Cuando falta el agua: género, migración e inmovilidad climática en Marruecos y Senegal
En muchas regiones del norte de África y de África occidental, el cambio climático ya no se percibe como un escenario lejano, sino como una fuerza constante que reorganiza la vida. La escasez de agua, la degradación de los suelos y los fenómenos extremos no solo transforman los ecosistemas, sino que también alteran las formas de habitar el territorio, vivir y desplazarse.
En este contexto, las decisiones vitales cada vez están más condicionadas. Migrar, permanecer o quedar atrapado en un entorno degradado son distintas expresiones de una misma realidad: la pérdida progresiva de la capacidad de adaptación en un entorno cada vez más adverso.
Para abordar estas cuestiones el proyecto MIGRAGUA, una investigación internacional y multidisciplinar, analiza cómo la crisis hídrica está reconfigurando las dinámicas de movilidad humana en Marruecos y Senegal, con especial atención a las desigualdades de género a partir del trabajo de campo en distintas áreas rurales, urbanas y costeras de ambos países.
La crisis del agua se ha convertido en un indicador directo de desigualdad global. Cerca del 50% de la población mundial experimenta escasez de agua al menos durante una parte del año, según datos de UN-Water y el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la UNESCO. En Marruecos, la disponibilidad de recursos hídricos renovables ha pasado de aproximadamente 2.560 metros cúbicos por habitante en 1960 a unos 620 metros cúbicos por habitante en 2020, colocando al país en una situación de estrés hídrico estructural, de acuerdo con el Banco Mundial. Mientras que, en Senegal, la situación adopta otra forma de vulnerabilidad dominada por los problemas de distribución del agua, salinización de los suelos y los episodios de inundaciones costeras que afectan tanto a la agricultura como a los asentamientos urbanos.
Pero, más allá de las cifras, la escasez de agua se traduce en trayectorias vitales interrumpidas o forzadas, lo que implica desplazarse, resistir o no poder moverse.
Las sequías prolongadas, la desertificación acelerada por la escasez de lluvias o las mismas inundaciones cuando el agua llega de forma imprevista y descontrolada actúan como desencadenantes de migraciones internas e internacionales.
Como pudimos comprobar a través de nuestra experiencia previa de trabajo de campo en el proyecto “Migración, Cambio Climático y Cooperación para el Desarrollo. Flujos, impactos y coherencia de políticas en los casos de Marruecos y Senegal en relación con España”, el agua emerge como un factor estructural en los procesos de movilidad.
Las mujeres quedan en situaciones de inmovilidad forzada, atrapadas en comunidades degradadas mientras los hombres migran en busca de ingresos, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
En Senegal, la degradación de las tierras agrícolas afecta a amplias zonas rurales, mientras que el aumento del nivel del mar y la erosión costera han llegado a provocar la reubicación de barrios enteros en ciudades como Saint-Louis.
En Marruecos, el estrés hídrico y los eventos climáticos extremos incrementan la vulnerabilidad de la población tanto en áreas rurales como urbanas, reforzando dinámicas de desplazamiento progresivo, o también de sedentarización en poblaciones hasta ahora móviles como en el caso de los grupos nómadas.
El resultado es un escenario en crisis, donde en un contexto de creciente presión sobre los recursos, el agua condiciona tanto la salida de los territorios como la permanencia en ellos.
Género y desigualdad en la gestión del agua
En las zonas rurales de Marruecos y Senegal, las mujeres y niñas son las principales responsables de la recogida y gestión del agua. Cuando el recurso escasea, deben recorrer distancias más grandes, asumir una mayor carga de trabajo y enfrentarse a un riesgo más alto de abandono escolar, violencia o precariedad.
Sin embargo, la crisis climática no se traduce automáticamente en movilidad. En muchos casos, las mujeres quedan en situaciones de inmovilidad forzada, atrapadas en comunidades degradadas mientras los hombres migran en busca de ingresos, una dinámica ampliamente documentada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Las normas sociales, la falta de recursos económicos y las limitaciones en el acceso a la tierra restringen su capacidad de desplazamiento. A ello se suma el papel central que mujeres y niñas han de asumir en el cuidado del hogar y la gestión cotidiana de los recursos, lo que refuerza su permanencia en el territorio, incluso cuando las condiciones de vida se deterioran notablemente.
El resultado es una paradoja persistente, ya que las mujeres que sostienen la vida cotidiana en contextos de crisis son también quienes tienen menos margen para abandonarlos; cargando así no solo con las responsabilidades asignadas tradicionalmente, sino también con la tarea de hacer frente a los efectos del propio cambio climático.
El proyecto de investigación en curso, cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cuestiona una idea extendida en el debate climático, según la cual, la migración es siempre una opción accesible.
Pero, lo cierto es que la movilidad está profundamente condicionada por las desigualdades económicas, sociales y de género. De modo que, mientras algunos hombres migran como estrategia de adaptación, muchas mujeres permanecen en entornos cada vez más degradados, asumiendo una carga creciente de trabajo doméstico, agrícola y de cuidados.
Esta combinación de movilidad e inmovilidad revela una dimensión menos visible del cambio climático que no solo impulsa el desplazamiento de las personas, sino que también las mantiene en territorios donde la vida se vuelve cada vez más frágil, especialmente en zonas rurales donde la dependencia del agua es absoluta.
La movilidad está profundamente condicionada por las desigualdades económicas, sociales y de género
El proyecto de investigación incorpora también el análisis del papel de las diásporas como actores clave en la adaptación al cambio climático.
Más allá de las remesas económicas, las comunidades migrantes transfieren conocimientos, tecnologías y prácticas de gestión del agua, como sistemas de riego más eficientes o el uso de energía solar para el bombeo.
No obstante, estas innovaciones deben integrarse en estrategias de gestión sostenible, ya que su uso sin planificación puede contribuir a la sobreexplotación de los recursos hídricos, o la generación de otras desigualdades entre quienes tienen acceso y los que no a las nuevas tecnologías.
El proyecto MIGRAGUA, que se desarrollará hasta 2028 con el apoyo de un equipo multidisciplinar de universidades y centros de investigación de España, Marruecos y Senegal, aspira a trascender el ámbito académico para influir en las políticas públicas de cooperación internacional, integrando de forma coherente las dimensiones de agua, género y migración.
En un mundo donde el cambio climático redefine las fronteras de la habitabilidad, la crisis del agua se consolida como algo más que un problema ambiental: es una cuestión de derechos humanos, desigualdad y futuro.



