceso garantizados en tratados internacionales.

La medida es una forma de aligerar un sistema judicial colapsado y poder procesar los casos de más de 91.000 detenidos y acusados de vínculos con grupos criminales en el marco de la “guerra contra las pandillas”, una ofensiva con la que el gobierno de Bukele redujo drásticamente el índice de homicidios, al tiempo que convirtió a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.

El desplome de la violencia llevó a que en febrero de 2024 el presidente Bukele fuera reelegido por una mayoría aplastante, obteniendo alrededor del 90% de los votos.

En una conferencia de prensa, el periodista de la BBC Will Grant le preguntó si en su segundo mandato se centraría en liberar a quienes habían sido detenidos injustamente.

El mandatario respondió con una larga intervención en la que atacaba a sus críticos, en particular a los extranjeros, argumentando que en Reino Unido, por ejemplo, se habían producido errores judiciales de alto perfil.

Según él, sus fuerzas de seguridad sólo han cometido “un par de errores” y ya han liberado a unas 7.000 personas. E insistió en que las medidas severas han devuelto la calma a las calles de El Salvador y eso, dijo, es lo más importante.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de El Salvador para solicitar comentarios sobre los reclamos de las Madres por la Libertad, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Entre los miles de detenidos en los últimos años también se encuentra Cristian Donely Ruiz Pineda, de 45 años. Fue arrestado en su casa de la isla Espíritu Santo en julio de 2022. “En la isla somos 350 familias, de los que se llevaron, siguen presos 17 personas”, dice su esposa, Carolina Martínez.

También siguen en prisión los hermanos Marcos Neftaly y David Ernesto Coreto Martínez, un militar en activo de 24 años y un trabajador del campo de 31, arrestados en mayo de 2022 en Cuisnahuat, en el departamento de Sonsonate, en el sureste del país.

“De la casa los fueron a sacar”, cuenta su hermana, Leyla Arely Martínez, quien solo sabe que, tras pasar por Mariona, están presos en la granja penitenciaria de Santa Ana, a 62 km de donde ella vive.

Martínez es una de las 22 mujeres de su comunidad que se sumaron a Madres por la Libertad. “Nos damos ánimos la una a la otra y así sacamos ese dolor que llevamos adentro por no saber cómo están”, le dice a BBC Mundo.

Con ellas trata de participar en las actividades del colectivo, que han incluido desde entregar escritos en instancias como la Dirección General de Centros Penales, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa, hasta una caminata de tres días hasta Casa Presidencial.

Ahora, cada mes, se reúnen en la plaza central de San Salvador, sentadas en las gradas de la catedral, en una concentración silenciosa en la que sostienen carteles con fotos de sus familiares detenidos.

Las mujeres que hablaron con BBC Mundo tratan de ir a cada cita, aunque reconocen que es difícil, por el costo del desplazamiento y del paquete mensual con alimentos —en torno a los US$100— que también llevan a sus familiares encarcelados.

“El mes pasado no pude ir, porque estuve bien enferma y no logré reunir el dinero”, cuenta Alvarado. “Cuando se va acercando la fecha y no tengo el dinero, me agarra un dolor en el pecho y me digo: ‘Hoy no va a comer mi hijo’. No sabe la tranquilidad que siento en el corazón cuando puedo llevarle el paquete”.

En su caso, como el de las otras mujeres, el sustento del hogar era quien hoy está encarcelado.

Un informe publicado por la organización de derechos humanos Cristosal en 2023, a un año del inicio del régimen de excepción, concluía que las mujeres conformaban uno de los grupos de población más afectados por las políticas de seguridad del gobierno de Bukele, al asumir la localización de los detenidos, la provisión de alimentos y medicamentos, los costos judiciales y el cuidado de menores y ancianos.

Además, en la mayoría de los casos, pertenecen a los estratos económicamente más marginados.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía de El Salvador creció en 2025 un 3,9% (por encima del promedio de Centroamérica del 2,6%) y proyecta para el 2026 un crecimiento del PIB real de un 4,5%. Pero esos índices favorables no necesariamente se han notado en el bolsillo de los sectores más empobrecidos.

“La parte más pobre de El Salvador ha sido la más golpeada” por las detenciones, señala Urías. “Porque ahí (en las marchas y a las puertas de las cárceles) solo se ve gente de campo. Se han llevado (detenidos) a gente que sembraba la tierra, pescadores, curileros, y hemos quedado miles de mujeres solas”.

Desde la creación de Madres por la Libertad, las integrantes del grupo se enfrentan a esta realidad sintiéndose menos solas.

“Hemos visto que juntas tenemos más fuerza para alzar la voz y tratar de que los nuestros no caigan en el olvido”, subraya.

“Al principio había miles de personas afuera de los centros penitenciarios, con la esperanza de que iban a salir. Hoy, cuatro años después, no queremos que se normalice y que se olvide que siguen allí dentro, en alguna celda”.