Adiós al polémico juez Peinado: ¿qué legado deja el instructor del ‘caso Begoña Gómez’?

El magistrado Juan Carlos Peinado cuelga la toga este domingo: cumple 72 años, como marca la ley, ha alcanzado la edad máxima para seguir ejerciendo. El juez instructor, un desconocido cuando se hizo cargo del caso Begoña Gómez en abril de 2024, se marcha seis días después de mandar al banquillo por primera vez a la esposa de un presidente del Gobierno y convertido en una figura muy controvertida. Visto como un héroe por un sector de la derecha; como un “prevaricador” por el Ejecutivo y por las fuerzas de izquierdas; y criticado en público (y mucho más en privado) dentro de la propia carrera jurídica. Su chirriante investigación sobre la pareja del socialista Pedro Sánchez ya forma parte de la reciente historia de este país. Pero, ¿qué legado deja?

“Tras una instrucción errática y tantas veces rectificada, la imagen que queda de la justicia no es buena”, advierte Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. En esa misma línea ahonda el magistrado Joaquim Bosch, portavoz territorial de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia: “Afecta a la imagen de imparcialidad y a la propia credibilidad del sistema”.

Una posición que no comparte María Jesús del Barco, presidenta de la conservadora APM (Asociación Profesional de la Magistratura) y decana de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde ejerce el instructor. “Con Peinado ha habido un ensañamiento”, lo defiende. “Solo ha hecho su trabajo. Se le ha puesto en la diana y se ha tratado de desprestigiar su labor por investigar a alguien del entorno del presidente”.

La instrucción de Juan Carlos Peinado ha resultado cuestionada desde el mismo arranque. El magistrado abrió sus pesquisas tras recibir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, basada fundamentalmente en recortes de prensa (y que contenía, incluso, algún bulo publicado en la web). A partir de ese momento, impulsó una expansiva investigación repleta de excesos (como los registros en la casa y compañías del empresario Juan Carlos Barrabés, anulados por falta de fundamentación) y excentricidades (como la petición de una tarima para interrogar en La Moncloa a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes). Al extenso listado se suman imputaciones invalidadas, multas a los abogados, delitos que han quedado en nada, la retirada del pasaporte a la esposa de Sánchez alegando que podía ayudarla su escolta policial, el empeño en indagar en el rescate de Air Europa pese a que la Audiencia Provincial de Madrid se lo prohibió varias veces por apoyarse en “conjeturas”.

Este proceder del magistrado no solo se ha topado con la firme censura de las defensas, sino también con la oposición de la Fiscalía (le reprochó que idee “confabulaciones”) y la incomodidad de las propias acusaciones populares. “Yo hubiera preferido un juez instructor más pulcro”, admite Víctor Soriano, actual abogado de Manos Limpias. “Peinado no representa la calidad técnica que habitúa a verse en el Poder Judicial. El procedimiento se ha conducido de una forma inusual, en un caso de esta enorme trascendencia pública, me preocupa la percepción que deja en la ciudadanía”, añade el letrado, que asumió la representación del colectivo cuando el caso ya llevaba meses comenzado, y que mantiene que debe archivarse la imputación del delito de malversación atribuido a la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa. La asociación ultracatólica Hazte Oír, que lidera las acusaciones populares, también llegó a reclamar al juez que argumentase más sus resoluciones.

Crispación e insultos

El impacto en la ciudanía ha resultado mayúsculo y ha generado una enorme crispación, azuzada ante cada paso que daba Peinado. Durante dos años, cada vez que el juez citaba a la esposa del presidente o a algún imputado o testigo, un grupo de manifestantes de ultraderecha se apostaba a las puertas del juzgado para proferir gritos e insultos. A Antonio Camacho, quien fuera abogado de la pareja de Sánchez, le han llegado a acosar, incluso, le tiraron unas esposas un día. En otra ocasión, un agitador ultra se saltó el cordón de seguridad (ante la inacción de la Policía) para acercarse al empresario Juan Carlos Barrabés cuando entraba al edificio ayudado por dos personas y apoyado en bastones debido a las secuelas provocadas por la grave enfermedad que ha sufrido.

“En general, los casos mediáticos hacen mucho daño a la justicia”, incide el catedrático Nieva-Fenoll, que remacha: “Pero, además, últimamente estamos viendo muchos casos que generan muchas dudas de si se centran en algo delictivo. Y el caso Begoña Gómez es uno de ellos”. El magistrado Bosch añade: “Precisamente, en un caso de tanta relevancia, hubiera sido preferible una instrucción que no generase tanta controversia y sumase tantas decisiones discutibles”. En estos meses, ese impacto que la instrucción de Peinado ha provocado en la imagen de la justicia ha preocupado en una parte de la cúpula del Poder Judicial, que veía además que varias encuestas recogían cómo la mala percepción se extendía como una mancha de aceite.

De hecho, un sondeo de 40dB. publicado por EL PAÍS refleja que el sumario de Peinado ha permeado en una amplísima parte de la opinión pública: un 90% de los españoles ha escuchado hablar del caso Begoña Gómez y un 60% afirma que conoce “muy bien” esas pesquisas —porcentaje que se dispara hasta el 75% entre los votantes del PP, que ha convertido esta causa en una de sus armas arrojadizas contra el Gobierno—. Sin embargo, según esa encuesta, ninguna otra instrucción genera tantos recelos. Solo un 35% cree que se sustenta en indicios sólidos y un 35,9% considera que responde a razones políticas; frente, por ejemplo, al 51% que ve justificado el caso abierto contra José Luis Ábalos y al 17% que cuestiona las pesquisas activadas contra el exministro.

