Claves de la vista del Supremo en el caso contra las petroleras. ¿Qué se juzga? ¿Cuáles son las repercusiones?
La primera vista del periodo de sesiones del Tribunal Supremo trató este lunes uno de los procesos más trascendentes para el sector energético estadounidense: el caso Boulder contra Suncor Energy, un litigio considerado una de las grandes batallas sobre las responsabilidades del cambio climático. En un proceso que es visto como ejemplo de una disputa desigual al estilo de David y Goliat, la ciudad de Boulder (Colorado) demandó a dos petroleras exigiendo responsabilidades por el cambio climático. Los jueces del Supremo han escuchado durante cerca de dos horas los argumentos de las partes y han preguntado a los abogados sobre cuestiones técnicas y competencias. Estas son las claves de uno de los procesos judiciales más relevantes de los próximos meses.
¿Cómo se inició el caso?
Varios funcionarios de la ciudad de Boulder, una pequeña localidad de poco más de 100.000 habitantes situada a poco menos de 50 kilómetros de Denver (Colorado) decidieron en 2018 interponer una demanda ante un tribunal estatal contra Suncor Energy, que opera dos refinerías en Colorado, y Exxon Mobile, por los daños que su actividad ha causado sobre el medioambiente y las consecuencias que ha tenido para el cambio climático.
¿Qué reclaman los funcionarios de Boulder?
Boulder, conocida por sus políticas progresistas y pionera en la defensa del medio ambiente, reclamó una indemnización a las empresas por los gastos en los que había incurrido para proteger sus instalaciones y las propiedades de sus vecinos de los efectos del cambio climático, con tormentas e incendios cada vez más frecuentes y virulentos.
En la denuncia, Boulder y el condado del mismo nombre acusan a las petroleras de haber engañado durante mucho tiempo sobre las consecuencias de sus actividades y de los combustibles fósiles sobre el clima. Aseguran que ocultaron informes que evidenciaban las secuelas para el medio ambiente. Y destacaron el impacto de los combustibles fósiles, como los carburantes, en el cambio climático, por las emisiones durante su producción, refino, comercialización y uso de los combustibles.
Tres años después de presentar la demanda, en 2021, Boulder sufrió el peor incendio de su historia: un fuego devastador arrasó miles de hectáreas en Marshall, una comunidad del condado de Boulder. Cerca de 50.000 personas fueron evacuadas y el incendio se llevó por delante un millar de viviendas y dos personas murieron. Las autoridades locales calcularon que las pérdidas ascendieron a unos 2.000 millones de dólares. El suceso redobló los esfuerzos de las autoridades por exigir responsabilidades a las petroleras.
¿Qué defienden las petroleras?
Durante el verano del año pasado, las compañías demandadas recurrieron al Tribunal Supremo. Las petroleras llevan años tratando de descarrilar el caso. Antes de recurrir a la máxima instancia judicial, trataron de derivar, sin éxito, el litigio a un tribunal federal, alegando que la Ley federal de Aire Limpio, regula las emisiones, por tanto, las competencias son federales. También pidieron al tribunal estatal de Colorado que desestimara el caso, pero tampoco tuvieron éxito.
Tras fracasar con esas estrategias, apelaron al Tribunal Supremo estatal de Colorado, que dejó abierto el caso y permitió que continuara en los tribunales estatales inferiores. Tras ese varapalo, las compañías recurrieron al Supremo de Estados Unidos alegando que se estaba incumpliendo la Constitución porque un tribunal inferior no puede juzgar un caso que está regulado por una ley federal. Y recordaron que la contaminación y el cambio climático no son exclusivos de un Estado. No hay fronteras en el aire, justificaron.
Los abogados de las petroleras argumentan que solo la ley federal o los tribunales federales pueden tratar litigios sobre las reclamaciones por daños y perjuicios de Boulder, y por tanto se debería impedir que el caso siga su curso en el tribunal estatal de Colorado. Las compañías energéticas sostienen que en realidad Boulder busca fijar un gran impuesto sobre el carbono que podría llevar a la quiebra a la industria energética.
“Si se permite que las demandas de Boulder sigan adelante, unos 90.000 municipios de todo el país tendrán la capacidad de influir en la política energética nacional e internacional solicitando a los jurados que impongan indemnizaciones catastróficas a determinados productores de combustibles fósiles”, declaró el lunes en su alegato inicial el abogado de la compañía petrolera, Kannon Shanmugam.
¿Qué opina la Casa Blanca?
