El comité de expertos condiciona el viraje al fracking y obliga a Sheinbaum a corregir su hoja de ruta

La apuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum por reabrir la puerta al fracking en México ya no es un cheque en blanco. Tras casi tres meses de deliberaciones, el comité integrado por 54 especialistas a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y convocado por la mandataria para evaluar la viabilidad de la explotación de gas natural no convencional en el país, ha impuesto los primeros límites técnicos y ambientales al proyecto que la presidenta ha convertido en una de las mayores redefiniciones de la política energética heredada de Andrés Manuel López Obrador. El dictamen no solo descarta de manera definitiva la explotación mediante fracturación hidráulica en la cuenca de Tampico-Misantla, ubicada entre Veracruz y el sur de Tamaulipas, sino que condiciona cualquier incursión en los yacimientos de Coahuila y Tamaulipas hasta que se demuestre previamente que hay agua salada suficiente para abastecer la actividad. Si ese recurso no existe, concluyen los expertos, la explotación simplemente no debe realizarse.

“Primero si hay agua, segundo si hay gas”, ha resumido la propia Sheinbaum en su conferencia matutina los pasos que su Gobierno deberá dar para saber si efectivamente podrá avanzar en su plan para desarrollar el fracking en México. Después, comprobar la viabilidad técnica de los proyectos y, también, consultar a la población cercana afectada. “Apenas vamos a ver dónde es factible”, reconoció.

La resolución marca un punto de inflexión en un viraje energético adelantado por EL PAÍS desde febrero, que implica el cambio de postura del Gobierno frente a una técnica que Morena había rechazado durante años y que el expresidente López Obrador mantuvo políticamente congelado durante todo su sexenio. Desde entonces, la Administración de Sheinbaum ha desmontado ese veto paso a paso: reconoció su apertura al gas no convencional, planteó la participación de privados junto a Pemex y en últimas fechas, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proyecto, se diseñó un esquema de financiamiento. Una de las piezas que faltaba era el informe del comité científico, un grupo al que el Gobierno encargó la tarea de construir el sustento técnico del viraje.

La resolución que atravesó por un intenso debate al interior del comité en las últimas semanas, según refieren fuentes, representa el primer gran contrapeso técnico al giro energético impulsado por Sheinbaum. Durante meses, el Gobierno había construido una narrativa orientada a justificar el regreso del fracking bajo el argumento de que México necesita incrementar su producción de gas para reducir su dependencia de Estados Unidos y fortalecer su seguridad energética. Sin embargo, las conclusiones del comité rebajan las expectativas oficiales. El grupo de especialistas coincide en que el desarrollo de los yacimientos no convencionales podría disminuir el volumen de importaciones, pero advierten que es necesario conocer primero el volumen real que puede aprovecharse para garantizar la anhelada soberanía energética que Sheinbaum ha colocado en el centro de su discurso.

Esa conclusión quedó sintetizada en la exposición de Ana Paulina Gómora, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La académica detalló que tras la revisión del potencial de los yacimientos no convencionales del país. “Se identificó que el potencial del gas natural proveniente de yacimientos no convencionales está estimado en 141.5 billones de pies cúbicos”, distribuidos en tres cuencas: Burgos (53.8%), Sabina-Burros-Picachos (67%) y Tampico-Misantla, este último con 20.7%, representa el volumen más bajo. Sin embargo, “El potencial del recurso prospectivo debe evaluarse para conocer el volumen real del gas que podría ser aprovechado”, dijo.

La decisión más contundente del comité, sin embargo, fue prohibir cualquier intento de explotación en la cuenca de Tampico-Misantla. Los especialistas concluyeron que esa región, que abarca el norte de Veracruz y parte del sur de Tamaulipas, resulta social y ambientalmente inviable para desarrollar proyectos de fracturación hidráulica. Sheinbaum adelantó que el Gobierno asumirá esa recomendación “tal cual viene”.

Las recomendaciones del comité también modifican el orden de prioridades que el Gobierno había planteado para su nueva estrategia energética. Antes de recurrir al gas no convencional, los especialistas recomiendan fortalecer la generación eléctrica con fuentes renovables, impulsar programas nacionales de eficiencia energética, eliminar la quema de gas en campos petroleros y maximizar el potencial de los yacimientos convencionales. Solo después de agotar esas opciones consideran justificable explorar la fracturación hidráulica.

El condicionamiento más riguroso gira alrededor del agua. José Antonio Hernández Espriú, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y especialista en hidrogeología, sostuvo que la fracturación hidráulica únicamente podrá contemplarse bajo una premisa innegociable: no utilizar agua dulce superficial ni subterránea comprometida para consumo humano, agricultura o actividades productivas. La única alternativa aceptable, dijo, es emplear agua salada proveniente de formaciones geológicas profundas o agua residual tratada, además de reciclar al menos el 75% del líquido utilizado durante el proceso y establecer un sistema permanente de monitoreo ambiental.

Ese criterio modifica por completo la viabilidad del proyecto. La propia Sheinbaum reconoció que, si las perforaciones exploratorias no encuentran agua salada suficiente en las cuencas consideradas, la explotación de gas no convencional quedará descartada. “Si no hay agua salada, se cierra la posibilidad de cualquier explotación de gas no convencional”, ha dicho.

Con esto, el siguiente paso consiste en perforar pozos exclusivamente para determinar la existencia, cantidad y calidad del agua salada disponible. Solo después de esa fase se evaluará si existen reservas económicamente explotables de gas y si la tecnología disponible permite desarrollar los yacimientos sin comprometer los acuíferos ni emplear sustancias altamente tóxicas.

Tras este primer informe, la mandataria ha anunciado que se mantendrá al comité de especialistas como asesores permanentes del proyecto, se publicarán todos los estudios realizados durante estos meses, se abrirá una plataforma digital para transparentar la información técnica y se realizarán consultas públicas informadas antes de iniciar cualquier exploración en zonas donde existan comunidades cercanas.

El dictamen redefine así el rumbo que el Gobierno mexicano había trazado desde principios de año. La transición hacia el fracking sigue en pie, pero deja de presentarse como una decisión política para convertirse en un proceso condicionado por requisitos científicos, ambientales y sociales que tienen camino cuesta arriba para cumplirse. El futuro del fracking en México dependerá del agua salada.