Ceuta no amenazó a Europa. La respuesta de Europa sí

La semana pasada, unas 72.000 personas intentaron cruzar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, una de las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Al menos 72 personas murieron en el lado español, ahogadas o aplastadas contra el espigón, mientras las autoridades locales temen que la cifra final pueda ser aún mayor.

Aunque el incidente puso de manifiesto graves fallos en la gestión fronteriza, la asistencia humanitaria y la cooperación de Marruecos con España, no justifica las conclusiones a las que llegaron varios dirigentes europeos y no europeos: que Ceuta representó una “invasión” de Europa.

En 48 horas, las autoridades españolas y marroquíes habían restablecido el orden. Unos 70.000 personas fueron devueltas a Marruecos, mientras que quienes permanecieron eran, en su mayoría, menores no acompañados o personas cuyos casos seguían siendo tramitados. Nadie llegó a la España peninsular y quienes entraron en Ceuta no podían continuar hacia el espacio Schengen.

Esta distinción importa. Ceuta fue una crisis mortal en una de las fronteras exteriores de Europa, no un colapso de las propias fronteras de Europa.

Sin embargo, muchos dirigentes europeos la trataron como si fuera algo mucho mayor. Una pérdida temporal de control se convirtió en una prueba de si un principio que sustenta el proyecto europeo, que la presión sobre una frontera exterior es una responsabilidad compartida, seguía vigente. Y, en esa prueba, muchos gobiernos fracasaron.

Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, sostuvo que el episodio estaba relacionado con el “efecto llamada” creado por el programa español de regularización de inmigrantes. Ursula von der Leyen condenó el incidente por ser “inaceptable” y pidió devoluciones rápidas, pero inicialmente ofreció a España un apoyo político limitado y apenas dijo nada sobre el papel de Marruecos en el incidente. Italia introdujo entonces controles fronterizos para las llegadas procedentes de España, mientras Giorgia Meloni y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, promovieron una carta firmada por 22 dirigentes de la UE que repetía el argumento de que el programa español de regularización había contribuido a la crisis. Dinamarca, República Checa y Finlandia también respaldaron excluir a España de la libre circulación, alegando la posibilidad de que personas ya presentes en el espacio Schengen pudieran seguir viaje.

Ninguna de esas afirmaciones resiste el escrutinio. En realidad, jóvenes marroquíes fueron inducidos a dirigirse a Ceuta por la falsa promesa difundida por una campaña en redes sociales que tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo según la cual quienes alcanzaban el enclave a nado no podían ser devueltos de forma sumaria sin haber tenido antes acceso a los procedimientos legales ordinarios. De hecho, el programa español de regularización solo se aplicaba a personas que ya vivían en el país o a solicitantes de asilo que hubieran presentado su solicitud antes de finales de 2025. El programa concluyó el 30 de junio, un mes antes de los cruces de Ceuta, y no ofrecía ninguna vía legal para quienes llegaran en julio. En Ceuta, quienes permanecían en el enclave no podían seguir viaje porque ya existían controles de salida.

La cuestión nunca fue si Europa debía controlar sus fronteras. Debe hacerlo, y lo hace. La verdadera cuestión era si la presión sobre la frontera exterior de Europa seguiría tratándose como una responsabilidad compartida o pasaría a convertirse en un motivo para que los gobiernos se volvieran unos contra otros.

El contraste con Lampedusa demuestra que no se trataba simplemente de una cuestión de gestión fronteriza, sino de solidaridad política. En 2023, cuando unos 10.000 migrantes llegaron a Lampedusa en cuatro días, una isla italiana que se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada a la UE a través del Mediterráneo, Von der Leyen viajó allí junto a Meloni y declaró que la migración irregular era un “desafío europeo” que requería una “respuesta europea”. A diferencia de Ceuta, quienes llegaban a Lampedusa podían desplazarse con mayor facilidad por el espacio Schengen, lo que hacía del movimiento secundario una preocupación más inmediata. Sin embargo, Italia fue tratada como un Estado miembro que soportaba una carga común. España fue tratada como un gobierno cuyas propias decisiones migratorias habían contribuido a crear el problema.

Esta diferencia refleja un cambio en el debate europeo sobre migración y la realidad más amplia de que la extrema derecha ya no necesita gobernar para dictar la respuesta de la Unión Europea. Meloni contribuyó a iniciar la presión sobre España, pero Weber, Frederiksen, una dirigente socialdemócrata, y otros líderes convirtieron un argumento partidista en la posición oficial de 22 gobiernos. La solidaridad pasó a ser condicional y Schengen se convirtió en un instrumento político para presionar a gobiernos cuyas políticas migratorias muchos dirigentes europeos rechazaban. El resultado no fue solo una mayor fragmentación interna, sino también una vulnerabilidad que actores externos no tardaron en explotar.

El presidente estadounidense Donald Trump presentó Ceuta como una advertencia a los votantes estadounidenses sobre los riesgos de una migración sin control. JD Vance la describió como una “invasión de Occidente”. Elon Musk comparó los cruces con la película de zombis World War Z. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania informó de que más de 1.500 publicaciones relacionadas con Ceuta circulaban por redes prorrusas encabezadas por los medios estatales Pravda y RT. Los políticos europeos no crearon esos relatos, pero, al difundir mensajes similares, facilitaron su amplificación mientras omitían su posible naturaleza de guerra híbrida.

La importancia duradera de Ceuta reside menos en lo que ocurrió en la frontera que en la respuesta política que vino después. Un momento de desorden local se convirtió en una prueba de la cohesión europea. Los acontecimientos de la semana pasada exigen una investigación exhaustiva sobre las redes de tráfico de personas, la actuación de Marruecos, la preparación de España y la legalidad de las devoluciones. Pero no deberían ocultar la lección de fondo: Ceuta no demostró que Europa no pueda defender sus fronteras. Demostró hasta qué punto las divisiones políticas pueden convertir una emergencia fronteriza local en una amenaza para la solidaridad europea. España merecía escrutinio, pero también merecía apoyo. Cuando la solidaridad pasa a depender de la afinidad política, Schengen deja de ser una Unión y se convierte en una moneda de cambio, una que nuestros adversarios ya saben perfectamente cómo utilizar.

Alberto Alemanno es académico, autor y una de las principales voces en favor de la democratización de la Unión Europea. Es Democracy Fellow en la Universidad de Harvard, catedrático Jean Monnet en HEC París y fundador de The Good Lobby.