Milei se pelea con los datos oficiales sobre la economía: “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”

Ante la sucesión de datos que alertan sobre los problemas de la economía en Argentina, Javier Milei reafirmó el rumbo de su plan y puso en duda la veracidad de las estadísticas oficiales. “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”, aseguró en una entrevista el domingo por la noche. También dijo que la residencia presidencial de Olivos, donde él vive, se ha convertido en “una base militar” para mejorar su seguridad: “Tengo algunos enemigos pesados acá y en el mundo”, argumentó. En la misma línea, dijo que entre el año pasado y lo que va de 2026 fueron expulsados del país 30.000 “terroristas” extranjeros, presuntos infiltrados que buscaban “dinamitar el modelo argentino”. Este lunes, la oposición parlamentaria pidió explicaciones sobre esa llamativa cifra.

Mientras el presidente ultra visitaba la semana pasada Nueva York, para participar de la asamblea de Naciones Unidas y protagonizar otras actividades, el instituto de estadísticas nacional (Indec) difundió una serie de datos preocupantes sobre la situación económica en el país sudamericano.

Después de un proceso descendente iniciado a mediados de 2024, tras una subida abrupta cuando asumió Milei, la pobreza volvió a aumentar en el primer semestre de 2026. El Indec detalló que las personas pobres son el 32,3% de la población, lo que significa un incremento de 4,1 puntos respecto del semestre previo. En simultáneo, el Indec dio a conocer que la actividad económica registró la mayor caída intermensual en seis años: se retrajo el 2,9% en julio, mientras que la interanual cayó 1,4%. Los datos encendieron las alarmas sobre una posible recesión, en un contexto de inflación contenida alrededor del 2% mensual, con la cotización del dólar y los salarios pisados.

No solo el Indec le llevó malas noticias al Gobierno. La banca JP Morgan, que había proyectado un crecimiento de 2,7% este año, recortó su estimación al 1,5% y prevé una contracción anualizada de 4% en el tercer trimestre. Además, el influyente banco de inversión ha subido el riesgo país de Argentina en las últimas semanas. El índice –mide la diferencia entre el rendimiento que pagan los bonos de un país y los títulos del Tesoro estadounidense– llegó a su un piso en julio, con 402 puntos, pero este lunes ya superó los 640 puntos básicos, el nivel más alto del año.

Al menos en público, la reacción de Milei ante los datos negativos se ha limitado a ponerlos en cuestión. “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”, planteó el domingo en una entrevista con el canal La Nación+. Y apuntó, en particular, contra “la deshonestidad intelectual” de los economistas que utilizan algunos indicadores desestacionalizados para examinar la coyuntura.

“No hay recesión”, aseguró el presidente, sino “una desaceleración del ritmo de expansión”. Desde su perspectiva, “la economía está teniendo grandes cambios estructurales”, por lo que “hay sectores que se expanden y sectores que se contraen”. En ese contexto de transformaciones, remarcó, “los indicadores desestacionalizados miden mal”. La contracción provendría de sectores antes protegidos por el Estado que hoy pierden participación ante actividades más productivas. Con ese diagnóstico, rechazó que la merma de la actividad deba llevarlo a modificar su programa económico.

Milei apeló a argumentos similares para relativizar el aumento de la desocupación. Con alzas y bajas, la actividad se ha sostenido, desde que gobierna la ultraderecha, por el arrastre de la explotación petrolera, minera y agropecuaria, mientras que rubros como la industria y la construcción han sufrido una caída pronunciada. Como las primeras generan pocos puestos de trabajo, el desempleo ha aumentado: según el Indec, la tasa de desocupación llega al 7,9%, el nivel más alto de la actual gestión.

“No tenemos un problema” de empleo, dijo Milei, sino que hay “un reacomodamiento de recursos”, relacionado con “la expansión de la oferta de más gente buscando trabajo”. Con respecto al aumento de la pobreza, afirmó que se trata de “una foto vieja”, dado que el informe conocido la semana pasada corresponde al primer semestre.

Después de intentar llevar calma a los mercados financieros, y de asegurar que Argentina tiene garantizado el financiamiento para pagar los vencimientos de deuda de este año y del próximo, el presidente relacionó las dificultades económicas con presuntos problemas de seguridad y con iniciativas opositoras en el Congreso para revertir algunos aspectos del ajuste al gasto público. “Tuvimos 40 intentos de derrumbar el equilibrio fiscal, siete intentos de juicio político [en su contra] que fueron siete intentos de golpe de Estado, los 10.000 terroristas que echamos el año pasado”, enumeró y agregó que lo que va de 2026 ya fueron expulsados otros 20.000 terroristas. “Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”, aseguró Milei.

El presidente también dijo que tuvo que modificar la organización de la residencia oficial donde vive, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. “La quinta de Olivos es una base militar y [ahora] tiene cuestiones de seguridad mucho más profundas”, dijo y se justificó: “Tengo algunos enemigos pesados acá y en el mundo”. Hace dos semanas, el mandatario echó a una docena de trabajadores de la residencia, redujo el personal civil y amplió las atribuciones de la Casa Militar, el cuerpo encargado de la seguridad del presidente y de su familia. Sobre las razones de los cambios, las versiones mencionaron desde filtraciones de información sobre la vida privada de Milei hasta irregularidades en la administración de los recursos.

Diversos legisladores de la oposición respondieron a las expresiones del presidente. El diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), descartó la cifra de expulsados mentada por Milei y señaló que “hablar de 20.000 terroristas en Argentina es una exageración terrible, es grave porque se trata de un problema global”. El también diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cuántas personas fueron expulsadas del país y cuántas lo fueron por causas vinculadas con el terrorismo.