El salón de baile y el búnker militar de Trump, una construcción con cemento “imposible’ de quitar que avanza 20 horas cada día
La construcción de un salón de baile y un búnker militar subterráneo en lo que antes era el Ala Este de la Casa Blanca avanza tan rápido que, según el Gobierno, se encuentra en un punto de no retorno, en parte también porque se está levantando con un tipo de cemento usado en plantas nucleares “virtualmente imposible” de quitar. Con este trasfondo, el Fondo Nacional para la Conservación Histórica, una organización sin fines de lucro con la encomienda de proteger los edificios históricos, urgió a la Corte Suprema que mantenga el freno de un tribunal inferior al avance de la edificación, a un ritmo de 20 horas diarias.
Está previsto que el bloqueo del tribunal apelativo del Distrito de Columbia entre en vigor el 21 de agosto. Esa corte falló el 7 de agosto, en ella, concedió tiempo a la Administración de Trump para que la desafiara ante el Supremo, cosa que hizo a través del llamado expediente de emergencia.
En un esfuerzo por convencer al máximo tribunal, el Fondo Nacional para la Conservación Histórica argumentó que Trump “no tiene autoridad legal unilateral, que le hayan dado la Constitución o ley alguna, para construir un salón de baile enorme donde estaba la demolida Ala Este. Y cada corte le ha dicho a los peticionarios [es decir, al Gobierno] en términos claros que deben paralizar su construcción ilegal salvo que hayan recibido aprobación expresa del Congreso”. “Los peticionarios, sin embargo, insisten en mantener la construcción sin importar lo que diga cualquiera”, agregó la organización.
La Administración ha dicho que el Congreso autorizó en el pasado a los presidentes a renovar, asegurar y proteger la Casa Blanca y sus inmediaciones. Y ahora presenta lo que inicialmente fue un proyecto enfocado en el salón de baile como un plan vital para la seguridad nacional. Esto porque debajo del ballroom habrá un complejo militar que, según el procurador general, John Sauer, se extenderá por el equivalente a cinco pisos bajo tierra con columnas y vigas resistentes a misiles.
“El proyecto incluye un refugio antibombas, un hospital, estructuras y equipo militares ultrasecretos” y hasta “un puerto para drones en el techo (.) para proteger la Casa Blanca y sus alrededores de ataques aéreos”, detalló el procurador en su solicitud al Supremo. “El cemento es el más resistente que existe, el tipo que se usa en las plantas de energía nuclear: es impermeable y virtualmente imposible de quitar”, agregó. Esto, asegura, es necesario por los intentos de ataques que ha habido contra Trump, el más reciente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
El aval del Congreso
Precisamente por la magnitud de las obras descritas por el procurador es que el Fondo Nacional para la Conservación Histórica pide a la Corte Suprema que le exija a la Administración conseguir el beneplácito del Congreso. Esa organización demandó al Gobierno cuando fue demolida el Ala Este en octubre pasado, hasta ahora, los tribunales inferiores han considerado que el presidente excedió su autoridad con este proyecto de 400 millones de dólares que, según él, salen del bolsillo de donantes privados. La construcción, sin embargo, ha podido continuar en medio de apelaciones.
“En lugar de obtener permiso del Congreso, los peticionarios han decidido en cambio pasar por encima de la revisión judicial. Cuando la corte de distrito frenó la construcción del salón de baile en marzo de 2026, no habían comenzado las obras. Solo le tomó cuatro meses al Circuito del Distrito de Columbia reafirmar la injunction de la corte distrital. (.) Mientras el Circuito del Distrito de Columbia deliberaba, los peticionarios aceleraron la construcción, con un equipo de 250 personas que trabaja ‘20 horas al día, siete días a la semana’ en un esfuerzo para que el salón de baile ilegal alcance ‘un punto en el que ya no pueda haber intervención judicial’”, esgrimió la organización al Supremo.
Agregó que al Gobierno no le afectará que se frene la edificación del salón, porque podrá continuar con la construcción del búnker militar que fue “la única preocupación que se articuló sobre la seguridad nacional”. También hizo hincapié en que, cuando el salón de baile esté completamente listo para ser usado, a Trump solo le quedarán unos pocos meses en el poder.
La próxima fecha clave en el pleito judicial es el 21 de agosto, cuando se supone que entre en vigor el bloqueo de una corte apelativa si es que el Supremo no se ha pronunciado hasta entonces.
La solicitud del Gobierno para que el Supremo le deje seguir con las obras está en manos del juez presidente, John Roberts, quien ve los pedidos relacionados con el Circuito del Distrito de Columbia que llegan al expediente de emergencia. Ese expediente se conoce coloquialmente en inglés como el shadow docket por los pocos detalles que usualmente se conocen públicamente sobre las decisiones que se emiten a través de él.
Trump ha recurrido a ese expediente muchísimas veces en este segundo mandato y para asuntos de gran envergadura. Con una solicitud de urgencia pidió, por ejemplo, que el Supremo le permitiera poner en pie en algunos lugares del país un decreto que limitaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento y mantener los amplios aranceles amparados en una antigua ley. Esos fueron dos de los pocos tropezones que tuvo el Gobierno en el máximo tribunal, que sí amplió en otras instancias el poder del Ejecutivo.
