Maricarmen es desahuciada de su casa al cuarto intento y se irá a vivir con familiares

Maricarmen está en la calle a los 87 años. Falta un minuto para la una de la tarde de este miércoles cuando sale recostada en una camilla y la suben a una ambulancia del Samur, que se pierde entre las calles del pudiente barrio de Retiro de Madrid en medio de un funeral de lágrimas, gritos y ansiedad de las decenas de manifestantes que la han defendido hasta el final. Maricarmen ha cerrado la puerta de su casa por última vez. No podrá volver a entrar, por mucho que haya vivido 71 años en ella. “Este desahucio es un asesinato”, gritan unos activistas mientras otros lloran, aún incrédulos. “Nadie hizo nada por ella”, lamenta un vecino. Es el cuarto y definitivo intento de desahucio de esta mujer, que lleva ocho años luchando por quedarse en el piso, de alquiler, contra los dueños, Urbagestión SL., que ha rechazado todas las ofertas de ayuda, todas las gestiones del Ministerio de Vivienda y todos los intentos de mediación del Sindicato de Inquilinas. Maricarmen se irá a vivir con familiares tras rechazar la plaza de emergencia gratis en una residencia que ofrecía el Ayuntamiento. En la Comunidad de Madrid hay, de media, tres desahucios al día, ninguno como este, en símbolo del movimiento por el derecho a la vivienda.

La mujer, que el día anterior había recibido el apoyo de 500 personas, entre las que se encontraban la cantante Ana Belén, los actores Carlos Bardem y Juan Diego Botto y la influencer Inés Hernand, pasa la noche en su casa, en el sexto piso del número 46 de la calle del Alcalde de Sainz de Baranda, donde trata de descansar rodeada de algún familiar y de su círculo cercano del sindicato, mientras, abajo, en su portal, las siguientes horas son de vigilancia, tensión e incertidumbre. Unos 100 activistas pasan la noche ante la puerta de su vivienda, en el número 46 de la calle del Alcalde de Sainz de Baranda, donde montan tiendas, ocupan la calle y organizan asambleas para gestionar la resistencia. La mayoría son universitarios con experiencia de las acampadas por Palestina en la Complutense de 2024 y 2025 o de las protestas contra el cambio climático de 2019.

Una es Martina, de 25 años, que está allí para defender el “derecho al techo” hasta que entrara a trabajar a las 9.00. Hay quien viene de fuera. Mónica, de 45 años, es de Barcelona, lleva “desde muy joven” militando y ha viajado a Madrid con compañeras del Sindicato de Llogateres de Barcelona. Ha pedido el día libre en el trabajo, ha cogido un tren y ha pasado la noche en vela haciendo guardias, vigilando que todo en el campamento transcurra sin problemas. En cambio, Beatriz García, de 35 años, asiste por primera vez a un desahucio. Vio el martes en la televisión lo que estaba pasando y decidió acercarse porque le “conmovió mucho la historia de Maricarmen”.

La policía corta la calle a las 6.00 con lecheras y la marea de activistas recibe a los agentes con cánticos de “el ático de Ayuso para Maricarmen” y “Maricarmen se queda”. Mientras, las puertas del bloque permanecen cerradas y tapadas con cartón, dentro, varias decenas de activistas permanecen apostados en las escaleras, preparados por si se materializa el desahucio y los agentes logran sortear la barrera humana de fuera. Incluso un grupo de jóvenes se apuesta en la última planta del bloque, junto a las ventanas del patio interior. Temen que los antidisturbios entren por la azotea, algo “muy improbable”, reconocen, aunque “no sería la primera vez”.

Al lugar, convertido en plató de televisión, se acercan al alba desde la eurodiputada Irene Montero, de Podemos, hasta el cómico Ignatius en pantalón corto. Más tarde han acudido los diputados de IU Enrique Santiago, Toni Valero, Nahuel González y Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís. En su anterior intento de desalojo, en junio, hasta la ONU reclamó al Estado español que lo paralizara y buscara una solución. “¿Dónde está el gobierno progresista?”, se preguntan los manifestantes.

Sobre las 7.30, los agentes retiran las endebles tiendas de campaña que habían colocado los manifestantes a modo de muro y apartan a quienes permanecían de pie. Mientras, el sindicato proyecta sobre la fachada un video de Maricarmen y apela a los agentes: “Quitaos los cascos y decid no”. Cuatro agentes responden quitándose los cascos, pero firmes en sus posiciones. Los policías retiran a la prensa del portal y la llevan hasta el límite del cordón policial, al final de la calle.

