El Gobierno de Sheinbaum recula ante la tormenta por los derechos de las audiencias
La discusión que comenzó como un intento por ordenar la relación entre los medios de comunicación y sus audiencias ha terminado convertida en un problema político para el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Con este escenario de fondo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha confirmado este lunes que habrá ajustes a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, cuya consulta pública concluye el próximo viernes. Entre los puntos que se tocarán están las sanciones a los concesionarios, uno de los apartados más controvertidos de las nuevas reglas.
Los cambios han sido empujados, según fuentes consultadas por EL PAÍS, además de por el embate de la oposición y las críticas de distintos sectores, entre ellos académicos y expertos que los califican como una ley mordaza, por la polémica que desataron las listas de periodistas, comunicadores y políticos que la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó desde Palacio Nacional. Al escenario adverso se suma un elemento nada menor: los grupos económicos que no han recibido bien el tema por los posibles riesgos a la libertad de expresión.
El secretario ejecutivo de la CRT, Enrique Pavón Baños, ha reconocido en el foro Diálogo legislativo: libertad editorial, regulación y derechos de las audiencias, organizado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, que las multas es el apartado que concentra buena parte de las objeciones. “Es compromiso de la comisión emitir un informe de consideraciones y evidentemente tiene que haber ajustes a los lineamientos. Las sanciones son lo que más genera debate y es parte de lo que está pendiente en la revisión” del documento, ha dicho frente a diputados. En la propuesta sometida a consulta se establecen porcentajes de multas de 0,01% al 1% de los ingresos anuales de los concesionarios.
El funcionario ha confirmado con ello lo dicho por la presidenta mexicana en los últimos días cuando las críticas al tema comenzaron a escalar. Sheinbaum abrió la posibilidad de hacer ajustes, pero dejó en claro que la figura de la defensoría del público y el código de ética que deberán emitir los medios de comunicación concesionados de radio y televisión son innegociables por ser parte de la ley en materia de telecomunicaciones aprobada en 2025.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el último minuto del 21 de agosto. En medio del debate, la CRT y el oficialismo sostienen que el propósito de la propuesta es establecer mecanismos para que las personas que escuchan radio o ven televisión puedan ejercer sus derechos frente a los medios. Sin embargo, el proyecto llegó a la discusión pública acompañado de una sospecha que el Gobierno no ha conseguido disipar: que detrás de la protección de las audiencias pueda abrirse una puerta para que el Estado termine interviniendo en el contenido periodístico y sancionando a periodistas y comunicadores por ejercer su derecho a la libertad de prensa.
Sheinbaum ha repetido que no habrá censura y que las sanciones no se aplicarán contra reporteros y comunicadores por lo que publiquen o transmitan. También ha pedido que la redacción de los lineamientos deje ese punto alejado de cualquier ambigüedad. Con todo, la desconfianza no se ha logrado desvanecer, pese a los intentos del partido en el poder, Morena, y de la presidenta de desactivar la narrativa alimentada por la oposición y los críticos de los lineamientos que la ponen en el terreno de la censura. Sus personajes más visibles han emprendido una campaña para atajar las críticas. La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, han rechazado que se busque censurar a los medios. “Nadie le va a decir a los medios qué publicar y qué no publicar. Los lineamientos no prohíben la crítica”, ha dicho Hernández a través de un video mensaje publicado en X.
En el centro de la controversia está un planteamiento que, en principio, parece necesario: que las audiencias puedan distinguir cuándo están recibiendo información, opinión y publicidad. La CRT ha defendido esa lógica como una herramienta para saber “cuándo se informa y cuándo se vende”. El problema, refiere la oposición, aparece cuando esa intención se cruza con mecanismos de supervisión y sanción en contra de los concesionarios.
Salomón Pádilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, durante su participación en el foro, reconoció que existen empresas que abusan de la frontera entre publicidad e información, pero cuestionó el método. La discusión, dijo, debió comenzar con los medios y en la consulta a especialistas antes de llegar al papel. De lo contrario, el proceso, dijo, “denota muy mala fe”. No habló de censura directa, sino de un riesgo más sutil: la autocensura. Una regulación que deja demasiado margen para interpretar qué se hizo mal puede no necesitar castigar a un periodista para modificar su comportamiento. Basta con que el medio tema las consecuencias. Ese es el terreno político en el que la discusión ha terminado.
Las listas de la Consejería Jurídica
El segundo problema que ha alentado los cambios, que están en proceso, es el movimiento de Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la presidenta. La funcionaria y hasta hace poco presidenta de Morena, ha sido la principal defensora de la política contra la desinformación y también de los nuevos lineamientos. Desde junio, encabeza el espacio Derecho de Réplica, creado para contrastar, desde Palacio Nacional, información que el Gobierno considera falsa o engañosa.
La presentación de un análisis sobre un supuesto ecosistema de amplificación digital crítico hacia la Administración de Sheinbaum, que incluyó a medios de comunicación, periodistas, analistas y políticos de la oposición, expuesto por Alcalde, multiplicó las críticas y elevó el tono de la oposición, gremios periodísticos y sectores empresariales que interpretaron el ejercicio como una lista negra de críticos al Gobierno.
La exhibición pública de periodistas y comunicadores, en medio de una discusión sobre una regulación que precisamente busca establecer límites y responsabilidades para los medios, terminó siendo un desacierto político, refieren fuentes del propio oficialismo. Mientras se asegura que no se pretende controlar a la prensa, desde el poder se construyen públicamente listas de quiénes, a juicio del Gobierno, difunden narrativas falsas.
La organización Artículo 19 ha salido este fin de semana a cuestionar el uso de recursos públicos para monitorear, clasificar y señalar a periodistas, medios y voces críticas bajo el argumento de combatir la desinformación. “Presentar una supuesta red de amplificación digital sin transparentar la metodología ni los criterios que sustentan estos señalamientos es contrario a la protección de la libertad de expresión”, se lee en un posicionamiento.
La tensión se hizo más evidente cuando la propia discusión sobre los lineamientos alcanzó a medios impresos y digitales, aunque el régimen de derechos de las audiencias está relacionado fundamentalmente con radio y televisión. En público Sheinbaum salió en defensa de Alcalde y rechazó que su Gobierno elabore listas de opositores o críticos. En privado la mandataria, refieren fuentes consultadas, cuestionó el episodio y pidió revertir el desgaste con cambios que desactiven la narrativa de censura.
El Gobierno ha sido orillado a corregir los lineamientos que están a consulta hasta el próximo viernes. La CRT deberá revisar el apartado que más inquietud ha generado: las sanciones. Mientras, la mandataria trabaja en diluir la narrativa que apunta a un potencial ataque a la libertad de expresión.
