Cuando la cooperación internacional pasa de “dar voz” a escuchar

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En el espacio cooperativo La Traviesa, en el corazón del barrio madrileño de Antón Martín, el bullicio de la calle apenas atraviesa las paredes. Sentadas alrededor de una mesa, un grupo de mujeres conversa sobre una pregunta que rara vez ocupa titulares: ¿qué ocurre cuando las organizaciones que sostienen los cuidados, la igualdad y la democracia dejan de ser una prioridad para quienes financian el desarrollo? Procedentes de distintas latitudes, trabajan desde España sin perder un pie en los territorios donde acompañan a organizaciones de mujeres diversas, comunidades indígenas o afrodescendientes y disidencias sexuales. Hablan de financiación, pero también de poder, de confianza y de la necesidad de sostener movimientos que, desde hace décadas, amplían derechos allí donde el espacio democrático comienza a estrecharse.

“Intentamos no financiar proyectos; financiamos movimientos“, dice Alejandra Morales, colombiana y responsable de Comunicación y Alianzas Estratégicas de Fondo de Mujeres Calala. La frase resume un cambio de paradigma que cuestiona buena parte de la arquitectura tradicional de la cooperación internacional. Durante décadas, gran parte de la ayuda al desarrollo se organizó alrededor de proyectos con objetivos, indicadores y plazos definidos. Los fondos de mujeres, en cambio, parten de otra lógica: fortalecer organizaciones que ya existen, conocer su realidad e impulsar transformaciones desde sus comunidades.

“En el mundo de la filantropía hablamos de filantropía de la confianza“, añade Nana Ziani, franco-argelina y responsable de Programas de Calala. “No imponemos agendas; acompañamos las que ya existen”. La diferencia parece sutil, pero modifica profundamente la relación entre quien financia y quien recibe los recursos. El protagonismo deja de estar en el proyecto y vuelve a las personas y a los movimientos que sostienen ese trabajo cotidiano e impulsan cambios sociales transformadores.

Desde 2009, Fondo de Mujeres Calala desarrolla ese modelo en España, aunque sus raíces están en Centroamérica. Nació a partir de la experiencia de activistas de la región y hoy es el único fondo de mujeres del país. Forma parte de Prospera, la red internacional que agrupa a más de cuarenta fondos feministas de todo el mundo y que impulsa nuevas formas de redistribución de recursos, aprendizaje colectivo y colaboración entre movimientos.

Los fondos de mujeres surgieron precisamente para actuar como puente entre financiadores y organizaciones de base que, por su tamaño o estructura, suelen quedar fuera de los circuitos tradicionales de cooperación o filantropía.

Para Maureen Zelaya, salvadoreña y presidenta del Patronato de Calala, ahí reside la principal diferencia. “Muchas veces la cooperación solo mira a quienes ya son visibles. Nosotras intentamos llegar a lo que queda por debajo de ese radar: lideresas comunitarias, organizaciones pequeñas, voces críticas que sostienen los cambios desde sus propios territorios”. Su reflexión va más allá de la distribución de recursos. “No se trata de hablar por ellas, sino de reconocer que llevan décadas organizándose y construyendo respuestas propias”. La cuestión, insiste, no es quién da voz a esas organizaciones, sino quién está dispuesto a escuchar las voces que ya existen.

Ese enfoque también rompe con una mirada paternalista sobre el Sur Global. Más que exportar una determinada idea del feminismo, Calala acompaña organizaciones que construyen sus propias agendas desde sus contextos históricos, culturales y territoriales. Muchas ni siquiera se reconocen en las categorías tradicionales de la cooperación internacional porque sus luchas atraviesan al mismo tiempo la defensa del territorio, la justicia racial, los derechos de las mujeres, la diversidad sexual o la protección de los bienes naturales comunes.

“No trabajamos por temas porque los temas constriñen“, explica Margarita Morales, salvadoreña y responsable de Programas de Calala. “Las organizaciones no viven una sola desigualdad. Una colectiva de mujeres lesbianas puede estar defendiendo al mismo tiempo el territorio, los derechos sexuales y reproductivos o la lucha contra el racismo. Nosotras intentamos adaptarnos a esa realidad, no al revés”.

Esa lógica también transforma la manera de financiar. Muchas de las organizaciones con las que trabaja Calala son colectivos pequeños, algunos incluso informales, que difícilmente podrían competir en las grandes convocatorias locales o internacionales. “Intentamos amortiguar esa burocracia para que ellas puedan dedicar su tiempo a hacer política en el sentido más amplio del término: fortalecer sus comunidades y defender derechos”, explica Margarita. Lo importante es que sean las propias organizaciones quienes decidan qué necesitan en cada momento.

Ese trabajo adquiere una relevancia especial en un contexto de reducción de la ayuda internacional, cierre del espacio cívico y cuestionamiento de derechos que durante décadas parecían consolidados. En distintos países de Centroamérica, las organizaciones sociales afrontan mayores obstáculos administrativos, campañas de estigmatización y crecientes dificultades para acceder a recursos. “Los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales son un termómetro de la democracia“, afirma Margarita Morales. “Cuando esos derechos retroceden, suele ser una señal de que el conjunto del espacio democrático también se está estrechando”.

Quizá la aportación más innovadora de este modelo tenga que ver con el significado mismo de la protección. Cuando se habla de personas defensoras de derechos humanos, la conversación suele centrarse en el exilio, el refugio o los programas de acogida internacional. Las organizaciones con las que trabaja Calala plantean otra reivindicación: el derecho a quedarse.

“No queremos ser exiliadas; no queremos ser migrantes. Queremos poder permanecer en nuestros países y transformarlos”, resume Morales, evocando una idea que ha escuchado repetirse una y otra vez entre lideresas centroamericanas. Permanecer exige algo más que voluntad. Significa disponer de recursos para protegerse, cuidar a quienes sostienen las organizaciones y construir estrategias colectivas frente al desgaste que provoca defender derechos en contextos cada vez más adversos.

Por eso, explica, la financiación también puede servir para sostener medidas de seguridad, procesos de cuidado colectivo, apoyo psicosocial o espacios de sanación. La confianza vuelve a aparecer aquí como una decisión política: no son los financiadores quienes definen las prioridades, sino las propias organizaciones.

Valeria Flores, hondureña, conoce esa diferencia desde la experiencia. Mujer trans y defensora de derechos humanos, tuvo que abandonar su país en un contexto de violencia y persecución. Por eso distingue con claridad entre recibir una ayuda económica y sentirse realmente acompañada. “Calala no está solo para la foto. Acompaña y sostiene durante todo el proceso”, cuenta.

Mientras la conversación llega a su fin y el bullicio de Antón Martín vuelve a colarse por las ventanas de La Traviesa, queda la sensación de que el verdadero debate nunca giró únicamente alrededor del dinero. Lo que estaba sobre la mesa era otra pregunta: ¿quién decide qué luchas merecen ser sostenidas y cuáles quedan fuera del mapa de las prioridades globales?

Las mujeres de Calala no responden con una teoría ni con una fórmula. Responden con una práctica construida durante más de quince años: confiar en quienes ya están haciendo el trabajo, reconocer el liderazgo de las organizaciones que conocen mejor que nadie sus propios territorios y entender que acompañar también significa estar.

Porque los grandes avances sociales nunca aparecen de forma espontánea. Detrás existen comunidades que resisten, organizaciones que tejen alianzas y personas que, muchas veces lejos de los focos, amplían los márgenes de la democracia. Sostener los derechos también significa sostener a quienes los hacen posibles.