El Gobierno pide al PP que le ayude a parar la violencia en Ceuta en medio de bloqueos del reparto de comida a los inmigrantes

La situación social se desborda por momentos en Ceuta. Hasta ahora, el Gobierno central y el de la ciudad tenían un problema enorme que está lejos de resolverse para atender y sobre todo iniciar los procesos de devolución de los miles de inmigrantes que siguen en la ciudad, a pesar de que más del 90% de los 70.000 que entraron el 30 y 31 de julio ya se han vuelto a Marruecos. Pero al menos habían logrado algo sin problemas: alimentarlos cada día, para evitar conflictos mayores, asaltos a supermercados o cualquier tumulto similar que se produce cuando un grupo grande de personas pasa hambre y tiene comida cerca. Ahora, incluso eso se ha convertido en un problema serio, porque en los últimos dos días, un grupo cada vez mayor de ciudadanos intenta impedir el reparto de comida diario en la playa de El Trampolín. Los antidisturbios tuvieron que intervenir, en una imagen inédita transmitida en directo por las televisiones, para que no hubiera peleas entre los inmigrantes y los manifestantes, mientras los voluntarios de Cruz Roja que hasta ahora repartían la comida sin problemas están cada vez más asustados.

En este contexto de máxima tensión, que hace cada vez más difícil la gestión de una crisis ya imposible, el Gobierno hizo un llamamiento a todos los grupos, pero especialmente al PP, que gobierna y lidera Ceuta desde hace 25 años, para que le ayude a condenar y controlar este estallido de violencia. Ángel Víctor Torres, máximo responsable del mando único, admitió que él mismo pacto con Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, un mensaje conjunto contra la violencia que ambos lanzaron de forma similar el miércoles por la noche. Pero de momento no ha sido suficiente, así que Torres pidió en el Congreso a todos los grupos, pero sobre todo al PP, se una a la condena de la violencia. “Ayer Vivas y yo pactamos un mensaje urgente contra la violencia. Sería bueno que hoy todos se sumaran”, clamó. Pero no tuvo mucho seguimiento. La representante del PP, la senadora Cristina Díaz, le dijo a Torres que la violencia que hay que condenar es la de los inmigrantes contra un grupo de militares, algo que el ministro hizo inmediatamente pero pidió centrarse también en la de algunos ciudadanos contra los inmigrantes, contra ceutíes musulmanes o contra los voluntarios de la Cruz Roja que se limitan a dar de comer a gente hambrienta.

“Ceuta no necesita lecciones de paciencia y convivencia. Llevamos décadas dándoles al resto de España este tipo de lecciones. Lo que necesitamos es un Gobierno que garantice la seguridad, recupere el control y devuelva la normalidad a todos los ceutíes”, clamó la senadora del PP.

Vivas estuvo especialmente dramático al hablar de la violencia, consciente de que la situación se agrava cada día. De hecho, poco después de que hablara las cosas se complicaron con un centenar de personas bloqueando la entrega de comida, algo que lograron durante un buen rato, y después episodios de violencia y de quema del campamento improvisado de los inmigrantes en la playa. “No se puede atacar a ceutíes musulmanes, como no se puede atacar a nadie por ser inmigrante”, clamó Torres. “No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín y quieran desistir de hacer ese trabajo voluntario. No puede ser tampoco que se agreda a periodistas. Los responsables públicos llevamos cargas, pero no vale la violencia contra ningún representante público”, insistió Torres.

Pero el tono del debate entre los dos grandes partidos no augura para nada un entendimiento para intentar aplacar juntos la ira de algunos ceutíes. Hubo tres comparecencias en el Congreso de ministros, y en todas el choque fue fuerte, porque la oposición ve muy claro que esta crisis puede ser un remate para el Gobierno ya casi a las puertas del periodo electoral que llegará en 2027, cuando se repartirá casi todo el poder político en España con municipales, autonómicas y generales el mismo año en el que también se vota en Francia e Italia.

El PP y Vox cargaron contra el Gobierno, mientras visitaba Ceuta José María Aznar también con un discurso crítico con el Ejecutivo en el que pedía recuperar el orden. En el Congreso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que también compareció, recordó que Aznar nunca visitó Ceuta de manera oficial cuando era presidente del Gobierno ―solo fue una vez en plena campaña electoral del año 2000 a dar un mitin, sin ningún acto oficial como gobernante― mientras Pedro Sánchez lo ha hecho ya cuatro veces de manera oficial acudiendo a la delegación del Gobierno, la última el pasado 31 de julio.

