El Supremo desestima el recurso del diputado de Vox que irrumpió en la Mesa del Congreso y se encaró con la Presidencia

El Tribunal Supremo ni siquiera ha admitido a trámite un recurso presentado por el diputado de Vox José María Sánchez contra su expulsión del pleno del Congreso el pasado 14 de abril, después de que irrumpiese en zona reservada para la Mesa de la Cámara y se encarase con una letrada y la propia Presidencia. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha acordado por unanimidad declarar que la sanción impuesta por el Congreso queda fuera de sus competencias y condena a Sánchez a hacerse cargo del pago de las costas “que no deberían exceder los 500 euros”.

Sánchez protagonizó en abril uno de los peores altercados de la presente legislatura. Tras quejarse reiteradamente desde su escaño por los supuestos insultos de un diputado de ERC que se sienta próximo a él, irrumpió en la tarima del hemiciclo reservada a la Mesa, el órgano de gobierno del Congreso. Allí se encaró primero con una letrada y luego con quien estaba presidiendo el pleno de forma temporal, el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Después de que Sánchez ignorase las preceptivas tres llamadas al orden, Gómez de Celis ordenó su expulsión.

El diputado de Vox, catedrático de Derecho y juez en excedencia, no solo no rectificó su actitud, sino que, en declaraciones a los medios, atacó a la Presidencia. Y decidió recurrir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra su expulsión que, alegaba, le había impedido participar en el resto del pleno y votar las propuestas incluidas en el orden del día.

En la resolución, de la que es ponente el magistrado José Luis Requero, el tribunal recuerda que la ley sí confiere al Supremo potestades para juzgar decisiones de los órganos del Congreso “en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público”. Pero la sanción a Sánchez, añade el auto, se le impuso exclusivamente en su condición de diputado, por lo que queda fuera del ámbito de actuación de la Sala. “En definitiva, se ventila un acuerdo sujeto a derecho parlamentario, no administrativo”, concluye para dictaminar la inadmisión del recurso.

La Mesa del Congreso intentó en su día imponer alguna sanción más a Sánchez por un hecho sin precedentes en la historia reciente del parlamentarismo español, pero lo descartó por carecer de base reglamentaria. A raíz de ese altercado, se promovió una reforma del Reglamento a fin de permitir la imposición de multas económicas a diputados que vulneren las normas de comportamiento.

El del pasado 14 de abril no era el primer incidente sonado que ha protagonizado Sánchez. En la anterior legislatura llegó a provocar la suspensión temporal de un pleno después de que se negase a acatar la orden de expulsión por gritar “bruja” a una diputada socialista durante un debate sobre el aborto.