El Gobierno vasco concede la tercera semilibertad a un preso de ETA en menos de un mes

El pasado 2 de septiembre, la exjefa de ETA Soledad Iparragirre, alias Anboto, accedía a un régimen de vida en prisión que incluía salidas de lunes a viernes tras aplicársele el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Era la segunda vez que se le aplicaba, después de que la justicia revocara la primera. Una semana después, era Henri Parot, Unai, el que veía cómo se acordaba que la semilibertad de la que disfrutaba desde un año antes se ampliaba. Y este miércoles ha sido la también etarra Idoia Mendizábal, Iliargi, la que recibía una noticia una similar a la de este último. En lo que va de septiembre, el Gobierno vasco ha acordado dar o ampliar el régimen abierto a tres presos de la organización terrorista. En el caso de Anboto y Unai, la decisión ya ha sido recurrida por la Fiscalía ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Sobre la de Iliargi, el ministerio público aún no ha tenido tiempo de pronunciarse. En la actualidad, hay 107 presos de ETA en cárceles vascas ―de ellos, 71 con algún régimen de semilibertad―, tres en el centro penitenciario de Pamplona, dependiente del Ministerio del Interior, y otros dos en prisiones francesas, según los datos recopilados por EL PAÍS en diversas fuentes.

Mendizábal, que cumple una condena de 25 años de prisión por diferentes atentados que causaron heridas a 31 personas, puede salir de prisión de lunes a viernes desde el 16 de septiembre del año pasado, cuando se le comenzó a aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite que reclusos en segundo grado penitenciario ―en el que está el 75% de los internos en España― pasen a disfrutar de algunos de los beneficios del tercer grado. Por tanto, su clasificación ahora en este último régimen de vida supone en realidad solo una ampliación de la semilibertad que ya tenía ―pasa de tener que dormir en prisión todos los días y permanecer encarcelada los fines de semana, a solo tener que acudir a pernoctar a su celda de lunes a jueves―, aunque también le abre la puerta a pedir la libertad condicional, ya que, además de tener cumplido más de tres cuartas partes de su condena, debe cumplir el requisito de estar clasificado en tercer grado para aspirar a ella.

En el expediente penitenciario elaborado por la junta de tratamiento de la cárcel de Zubieta ―integrada por profesionales penitenciarios― para justificar su nueva semilibertad consta que Iliargi extinguirá su condena en mayo de 2030 y que durante su estancia en prisión ha mostrado una “evolución favorable” en el tratamiento. El documento incide en que en los más de 16 años que lleva en prisión ha desarrollado “de forma satisfactoria actividades, actuaciones y programas cuyo aprovechamiento le ha llevado a la responsabilización del hecho cometido y del daño causado”. En este sentido, el expediente destaca que Mendizábal se ha separado “del discurso que legitimó en su día los hechos delictivos cometidos” ―en un juicio celebrado en noviembre de 2011 contra ella en la Audiencia Nacional llegó a manifestar que se sentía “orgullosa” de pertenecer a ETA― y muestra “un pronóstico favorable de integración sociolaboral” con “apoyo familiar”.

El documento también incide en que la reclusa ha hecho buen uso de los permisos de salida, de los que ha disfrutado 15 en el último año, y está abonando la responsabilidad civil que se le impuso en las condenas. El expediente también reproduce parte de una carta de perdón dirigida a sus víctimas en la que muestra su arrepentimiento, entre otros, la concejala socialista de Portugalete Esther Cabezudo y su escolta, Ignacio Torre, que resultaron heridos de gravedad en febrero de 2022 tras estallar a su paso una bomba oculta en un carro de la compra. “Nada de esto debería haber ocurrido, pero el pasado es algo que no se puede cambiar. Creo firmemente que los que hemos sido parte directa en el sufrimiento que ha generado la violencia podemos comprometernos, en la medida de lo posible, con la reparación que sirva para mitigar el dolor padecido por todas estas personas”, afirmaba en la misiva.

No obstante, si la Fiscalía recurre la decisión del Gobierno vasco ―como acaba de hacer en los casos de Unai y Anboto― la nueva situación penitenciaria de Mendizábal quedará en suspenso hasta que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro decida. En el caso de Parot, que guarda una gran similitud con el de Iliargi, el ministerio público se opuso al considerar que “resulta prematura en el momento actual y no se ajusta plenamente a los criterios legales”. El magistrado aún debe resolverlo. Al igual que Mendizábal, Parot llevaba un año disfrutando de un régimen de semilibertad tras aplicársele el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario cuando el Departamento de Justicia acordó progresarle al tercer grado. Pese a ello, el ministerio público esgrimió en su recurso que ese plazo era “insuficiente para considerar plenamente consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado”.