Ceuta: qué es distinto esta vez
La crisis anterior de 2021 no solo mostró imágenes parecidas sino que la secuencia de los acontecimientos fue muy similar. Parecería un déjà vu si no fuera porque las diferencias también son importantes y dicen mucho del momento en el que nos encontramos.
La primera, y más evidente, son los números. Si en 2021 entraron entre 8.000 y 10.000 personas, esta vez fueron en torno a las 80.000. Este aumento exponencial se explica por la disposición creciente de miles de jóvenes a saltar al otro lado en cualquier momento. Están dispuestos a dejarlo todo (incluso la vida) porque en el fondo sienten que no dejan nada, ni trabajo ni derechos. Si no puedes cambiar el país, cambias de país. Los números también se explican por el efecto de las redes sociales. Todavía es temprano para saber por qué ahora ha sido mayor: podría ser porque ha habido más ganas, porque los actores detrás son otros (o son varios) o porque se les ha ido de las manos.
Otra diferencia está en la interpretación. Entonces el Gobierno marroquí reconoció que se trataba de una seria advertencia y el español lo acusó de “chantaje”. Ahora el Gobierno marroquí ha negado cualquier responsabilidad y el español ha evitado la confrontación, culpando en su lugar a “las mafias” y los algoritmos de las redes sociales. Cuesta imaginar que un acontecimiento de tal magnitud pueda pasar sin la intervención (por acción u omisión) del Gobierno marroquí. Cuesta también entender qué papel podrían tener las mafias si la mayoría de los que entraron lo hicieron sin tener que pagar a nadie. Lo que sí está claro es que España depende de Marruecos para restablecer el control de la frontera y garantizar los retornos. Para no perder la confianza de unos, ha acabado perdiendo la confianza (al no dar explicaciones claras) del resto.
Pero también hay diferencias en la cuestión de los retornos. Si bien la pretensión ha sido siempre devolverlos a todos cuanto antes, el contexto ha cambiado. Entonces, se justificó como la mejor manera de responder con firmeza ante la “agresión” de Marruecos. Así también es como se legitimaron las devoluciones en caliente de menores en agosto de 2021. Ahora, si bien la presión por deportarlos es mayor, también es mayor la presión por cumplir la ley: las distintas sentencias que confirmaron la “absoluta inobservancia” del procedimiento legal y la vulneración de derechos de los menores en la crisis anterior reducen el margen de maniobra del gobierno.
¿Cómo escapar entonces a la disyuntiva entre, por un lado, mostrarse duro en frontera y retornarlos a todos, por otro, hacer cumplir la ley? En las primeras largas semanas, con una política de no acogida y de confinamiento. La política de no acogida implica dejarlos en condiciones de indigencia (sin techo ni comida) y asume que así los que llegaron se irán y los que están por venir se lo repensarán. La política de confinamiento consiste en dejarlos encerrados en contextos de frontera, evitando que se desplacen a otros lugares, a la espera de ser retornados cuanto antes. Una y otra, como también vimos en Lesbos, crean crisis humanitarias que acaban afectando no solo a las personas migrantes sino también aquellos que viven en esas geografías confinadas. La situación explosiva en Ceuta lo confirma.
Finalmente, esta vez también es distinta (o más bien opuesta) la respuesta de la UE y sus Estados miembros. Entonces, los representantes políticos apoyaron unánimemente el gobierno español y pidieron repetidamente el compromiso de Marruecos, recordándole que si no cooperaba podía acabar perdiendo “un buen negocio”. Junto con el caso de la frontera greco-turca antes y la polaca con Bielorrusia después, la crisis de Ceuta de 2021 fue determinante para conceptualizar “la instrumentalización de la inmigración” como nueva “amenaza híbrida”. El resultado fue el reglamento sobre las situaciones de crisis y de fuerza mayor, que es parte del Pacto Europeo de Migración y Asilo y que limita el acceso al asilo bajo estas circunstancias.
En contraste, esta vez 22 Estados miembros han firmado una carta donde implícitamente se cuestiona España por su control de la frontera exterior y sitúa la regularización extraordinaria como uno de los principales factores de atracción. Sin enemigo exterior ante el que cerrar filas, ahora se culpa a España. Yendo a contracorriente de los aires antinmigración que soplan en el resto de Europa, no es de extrañar. La carta pone en evidencia que ya no estamos ante esa UE que respondió dividida a la crisis de recepción de refugiados de 2015. La gran mayoría pide políticas duras. Pero olvida que sus políticas innovadoras no hacen sino reforzar la dependencia con terceros países, que es justo lo que está a la raíz del problema hoy en Ceuta.
La comparativa entre 2021 y 2026 muestra que estamos ante imperativos contradictorios de difícil resolución: más control implica más dependencia con terceros países, al menos en el marco actual; más dependencia implica menos capacidad de negociación; más dureza no es compatible con el marco legal nacional, europeo e internacional; y la exclusión y el confinamiento, como paso previo a la supuesta deportación, no son sino la otra cara del conflicto, que lleva a demandas de más control.