A esa hora se suman más manifestantes tras el cordón hasta ser unos 300 y nuevas furgonas hasta sumar 10. Se siguen sucediendo cánticos como muestra de apoyo: “Que no, que no tenemos miedo; que sí, que sí tenemos rabia”. La mujer se dirige a los congregados entre lágrimas en un vídeo publicado a primera hora por el sindicato: “Buenos días, compañeros, os doy las gracias por el ejercicio que estáis haciendo toda esta noche durmiendo en la calle. Por favor, seguid, pero no os hagáis daño, esto tiene que ser pacífico. Sigo oyendo todo vuestro ruido, un abrazo para todos y para todas las personas que me están apoyando en esta lucha tan cruel de unas personas que quieren ganar dinero, pero que no olviden que tienen padres y madres y que el día de mañana se pueden ver en la situación en la que, por desgracia, me encuentro yo”.

Dentro del bloque, algunos de los activistas suben al primer piso, donde un vecino les ha abierto su casa para pasar la noche, durante la mañana, para que usaran el baño y bebieran agua. Se reparten las pocas galletas de chocolate que quedan, calman la ansiedad de la espera fumando en las ventanas y se sientan por turnos en las sillas y el sofá. Nadie ha desayunado, ni siquiera el perro del vecino que, cuando los ánimos se caldean, ladra hacia las ventanas. Un helicóptero de la policía sobrevuela la zona.

A las 7.45, se barrunta la tragedia y la policía empieza a intervenir. Los antidisturbios sueltan a los manifestantes agarrados de las manos entre sí, aunque de forma lenta y con grandes dificultades. Los activistas dejan el peso muerto de sus cuerpos para dificultar su desalojo. La policía conduce a cada uno que retiraba a la acera contraria, donde los identifican. A las 8.30, llegan cinco lecheras más, 15 en total, que formaron un continuo de furgones entre las calles de Sáinz de Baranda, Máiquez y Antonio Arias.

“La lucha es el único camino”, se animan unos a otros mientras, uno a uno, van siendo apartados de su posición, arrastrados por hasta cuatro agentes cada uno. Tras casi media hora, los agentes detienen su actuación un momento, hablan entre ellos y por la radio. Parecen dudar y los manifestantes les piden: “Quitaos el casco”. La portavoz del sindicato les ruega, con un megáfono, que dediquen “10 segundos a pensar en Maricarmen y en que podría ser su abuela”.

Los manifestantes reclaman “que pase la prensa”, pero los agentes mantienen a todos los periodistas tras el cordón. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, asegura que lleva horas intentando que los agentes dejen pasar a los periodistas, pero que estos actúan “por mandato judicial y para protegerlos de grupos violentos”. Fuentes de la delegación puntualizan que no dirigen el dispositivo y que están “en contra de este desahucio”.

La situación se tensa: un activista logra romper el cordón y unirse a la barrera humana, pese a que la policía se abalanza sobre él, lo tira al suelo y le golpea. A esas horas, muchos vecinos salen trajeados de sus portales para ir a trabajar y se sorprenden al ver las 15 furgonas policiales cortando Alcalde Sainz de Baranda. “¿Todo esto por una anciana?”, se preguntan algunos. Una vecina se acerca a la barrera para repartir botellas de agua de una bolsa, pero un policía le pide que pare y salga de la zona. Los manifestantes la aclaman: “Y guapa, y guapa, y reina, y reina y reina”.

Sobre las 8.40, la policía para otra vez. La abogada del sindicato, Beatriz Duroa, discute con el Samur Social mientras Emergencias atiende a dos personas, “muy leves”, uno con una pequeña herida en una mano y otra, una mujer “que ya traía la rodilla mal de casa y que se ha hecho daño”. A las 9.20, hacen acto de presencia dos señoras con una carpeta y se ponen a hablar con la policía, no se sabe si mediadoras o de la comisión. Son lo segundo. Los manifestantes, en todo caso, lo tienen claro y las reciben al grito de “bienvenida, comisión judicial”. Se añade una veintena más de antidisturbios. Llega la hora.