La Audiencia de Madrid ha intervenido bastante para corregir, encauzar y podar la investigación de Peinado. El tribunal ha marcado buena parte de la senda a seguir para llegar a juicio con jurado. Como ejemplo, el instructor consideró en un principio que la malversación no se le podía atribuir a Begoña Gómez y su asistente. Él quería escalar hasta La Moncloa y solicitó al Tribunal Supremo que imputase al ministro Bolaños por ello; pero la máxima instancia lo rechazó de forma contundente. Así que el juez se aferró a una vía que le había posibilitado previamente el tribunal provincial para encausar a ambas por ese delito. José María de Pablo, abogado de la ayudante de Gómez, ha advertido de ese giro de 180 grados: “Peinado cambia de criterio. De modo que los mismos hechos que antes no podían encajar en el tipo delictivo, ahora encajan como un guante”.

Nouna Lozano, abogada de Hazte Oír, minimiza la influencia de esas correcciones sobre el fondo de las pesquisas: “Estamos ante un proceso complejo, que ha tenido como primer elemento disruptivo que la Fiscalía no acusa. La Audiencia lo que ha hecho es poner orden, pero ha avalado en buena medida la instrucción”. La magistrada Del Barco refuerza esa tesis: “Peinado ha investigado ante la existencia de indicios racionales de criminalidad. La Audiencia de Madrid dijo adelante y ha confirmado la mayoría de sus resoluciones. Precisamente, que haya aceptado algunos recursos, es una garantía de que el sistema funciona”.

El juez Joaquim Bosch discrepa: “No es habitual que haya tal magnitud de revocaciones en una instrucción., sobre todo, relativas a decisiones tan importantes y nucleares”. “Nunca he visto nada así. Es anormal”, profundiza el profesor Nieva-Fenoll. La puntilla llegó el pasado julio, cuando el tribunal provincial le anuló la retirada del pasaporte de la esposa del presidente y le echó por tierra dos de los cuatro delitos que Peinado atribuía a Begoña Gómez (apropiación indebida y corrupción en los negocios). Aunque, a su vez, le dio luz verde para enviarla al banquillo por otros dos (malversación y tráfico de influencias). Por ellos, Hazte Oír le pide 13 años de prisión.

Tensión política

El caso Begoña Gómez ha agudizado también el clima de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, marcado por las acusaciones de lawfare que sobrevuelan el ambiente desde que se aprobó la amnistía a los líderes independentistas catalanes y el sector conservador de la magistratura se manifestó con las togas puestas contra un acuerdo político. En este sentido, La Moncloa ha visto en los excesos de Peinado una “persecución” para tumbar al Gobierno de izquierdas y ha verbalizado las duras críticas al instructor de forma clara y en público. Es más, en nombre del presidente, la Abogacía del Estado se querelló contra él por prevaricación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni siquiera admitió a trámite la denuncia.

Este es otro de los asuntos que ha provocado malestar en la izquierda: que las instancias superiores no se hayan pronunciado de forma más clara contra actuaciones de Peinado (no solo la Audiencia en el seno de la causa, sino también en el régimen disciplinario). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acumulado denuncias contra el magistrado. El propio órgano le abrió una investigación de oficio por asegurar que la Policía ayudaría a Gómez en una fuga. Más Madrid puso una queja porque, mientras impulsaba con ahínco la causa contra la pareja de Sánchez, se le pasaron los plazos de otra investigación que afectaba a un alto cargo del popular José Luis Almeida, alcalde del Ayuntamiento de Madrid por el PP, lo que le obligó a archivar el caso. El abogado de Manos Limpias ha presentado otra por las malas formas con las que, según indica, lo echó de una sesión de la instrucción. Y Félix Bolaños protestó por las “irregularidades” que cometió al interrogarlo como testigo en La Moncloa. Sin embargo, nada ha prosperado. El ministro habla de “impunidad” y subraya que se “alimenta” así “una percepción de un corporativismo nocivo”.

Peinado, que ejerció como secretario de Ayuntamiento en los ochenta, ingresó en la carrera judicial en 1994. Muy esquivo con la prensa, durante años pasó desapercibido para el gran público. Según lo califican varios abogados que han llevado casos en su juzgado, siempre ha sido un magistrado “impredecible” y “estrafalario”. Pero su nombre no trascendía y sus decisiones apenas escribían algunas páginas de periódicos. Como la citación como imputado de Almeida en 2020 por el cierre de los parques en pandemia, que retiró a los pocos días para no “estigmatizarlo” y acabó archivada; o la investigación contra 12 periodistas por publicar datos del sumario del caso de los CDR catalanes, que anuló y rectificó tras un recurso de la Fiscalía. Sin embargo, desde abril de 2024, todo ha cambiado. Su apellido abre ahora los informativos. Hasta esta misma semana, cuando volvió de unos días de vacaciones para tomar la decisión más trascendente de su carrera: abrir juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno. Algo nunca visto en la historia democrática de España.