Errores y cálculo electoral: por qué se ha enquistado la crisis de Ceuta

“Yo soy muy del PP, pero represento a todos los ceutíes. No puedo echarle la culpa al ministro por hacer lo que yo le pedí”. Son declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a EL PAÍS en agosto de 2021, tras la crisis migratoria desatada en la ciudad con la llegada de 10.000 personas en apenas dos días, y mientras su partido pedía la dimisión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras visitar a Pedro Sánchez en La Moncloa, declaró: “Gracias a la reacción del Gobierno de España, con el presidente al frente, se evitó el desastre”. Hoy ambas administraciones se acusan mutuamente de “cronificar” una crisis de una dimensión mucho mayor tras la entrada a finales del pasado julio de unos 80.000 inmigrantes, casi el equivalente a la población original ceutí. El Ejecutivo calcula que permanecen en la ciudad cerca de 10.000. Las razones detrás del enquistamiento del problema hablan de todo lo que ha cambiado en un lustro dentro y fuera de España. Ni el discurso del Gobierno, ni el del PP, ni el de la comunidad internacional es el mismo que en 2021. Expertos de distintas disciplinas explican a EL PAÍS cómo la evolución del contexto político nacional e internacional ha condicionado la relación entre las instituciones que han de aportar las soluciones.

La campaña permanente

Todos los consultados para este reportaje coinciden en que el Gobierno central reaccionó tarde. El Ejecutivo aceptó casi un mes después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta declarar (hasta el 31 de diciembre) la “situación de interés para la seguridad nacional” que, de acuerdo a la ley, está prevista para eventos que “por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas necesarias para su resolución”, requieren de una “coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno”. En mayo de 2021, tras la que hasta ese momento había sido la mayor entrada simultánea de inmigrantes en la ciudad autónoma, Sánchez canceló el viaje que tenía previsto realizar a París para desplazarse a Ceuta y Melilla acompañado por el ministro del Interior, mientras en La Moncloa se reunía un gabinete de crisis y tras informar al Rey y al líder del PP, entonces Pablo Casado.

“Lo que tiene que ver”, apunta el politólogo Pablo Simón, “con la anticipación y la gestión inmediata de la crisis es un error del Gobierno central, que debió haber asumido antes el mando. Ahora estamos en la fase de gestionar las consecuencias de esa crisis y el gobierno ceutí empieza a hacer algo de filibusterismo, colocando al Ejecutivo en una posición imposible, ya que se opone a la cesión de espacios en la ciudad autónoma y tampoco promueve los traslados, especialmente de menores, a la Península porque entiende que puede interpretarse como que salva a Sánchez y porque traslada el problema a sus compañeros barones, ya que la mayoría de comunidades están gobernadas por el PP. El momento es muy diferente al de 2021 por la proximidad de varias citas electorales, lo que dispara los incentivos para trasladar la responsabilidad al otro, para atrincherarse y para negarse a asumir costes políticos. Es lo que explica el endurecimiento del discurso de Vivas”. Las actas de las reuniones del comité de situación en las que participó el presidente de Ceuta con Sánchez y los ministros implicados en la crisis demuestran, por ejemplo, que —tras oponerse a otras ubicaciones sugeridas— el presidente ceutí apoyó el uso del puerto para acoger a los migrantes que deambulan por las calles de la ciudad, si bien, posteriormente el PP criticó la instalación allí de un campamento provisional y el Consejo de Administración del Puerto, controlado por personas de confianza de Vivas, rechazó el uso de estas instalaciones.

Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano, donde dirige las áreas de Opinión Pública y Migraciones, coincide en que “la reacción del Gobierno central fue de extrema lentitud” porque “no atendió debidamente los avisos previos” y porque “le faltaron reflejos”, ya que “debió colocar la barrera flotante que se instaló tras la crisis mucho antes, cuando recibió esas advertencias o cuando la sentencia del Supremo que impide devolver inmediatamente a las personas que llegan a nado generó un incentivo migratorio extra”. Pero la investigadora añade que en esta fase de gestión de las consecuencias de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma también influye de manera determinante “el contexto de polarización política y la proximidad de elecciones, lo que hace imposible la lealtad entre las partes implicadas”. “Todos los actores”, concluye, “están utilizando políticamente la crisis”.