Dentro, en el 1° derecha, el piso que les sirve de refugio, cada vez son más los activistas que se asoman a las ventanas y siguen el desalojo desde lo alto. Algunos aprovechan para cargar sus móviles, que los mantienen conectados con sus compañeros del portal y con dos negociadoras del sindicato que dialogaban con la policía y la comitiva judicial. Muchos se preocupan por el bienestar de compañeros de fuera, les lanzaban botellas de agua y gritos constantes de ánimo. “Me cuidan mis vecinas y no la policía”, corean en la calle unas 300 personas.

A las 10.15, casi una hora después de la llegada de la comisión judicial, una portavoz del sindicato señala a este diario que la situación es “crítica” y el desalojo, imparable e inminente. Los mediadores piden una prórroga de un mes o de unas semanas, pero la propiedad, Urbagestión SL, se cierra en banda. ”La jueza ha dicho que quiere ejecutar el desahucio. La empresa se ha negado a aceptar la última oferta. El desalojo se va a ejecutar. Por eso seguimos reforzando el cordón para acompañar a las compañeras que todavía resisten en el portal. Este desahucio es ilegal”, denuncia la portavoz.

Tampoco es aceptada la oferta de una reconocida escritora, que prefiere mantener el anonimato, para pagar el alquiler de forma vitalicia. El Ministerio de Vivienda, que intentó adquirir el piso, también asegura que Urbagestión no ha respondido a ninguna de las propuestas. “Quieren echarla y ya está. No quieren oír soluciones”, señalan fuentes del ministerio. Urbagestión pretende que Maricarmen pague 1.650 euros de alquiler —empezaron por 2.650—, con su pensión de 1.350. No negocian y tampoco quieren dar su versión a los medios que se la piden. Maricarmen tiene un contrato subrogado dos veces. Su padre murió poco después de firmar y pasó a su madre, que falleció en 2005 y ella lo heredó. Como esto es ilegal, Urbagestión tenía todas las de ganar.

Los manifestantes, que habían aprovechado la negociación para estirar las piernas, se vuelven a sentar en defensa del portal. A las 10.45, comienza el desalojo en sí, llevado a cabo por unos 50 antidisturbios con “mucha violencia, con tirones de pelo, dedos en los ojos y rodillazos”, así como el uso de gas pimienta, según denuncia el Sindicato de Inquilinas. En la escalera, silencio, nervios y expectación. Los últimos activistas que separan a la policía de Maricarmen esperan en el sexto, mientras, de fondo, se oye a la policía hablar con los militantes en descansillos inferiores. Sobre las 11.20, los agentes empiezan a echar abajo la puerta con una maza o ariete mientras en la escalera se oyen los golpes, constantes y fuertes, y los activistas gritan: “15 días para Maricarmen, solo pedimos eso”.

A las 11.30, los agentes echan abajo la puerta. Para acceder a la anciana y sacarla de su casa, les quedan por delante otras 30 personas que resisten a lo largo de las escaleras, a las que sacan una a una, agarradas de las manos y pies, tras retirar a las últimas 50 que defendían el portal. Los activistas de abajo avisan a los de arriba de que les están lanzando gas pimienta y la tos se escucha desde varios pisos más arriba. Vecinos del 2º B les dan leche para combatir el escozor y galletas. “Cincuenta policías para sacar a una señora mayor” y “este desahucio es un asesinato”, denuncian decenas de manifestantes al otro lado del cordón policial. A las 11.55, las escaleras quedan despejadas, todos fuera, y a las 12.25, terminan de evacuar a las personas que han pasado la noche con la mujer. A las 12.40, entra el Samur a por ella.

¿Y qué le espera a Maricarmen? Las personas que estaban con ella explican ya en la calle que la mujer se queda acompañada de su primo, que será quien la acompañe en la ambulancia. El familiar, que tiene cuatro hijos y una casa de 50 metros, le ofrece que se vaya con él unos días y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pone a disposición de Maricarmen “un recurso asistencial y habitacional para que, de manera inmediata, pueda disponer de un techo bajo el que pueda dormir, pueda descansar y pueda tratar de paliar o recuperarse de esa situación física y psíquica en la que se encuentra”, porque las administraciones “no pueden quitarse de en medio”. Una portavoz del área de Política Social señala que, Maricarmen puede ser trasladada a una residencia en la que hay disponibles “plazas de emergencia”, gratuitas. Finalmente, la mujer decide irse con familiares tras un chequeo en el Gregorio Marañón.