Tampoco el rey, cuya presencia ahora reclama el PP, fue a Ceuta cuando Aznar o Rajoy estaban en La Moncloa, solo Juan Carlos I la visitó una vez estando Zapatero al frente del país. Aznar y el PP acusan al Gobierno de debilidad con Marruecos, pero Bolaños insiste en que no hay ninguna evidencia de que este país esté detrás del salto masivo de inmigrantes y sí hay certezas de que, gracias a la buena relación que hay ahora con España, ha ayudado para que volvieran rápidamente el 90%, aunque se quedó un grupo importante que es el que ahora está generando todas las dificultades de gestión.

El ministro Torres intentó en todo momento en el Congreso pedir comprensión a los ceutíes y sobre todo convencerles de que la única solución es que acepten el traslado de los inmigrantes en las playas a algún centro que se pueda acondicionar rápidamente, y esos son los que más cerca están de la población. El ministro explicó que este jueves los técnicos fueron a visitar las ubicaciones que propone la ciudad, a las afueras, en el Tarajal, cerca de la frontera, para evitar que los vecinos protesten. Pero esos lugares, aseguró Torres, “llevarían obras de meses para poder ser acondicionados, no tienen electricidad ni cañerías”. Este es el problema desde el primer día: los vecinos quieren que se vayan los inmigrantes, pero para devolverlos antes hay que meterlos en algún lugar e iniciar los trámites, y muchos ceutíes rechazan cualquier ubicación que esté cerca de sus casas, y eso retrasa aún más la solución en un círculo vicioso que parece no tener fin.

Aun así, este viernes habrá una nueva reunión del mando único esta vez presidida desde La Moncloa por Pedro Sánchez, y ahí, según Torres, se tomarán decisiones sobre algunos nuevos emplazamientos para agilizar la filiación de todos los inmigrantes ―la semana pasada se buscó espacio para 1.800, pero se necesita mucho más― para intentar encauzar una crisis que ahora parece fuera de control. “Yo no voy a engañar diciendo que pueden ser devueltos mañana sabiendo que eso es falso. Se va a alcanzar la normalidad, pero no puedo decir cuándo”, remató Torres.

En el Gobierno se detecta una preocupación creciente. Varios ministros admiten en privado que no esperaban este intento de algunos vecinos de boicotear el reparto de comida y señalan que si no se lograra alimentarlos, la situación sería infinitamente peor, y que han sido precisamente esas 4.000 comidas diarias que se han repartido desde que estalló la crisis las que han logrado que se mantuviera una cierta calma y se evitaran los altercados que hasta ahora no se habían producido.

Varios ministros están muy inquietos por los mensajes de odio que se han desatado en las redes y que están animando a perseguir a los inmigrantes en Ceuta. Tanto los voluntarios como los funcionarios que asisten a los inmigrantes están cada vez más preocupados y algunos de los primeros tienen mucha presión y piensan en abandonar, según estas fuentes.

Con los vecinos en contra de todo es mucho más difícil, explican distintos miembros del Gobierno. Algunos de los que gestionaron la crisis de 2021, que también fue muy compleja con un salto de 10.000 personas de las que se quedaron la mayoría, recuerdan que entonces no hubo protesta vecinal, la ciudad ofreció rápidamente un polideportivo y por eso todo se pudo gestionar de manera más discreta y sin conflictos. Entonces además también hubo traslados a la península, sobre todo de menores, algo que ahora rechaza abiertamente el PP y sobre todo Vox, cuyos consejeros ni siquiera acudieron a la reunión con el ministerio de Juventud e Infancia para preparar esos posibles traslados y aprobar los 25 millones de euros para financiarlos.

El Gobierno sigue atrapado: no puede devolver masivamente a los inmigrantes, porque eso supondría una inhabilitación de cualquier funcionario que lo haga, como pasó con la crisis de 2021 con la delegada del Gobierno y la vicepresidenta de Ceuta, tampoco puede llevarlos a la península, algo que también rechaza la UE, y ahora empieza a tener problemas incluso para alimentarlos. El Ejecutivo confía en encontrar una salida en los próximos días, pero para eso la presión social debería bajar, y de momento todo indica que está subiendo.