Relatos contra competencias

El magistrado Joaquim Bosch explica que “la declaración del mando único no altera el reparto de competencias, ya que se trata de un instrumento de coordinación. Corresponde al Gobierno central el registro y la filiación de adultos y menores y al gobierno de Ceuta la tutela de estos últimos, como ya ha establecido el Tribunal Constitucional, que en ese sentido equipara a la ciudad autónoma a las comunidades autónomas”.

El Ministerio de Interior debe encargarse de las filiaciones, a partir de ahí, se activan las responsabilidades repartidas entre el Gobierno central y la administración de la ciudad autónoma para organizar el retorno o atender a los que se quedan. Marcelo Belgrano, abogado con 35 años de experiencia en extranjería y vocal de la subcomisión de extranjería del CGAE (Consejo General de la Abogacía Española), define esto como “el huevo o la gallina” porque es el Ministerio del Interior el que filia, pero para hacerlo ha de disponer de espacios en los que realizar triajes y es la ciudad autónoma la que debe facilitarlos.

“El Gobierno”, señala Simón, “no tiene una UME de funcionarios que enviar a Ceuta para resolver con agilidad los expedientes. Es un proceso largo y complejo, pero como no se ha hecho pedagogía, la opinión pública responsabiliza en mayor medida al Gobierno central que al de Vivas porque a Vivas lo vieron allí desde el principio y a Sánchez no”.

La crisis ha evidenciado, opina Bosch, que, “pese al antecedente de 2021, no existía un plan para desplegar una estructura de respuesta inmediata, con un número suficiente de agentes de policía y profesionales de distintos ámbitos, y que ha fallado la coordinación entre administraciones. El ordenamiento jurídico establece claramente qué hay que hacer, pese a lo que sostiene el PP, no hay alternativa porque España es un Estado de derecho. Que parte de esos menores y de los adultos que ejerzan su derecho a asilo se queden en España no es un problema jurídico, sino político para aquellas formaciones que entienden que les puede suponer un coste electoral. Si el dinero que ha ofrecido el Gobierno a Ceuta no les parece suficiente, han de decirlo y explicarlo, pero lo que no pueden hacer es poner trabas a soluciones viables”.

Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, que lleva 30 años asistiendo a menores como los que han llegado a Ceuta, asegura, tras visitar la ciudad autónoma esta semana, que la situación es “absolutamente devastadora”. Casi dos meses después del inicio de la crisis, ha podido comprobar que “hay muchos niños que siguen en la calle, sin identificar, sin acceso a un inodoro o una ducha y expuestos a todo tipo de abusos”. Algunos de ellos, asegura, “no están accediendo al procedimiento de reagrupación familiar pese a que sus padres están en Europa y en otros casos en los que podrían volver a Marruecos tampoco porque no han sido identificados o ante la dificultad de que su país respete el procedimiento legal”. El método actual, añade, es “ineficaz”: “Hay días que, teniendo plazas libres en algunos recursos de protección, algunos niños no están pudiendo ocuparlas por falta de efectivos policiales para realizar su filiación. No tiene sentido que, habiendo plazas libres, un niño de 12 o 13 años, con clarísima apariencia de niño, duerma una noche más en la calle porque el protocolo marca que primero tiene que pasar por Policía”.

Contradicciones y giros de timón

Otra de las grandes diferencias respecto a la crisis de 2021 en la que coinciden los expertos consultados es el endurecimiento general del discurso sobre inmigración y el avance de la extrema derecha en toda Europa. “Hoy”, señala Carmen González Iglesias, “es mucho más fácil que entonces emplear un tono más duro porque la mayoría de Estados y la opinión pública ha girado hacia esa dirección, la de la mano dura y la prioridad del interés nacional por encima del enfoque humanitario. En 2021, la Comisión Europea expresó inmediatamente su solidaridad con España, pero esta vez la primera reacción fue un documento firmado por 22 Estados responsabilizando a España y vinculando lo sucedido a la regularización extraordinaria”.

“En 2021″, añade el politólogo Pablo Simón, “la inmigración no estaba en la agenda nacional e internacional con la intensidad con la que está ahora, cuando el marco de la seguridad se ha impuesto claramente al humanitario y no solo en la derecha”. El PP ha suscrito con Vox pactos de gobiernos autonómicos en los que se compromete expresamente a no aceptar lo que despectivamente denominan “menas” (siglas de Menores Extranjeros No Acompañados) y esta misma semana apoyó una iniciativa del partido de Santiago Abascal en el Congreso para rechazar que sean realojados en la Península. La propuesta no salió adelante porque no reunió los votos necesarios, en todo caso, la legislación vigente obliga a las comunidades autónomas a aceptarlos, pese a lo cual algunas administraciones, como la madrileña, han recurrido a los tribunales de justicia. Bosch señala que si Ceuta incumpliera sus competencias en materia de menores, “podría incluso aplicársele el 155, el artículo de la Constitución que permitió intervenir Cataluña durante el procés, pero aunque jurídicamente sería viable, políticamente no lo es porque no hay una mayoría suficiente y el coste sería muy alto”.