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha alineado con las petroleras, cambiando el criterio que tenía el anterior gobierno de Joe Biden. La Casa Blanca argumenta ahora que la demanda es un intento inconstitucional de regular las emisiones que calientan el planeta, cuando ya existe una ley federal para ello. Y sostiene que el caso persigue imponer la ley estatal de Colorado más allá de sus fronteras.
La subprocuradora federal, Sarah M. Harris, que representa a la Administración, sostuvo durante la vista que “la contaminación atmosférica interestatal es un asunto inherentemente federal”. Harris defendió la idea de que la Ley de Aire Limpio y la Constitución otorgan al Congreso la competencia de la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que, dijo, si la demanda sigue adelante, se permitiría a los tribunales estatales de Colorado suplantar esa competencia, algo que es inconstitucional.
¿Cuáles son los problemas de competencias?
El debate principal giró en torno a si Boulder puede esgrimir la vulneración de una ley estatal para reclamar una compensación a las petroleras cuando ya existe una ley federal que regula las emisiones y la contaminación. Pero varios magistrados también se preguntaron si debían analizar un caso que aún no está resuelto por la Corte general de Colorado, ya que el Supremo normalmente solo puede revisar las decisiones finales de los tribunales estatales. “¿Tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos jurisdicción para conocer del caso, dado que el fallo de la Corte Suprema de Colorado no fue una resolución definitiva del mismo?”, dijo el juez Clarence Thomas, uno de los más veteranos, nombrado por el primer George Bush en 1991.
¿Qué trascendencia tiene?
Este caso será decisivo para determinar si otras decenas de demandas presentadas por ciudades y condados, gobernados por los demócratas, tienen futuro. Docenas de administradores progresistas se han sumado a la ola para exigir responsabilidades a las compañías energéticas por el cambio climático. Si el Supremo falla a favor de Boulder, se producirá una catarata de demandas contra las compañías energéticas y otras, exigiéndoles indemnizaciones millonarias. En ese caso, el proceso pasará a la historia y será un punto de inflexión para el tratamiento judicial sobre cuestiones medioambientales.
¿Qué dicen los jueces?
Los jueces conservadores han mostrado su escepticismo sobre la demanda de Boulder o se han mostrado cautos. El equilibrio de poder en el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora 6 a 3, está condicionado porque uno de los jueces ha pedido su recusación. El magistrado Samuel. Alito, nombrado por George W. Bush en 2005, ha pedido inhibirse porque ha reconocido poseer acciones de las petroleras ConocoPhillips y Phillips 66, lo cual, aunque no están implicadas en el caso, se considera que un fallo contra las empresas podría afectar a su valoración. Además, hace dos décadas realizó un viaje de pesca de lujo con un inversor de una de las compañías implicadas.
La decisión de Alito deja un escenario algo más ajustado en el Supremo. Si se produjera un empate de cuatro contra cuatro, algo que no se descarta, aunque se revela como difícil, el caso volvería al tribunal estatal de Colorado, donde seguiría su curso ante unos funcionarios de tendencia más progresista.
Durante la audiencia pública celebrada el lunes, los tres jueces progresistas expresaron su simpatía por los argumentos de los abogados de Boulder. Por el contrario, los conservadores, liderados por el conservador Brett M. Kavanaugh, mostraron sus dudas sobre la demanda. Sostuvo que la demanda de Boulder podría propiciar una ola de denuncias similares que llevaría a la quiebra a las energéticas. “No tenemos que reinventar la rueda, porque lo hemos dicho en repetidas ocasiones y el Congreso, presumiblemente al elaborar la Ley de Aire Limpio y sus enmiendas, se ha basado en los precedentes de este tribunal que establecen que este tipo de contaminación es un asunto de derecho federal, a menos que el Congreso disponga lo contrario”, afirmó.
Aunque el resto de los jueces conservadores fueron más cautos y lanzaron preguntas inquisitivas a los abogados de ambas partes, el presidente de la sala, el juez John Roberts, le dijo a la abogada del condado de Boulder. “Si usted gana, presumiblemente al día siguiente un municipio de cada Estado presentará una demanda que probablemente copiará sus alegaciones”, indicó. “¿Cómo cree que se desarrollará eso en la práctica?”, se preguntó.
¿Cómo está la discusión?
Tras la vista oral celebrada este julio, se espera un intenso periodo de deliberación. Está previsto que el Tribunal Supremo dicte el fallo a partir del verano del año próximo, entre junio y julio de 2027, antes de clausurar el actual periodo de sesiones.
