Gallardón defiende la actuación de su Gobierno en el primer juicio del ‘caso Lezo’: “En ningún momento pude tener la más mínima duda”

Alberto Ruiz-Gallardón, quien fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, ha declarado este martes ante la Audiencia Nacional en el primero de los juicios por el conocido como caso Lezo, la investigación judicial centrada en presuntas irregularidades perpetradas por altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid. Y lo ha hecho desde la silla de los testigos, donde ha defendido la actuación del Consejo de Gobierno que él presidía. Lo que se juzga en esta causa es la adquisición, en 2001, del 75% de la sociedad colombiana Inassa por parte de la empresa pública Canal Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid. Esta se articuló a través de una sociedad panameña, defiende la Fiscalía, se realizó con un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros.

Ruiz-Gallardón, quien fue imputado en esta causa pero después exonerado, ha defendido que el Consejo de Gobierno que aprobó esta operación se limitó a dar luz verde a lo propuesto por Canal de Isabel II de acuerdo con los informes preceptivos. Y que no supo cómo se articuló la compra hasta más de 15 años después, cuando fue imputado por ella: “En ningún momento pude tener la más mínima duda porque nunca nada de lo que nos había elevado el consejo de Canal Isabel II había tenido la más mínima tacha de ilegalidad”. Además, ha subrayado que la compra no supuso, como defienden las acusaciones, “ningún perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid”.

La compra de Inassa buscaba la expansión internacional de la empresa pública de aguas madrileña. Su articulación y ejecución, sin embargo, fue más allá de lo acordado por el Consejo. Según el relato de la Fiscalía, Canal Isabel II constituyó una sociedad vehicular, Canal Extensia, junto a una empresa privada, Tecvasa, como socia minoritaria al 25%. Después, esta sociedad no compró directamente la empresa colombiana de aguas, sino que adquirió una empresa con sede en Panamá (por entonces y ahora, un paraíso fiscal), Sociedad de Aguas de América, que era a su vez dueña del pretendido 75% de la sociedad colombiana. Pero también poseía el 51% de una empresa dominicana, Watco, especializada en un software de gestión de cobros que nada tenía que ver con lo que autorizó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El que por entonces era presidente de aquel Consejo ha defendido, sin embargo, que ellos se limitaron a aprobar la constitución de Canal Extensia y la compra de Inassa (junto al endeudamiento por más de 50 millones para financiar la operación). Y ha recalcado que los detalles de cómo se articuló dicha operación no tenían “la más mínima trascendencia” y dependían del consejo de administración de Canal de Isabel II. Ruiz-Gallardón ha subrayado que la adquisición de activos a través de sociedades vehiculares (esto es, empresas constituidas para la realización de una operación) es “normal en el tráfico mercantil”. Además, ha remachado que, aunque no conocía que la operación suponía la compra de otra empresa (Watco), esta “no supuso un sobreprecio”.

La compra de la sociedad panameña se realizó finalmente por 73 millones de dólares, una cantidad en la que la acusación ve un claro sobreprecio. Según la investigación judicial, el valor real era “muy inferior”, lo que resultó en un beneficio para los vendedores. Cuando el caso salió a la luz, con la detención el 19 de abril de 2017 del expresidente madrileño Ignacio González y otras 11 personas, Ruiz-Gallardón defendió que la adquisición de Inassa se había hecho “de forma legal y ética”.

Cuando el consejo de administración del Canal de Isabel II aprobó la operación, antes de elevarla al Gobierno autonómico, su secretario, Ángel Varona, no recogió en el acta detalles como que la compra se iba a hacer a través de una sociedad panameña o la adquisición, a renglón seguido, de la empresa colombiana que le pertenecía. “Yo tenía en la cabeza que lo que había que adquirir era el 75% de Inassa”, ha subrayado este martes Varona. Cuando la fiscal le ha recordado que en esas reuniones se exhibieron documentos que incluían todos esos detalles y le ha preguntado por qué no lo incluyó, el por entonces secretario ha afirmado que hizo un acta sucinta y que se limitó a recoger los puntos que incluían esos documentos, pero ha subrayado que “nunca” se le indicó que ocultase dicha información.

Días antes de que el Consejo de Gobierno aprobara la operación, Varona envió un burofax a Luis Molinero, por entonces jefe del servicio de actuación jurídica y gestión de patrimonio, donde le informaba de que la compra sería a través de Aguas de América, pero no especificaba el origen de esta. A Molinero le habían surgido dudas sobre la inclusión de esta sociedad en la operación, según ha afirmado.

Una década después de que se iniciara la investigación (y casi 25 años desde la compleja operación societaria), se sientan este martes en el banquillo de la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional una veintena de personas. Entre ellas se encuentran Pedro Calvo Poch y Juan Bravo, exconsejeros del Gobierno autonómico de Ruiz-Gallardón, para quienes la Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de cárcel.

Antes del expresidente han declarado otros miembros de aquel Consejo de Gobierno, que han ido en la misma línea de Ruiz-Gallardón: que acordaron la compra según lo propuesto por Canal de Isabel II y que no sabían cómo se iba a articular la operación. El exconsejero Luis Peral Guerra ha defendido que, cuando la operación llegó a la mesa del consejo, todas las condiciones estaban ya cerradas por la empresa pública y el acuerdo venía con los informes preceptivos.

Aquel día, ha afirmado, se aprobaron 96 puntos del día y no podían (ni era su deber) fiscalizar cada uno de ellos. Peral, como Ruiz-Gallardón, se enteró más de 15 años después de lo finalmente comprado por Canal de Isabel II, cuando fue citado a declarar como investigado.

Una “operación política” contra Ruiz-Gallardón

Lo mismo ha dicho más tarde Manuel Cobo, el que fuera número dos de Ruiz-Gallardón en aquella época, que ha subrayado su confianza en los técnicos de la empresa y de las consejerías que aportaron sus informes favorables a la operación. Y ha puntualizado que el acuerdo pasó por la Asamblea de Madrid, donde no recibió “ninguna objeción”. La autorización se remitió a la Asamblea de Madrid, con la finalidad, según ha afirmado más tarde el expresidente, de “transparencia”. “Al estudiarlo ellos, cualquier tacha de ilegalidad hubiese generado un debate”. A la asamblea se envió el acuerdo del consejo de la empresa y la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad, que no incluían los detalles de cómo se articuló finalmente la operación.

Cobo ha recordado también la grabación de la Unidad Central Operativa (UCO) de Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana, en la que se afirmaba respecto a esta operación: “Menudo pelotazo dio Gallardón”. Según el exconsejero, González era consciente de que estaba siendo grabado y buscaba, a través de “una operación política”, “difamar” a Ruiz-Gallardón desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que presidió entre 2012 y 2015.

Ignacio González no está acusado en esta rama del caso Lezo, pero sí en las otras tres: por el amaño de varios contratos para la construcción y mantenimiento del campo de golf del Canal de Isabel II (posteriormente anulado y derribado); por el presunto plan urdido para que la empresa pública comprara la sociedad brasileña Emissao entre 2012 y 2013 por un importe superior a su valor real; y por el presunto reparto de una mordida de 1,8 millones de euros a cambio de adjudicar la obra del tren de Navalcarnero por 360 millones a OHL. Por todo ello, que está previsto que se juzgue a partir de octubre, Anticorrupción solicita un total de 18 años de prisión para él.