Ceuta: se trata de niñas y niños

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, de hecho, de la civilización humana”. Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990

El artículo 1 de la Convención sobre los derechos del Niño, del que España forma parte, declara: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (no es el caso de España).

La crisis de Ceuta afecta, pues, a niños, de acuerdo con dicha convención y con la legislación española, Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y Código Civil (art. 240), que dispone que la mayoría de edad comienza a los 18 años cumplidos.

El 6 de marzo de 2007, firmé en Rabat, junto con Abderrahim Harouchi, ministro de Desarrollo Social, de la Familia y de la Solidaridad del Reino de Marruecos, el Acuerdo entre el Reino de España y el de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, aunque las diversas fases del procedimiento de ratificación impidieron que entrara en vigor hasta el año 2013.

Nos enfrentamos, pues, a una realidad antigua, difícil, sensible, en muchas ocasiones trágica, como en este momento, que solo puede tratarse con estricto respeto al marco legal vigente. Los sembradores de cizaña y odio intentan confundir errando en la etiología de este fenómeno. No se trata de una migración clásica, de raíz económica. Estas niñas y niños pertenecen a familias con graves dificultades, pobres, sin futuro, desestructuradas; muchos de ellos se encuentran solos, sometidos a violencia o abusos y solo encuentran, arriesgando su vida, la salida de huir de sus entornos para buscar un futuro mejor.

El Acuerdo mencionado, cierto, ha tenido escasa aplicación porque, como se indica expresamente en su artículo 5, la resolución acerca del retorno de estos niños debe hacerse con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que no permite una devolución, ni automática ni colectiva. El acuerdo de 2007 daba prioridad a la reunificación familiar efectiva y ese debe ser el criterio prioritario. Pero para ello, hay que respetar las leyes y los procedimientos.

Cuando escucho al señor Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, exigir la devolución inmediata de todos, mayores, niños y solicitantes de asilo, por la frontera del Tarajal, puedo comprender su angustia y preocupación, propias de alguien a quien respeto, con quien ya traté de estos asuntos más de 20 años atrás. Pero debe recordar que en un Estado de derecho es imprescindible respetar la Ley, lo que no se hizo con las devoluciones del año 2021, anuladas por el Tribunal Supremo en Sentencias 86 y 87 del 22 de enero de 2024, declarándolas expresamente ilegales, lo que es más grave aún, indicando que vulneraban el artículo 15 de la Constitución española en relación con la integridad física y moral de los menores expulsados, pues no se ponderó el interés superior del menor y se llevaron a cabo de modo colectivo, no individual, contraviniendo también el Convenio Europeo de Derechos Humanos del que somos parte.

Aunque la Abogacía del Estado alegó que Marruecos estaba de acuerdo con las devoluciones, según lo acordado en 2007, que se encontraban en su entorno familiar y en buenas condiciones, el Supremo afirmó que eso no dispensaba a España de cumplir su Constitución y sus leyes.

En un Estado de derecho, las normas se cumplen o se modifican por las vías establecidas. Y los convenios internacionales se aplican o se denuncian y se abandonan; lo que, en este caso, resultaría en un atraso civilizatorio inconcebible para un país desarrollado como España. Por tanto, la devolución de los niños y niñas a su entorno familiar o a las instituciones tutelares de menores en Marruecos —opción sin duda preferente— debe seguir un procedimiento claramente establecido: los expedientes serán individuales tras la identificación del menor, la comprobación de su nacionalidad y situación familiar; se debe dar audiencia al mismo (con participación de la fiscalía que debe informar), valorar el interés superior del menor, hacer una resolución individual de retorno o permanencia (con autorización judicial), si procede, iniciar el retorno con reunificación familiar o la tutela adecuada.

Esta es la grandeza del Estado de derecho: cumplir las normas para la protección y el desarrollo de las niñas y los niños. Una cuestión diferente son los medios precisos para tramitar los expedientes, a cuyos efectos debe el Estado hacer un esfuerzo máximo e inmediato para proporcionarlos. Lo que no se puede admitir, en modo alguno, es la devolución colectiva sin respetar el procedimiento indicado.

Ya se sabe el papel que está jugando la derecha española en esta crisis: olvidarse de los niños y atacar al Gobierno de España. Olvidar que, en ocasiones, es preciso adoptar una posición de Estado y de unidad ante crisis tan graves. Ni siquiera parecen dispuestos a cooperar con la ciudad de Ceuta en el reparto de los menores, si fuere preciso, entre las diversas comunidades autónomas. El PP dice que aplicará la ley, pero pone tales condiciones que lo hacen imposible. Y su aliado, Vox, no se priva de rechazar tajantemente esa posibilidad.

También escuchamos su apelación continua al uso de la autoridad y la fuerza si fuera necesario para “resolver” el problema, poniendo a los niños en la frontera. Siempre actúan igual: se muestran fuertes con los débiles y desvalidos, serviciales y complacientes con los poderosos; ni una palabra sobre el daño que Donald Trump está infligiendo a los intereses nacionales con su posición sobre Ceuta, considerando legítimas las reivindicaciones de Marruecos sobre la ciudad., de paso, utilizando la crisis para aventar su discurso favorito de rechazo a la inmigración.

Estos son los hechos, la realidad a la que nos enfrentamos, frente al ruido ensordecedor de quienes solo quieren fracturar la sociedad española.