El gobierno ceutí y el PP insisten en que el Ejecutivo debe devolver a los menores a Marruecos, pese a que, como recuerda el magistrado Bosch, “sabe que una cosa es lo que Marruecos dice y otra lo que Marruecos hace, ya que en la práctica no suele cumplir los acuerdos suscritos o pone trabas. Las memorias de la Fiscalía así suelen recogerlo”. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó recientemente que antes de la llegada masiva del pasado 31 de julio, España ya había enviado a Rabat cerca de 600 expedientes de menores para buscar su reagrupación familiar y que la respuesta había sido “el silencio absoluto”.

Vivas, que conoce esas dificultades, insiste ahora en que los menores sean devueltos a Marruecos, pero en 2024 apoyó que se estableciera un reparto obligatorio de los menores extranjeros no acompañados entre las autonomías, pese a que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que provocaría un “efecto llamada”. Entonces, es decir, hace apenas dos años, el presidente ceutí aseguraba públicamente que el PP no se iba a “someter a las presiones de Vox” y criticaba así su postura: “Lo único que plantean es el retorno de los menores a sus países de origen. Son planteamientos absolutamente inviables y responden a posicionamientos ideológicos que no compartimos en absoluto”. El partido de Abascal terminó rompiendo sus acuerdos de coalición con el PP por aceptar ese reparto de menores en 2024, pero cuando los populares volvieron a necesitar sus votos para reeditar sus gobiernos autonómicos, aceptaron incluir la frase “no más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”. Bosch, Simón y Belgrano también coinciden al señalar las dificultades para enviar a la Península a un colectivo especialmente vulnerable, las 500 niñas llegadas a Ceuta —otra diferencia respecto a la crisis de 2021, cuando su presencia fue testimonial—. Vivas aseguró este jueves, en contra de lo manifestado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que no habían recibido la petición. Para Reyzábal, “es indignante y enormemente frustrante que, por intereses políticos, no se estén realizando traslados a la Península. España ya demostró, cuando acogió a un número infinitamente mayor de personas procedentes de Ucrania, que con voluntad política, se puede”.

Los expertos consultados señalan la contradicción del PP, que, por un lado, culpa a Marruecos de lo sucedido para sugerir a continuación que Sánchez no lo hace porque teme que Rabat difunda información comprometida sobre él, y por otro muestra una fe ciega en que el país vecino vaya a acoger a todos los inmigrantes, como expresó Feijóo esta semana en el Congreso. “Al principio”, recuerda Simón, “el PP no citaba a Marruecos. Empezó a elevar el tono cuando Vox empezó a apuntar directamente a Rabat. Y lo hizo porque no les supone ningún coste, mientras que el Gobierno está atado de pies y manos porque, además de necesitar la colaboración de Marruecos para salir de la crisis, señalarlos directamente supondría admitir que su política de apaciguamiento, el cambio de postura sobre el Sáhara, el sacrificio de la ministra de Exteriores, etc., no ha funcionado”.

La evolución del discurso no solo se ha dado en el PP. “El Gobierno”, añade Simón, “también ha hecho promesas imposibles de cumplir, como cuando el ministro de Asuntos Exteriores declaró que ‘hasta la última persona’ que había entrado irregularmente en Ceuta sería ‘devuelta a Marruecos’. Y eso en un tema con el que empezó haciendo bandera al acoger al Aquarius [con 600 inmigrantes a bordo]. Es verdad que el clima de 2018 no es el de hoy, pero nadie entiende que se haya sido más duro con Italia que con Marruecos y Sánchez ya no tiene en frente a los discrepantes habituales. Su propio Gobierno está roto en departamentos tan sensibles como los de Defensa e Interior y tampoco su socio en el Ejecutivo, Sumar, está donde está él respecto a Marruecos. El PSOE nunca ha estado tan solo y la crisis está lejos de resolverse en el corto plazo”.