Cárdenas Palomino cumple la condena por torturar a la familia Vallarta, pero sigue en prisión por el ‘caso Rápido y Furioso’

En el primer minuto de la noche de este martes, Luis Cárdenas Palomino ha cumplido su condena de cinco años y tres meses por tortura. Sin embargo, el exfuncionario de Seguridad va a seguir en prisión por el caso Rápido y Furioso, según ha podido confirmar este periódico, en el que está acusado de omisión en el tráfico de armas. El que fuera la mano derecha de Genaro García Luna fue detenido en 2021 y condenado el año pasado por torturar a cuatro personas: Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta (hermano y sobrino de Israel Vallarta), y a los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada. Los Vallarta se inconformaron por el tiempo de la pena, que la familia califica de “mínima y ridícula”, pero el Tribunal de Apelaciones todavía no se ha posicionado. Tanto Mario como Sergio siguen en prisión, acusados de pertenecer a Los Zodíaco, a pesar de que Israel Vallarta y Florence Cassez —quienes habían sido presentados como los líderes de la banda— han sido liberados.

El origen de esta historia está, como el de tantas otras, en la madrugada del 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas. Ahí se grabó el mayor montaje televisivo de México: la supuesta detención en flagrancia de una banda de secuestradores, liderada por una mujer francesa, Florence Cassez, y un hombre mexicano, Israel Vallarta. Cárdenas Palomino, que era en ese momento director de investigación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), fue quien llamó a la prensa para cubrir el arresto “en directo” y quien aparece incluso frente a las cámaras golpeando a Israel.

Cuando las piezas de la fabricación comienzan a caer, Cárdenas Palomino y García Luna redoblaron la apuesta. En 2009 —cuando el conflicto diplomático con Francia por la liberación de Cassez arreciaba—, la Secretaría de Seguridad federal detuvo a René Vallarta, hermano de Israel, y a sus sobrinos Alejandro y Juan Carlos Cortés Vallarta. Para justificar estos arrestos, las autoridades se llevó también a David Orozco, un comerciante, quien entre titubeos y errores incriminó a los Vallarta en un video. Fue Cárdenas Palomino quien presentó estas pruebas y a la supuesta red de criminales: Los Zodíaco.

Orozco, quien declarara después ante un juez haber sido secuestrado por los policías y torturado para grabar esas imágenes, morirá en prisión en 2015. “Me parece difícil hablar de un momento más aciago en esta historia plagada de engaños y abusos de autoridades: el instante en que, impuesta la razón de Estado, a un montaje se le suma otro, para satisfacer al presidente, el Gobierno mexicano utiliza todo su poder contra una sola familia”, escribió Jorge Volpi en su investigación Una novela criminal.

En 2012, la policía detuvo a Mario Vallarta, Sergio Cortés Vallarta (hermano de Alejandro y Juan Carlos), y a los hermanos Estrada. Las torturas que sufrieron son por las que Cárdenas Palomino —quien entonces ya era titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, uno de los cargos de mayor relevancia dentro la corporación— fue condenado años después.

En 2013 liberaron a Cassez gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El alto tribunal revocó la condena a Cassez e invalidó la sentencia a 60 años que le habían dado por las violaciones cometidas en su proceso: la policía no tenía orden de arresto, no llevó a los detenidos ante el ministerio público, no se respetó la presunción de inocencia y todo formó parte de una “escenificación ajena a la realidad”. Hubo que esperar otros tres años para que liberaran a René, Alejandro y Juan Carlos, en 2016, y hasta el 2025 para que saliera Israel Vallarta, quien estuvo dos décadas en prisión sin sentencia.

Los otros casos

La orden de aprehensión pr las torturas contra Cárdenas Palomino se lanzó en 2020. Él fue detenido un año más tarde y condenado efectivamente apenas el año pasado. Pero la familia Vallarta no es el único caso contra Cárdenas Palomino. El exfuncionario fue acusado dentro de la operación Rápido y Furioso, donde se le imputaba no haber impedido que entraran armas a México.

Este operativo ocurrió entre 2009 y 2011 cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) permitió la salida de 2.500 armas ilegales a México. El plan, que buscaba rastrear las actividades de los cárteles de la droga a través del armamento, fracasó y el rastro de las armas se perdió. En febrero de 2011, una de ellas acabó con la vida de un agente estadounidense en San Luis Potosí. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a García Luna, Cárdenas Palomino y otro grupo de funcionarios de que sabían de este operativo “absolutamente ilegal”, conocían que El Chapo era quien recibió el armamento y no hicieron nada para impedirlo.

En enero de 2022, cuando Cárdenas Palomino ya estaba en Almoloya, se obtuvo la orden de aprehensión en su contra. Esta causa fue tumbada dos años después por una jueza que determinó que la FGR no aportó evidencias para llevar al exfuncionario a juicio. El expedientado accidente subió entonces a un Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en Sonora, que revocó la decisión de la jueza, porque consideró que sí hay elementos para continuar el proceso y ordenó restablecer la situación procesal de Cárdenas Palomino. Los magistrados dictaron prisión formal para Cárdenas Palomino. Él se amparó, pero otro tribunal, ahora en Tijuana, se lo negó. Esa es la razón por la que hoy sigue todavía en la cárcel.

Además, al otro lado de la frontera, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Cárdenas Palomino en 2020 de narcotráfico junto a García Luna y a Ramón Pequeño. La oficina de la Fiscalía en el este del Estado de Nueva York, encargada del caso, les imputaba a los tres haber ayudado al cartel de Sinaloa a traficar droga “desde el 2001”. Durante casi dos décadas, los tres funcionarios ocuparon posiciones de poder en prácticamente todas las oficinas de seguridad federales, sobre todo durante los gobiernos del PAN, primero con Vicente Fox (2000-2006) y luego con Felipe Calderón (2006-2012).

En 2024, García Luna fue sentenciado a 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos. El exfuncionario, alguna vez considerado uno de los hombres más poderosos y temidos de México, selló su destino —en la misma corte de Nueva York y ante el mismo juez que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán― por recibir sobornos millonarios y colaborar durante más de dos décadas con el Cartel de Sinaloa.