Detenida en Argentina la hija de un exdiputado mexicano investigado por lavado y como líder de ‘La Sosa Nostra’

Ana Carmen Sosa Cravioto se disponía a abordar un vuelo a Chile desde el aeropuerto internacional de Mendoza, una localidad argentina al pie de la cordillera de los Andes, cuando su pasaporte activó una alerta roja de Interpol y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la detuvo. La mujer, de 35 años y nacionalidad mexicana, es hija de Gerardo Sosa Castelán, quien fue diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México y posteriormente presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y desde 2019 está en la mira de la justicia, acusado de liderar una estructura delictiva que habría lavado dinero perteneciente a la universidad. La investigación alcanza a su hija, detenida dos semanas atrás, como sospechosa de haber recibido dinero de procedencia ilícita.

De acuerdo con el medio local El Sol, Sosa Cravioto declaró en la Justicia que su viaje a Chile no era un intento de escaparse y que tiene su vida armada en Mendoza, donde dijo dedicarse a la exportación de vino a México. La causa quedó a cargo de la jueza federal María Paula Marisi, que dispuso que Sosa Cravioto ingresara a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, tras un pedido de su defensa, la Cámara Federal de Mendoza le impuso prisión domiciliaria, que cumple en una casa en la localidad de Luján de Cuyo.

Gerardo Sosa Castelán —del Grupo Universidad, también conocido como La Sosa Nostra— está en la mira de las autoridades mexicanas desde 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades en el manejo financiero del patronato de la UAEH, lo que la llevó a congelar más de 220 cuentas bancarias de la institución.

De acuerdo con las indagatorias de la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR), el exrector utilizó su posición como presidente del patronato de la UAEH para desviar recursos públicos de la institución hacia cuentas propias, de familiares y de cómplices. La información difundida oficialmente por autoridades mexicanas indica que la causa contemplaba acusaciones de operaciones por 58,2 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares). El esquema financiero funcionaba mediante el uso de empresas fachada o “fantasmas” e inmobiliarias para ocultar el origen del dinero y dispersarlo, ramificándose incluso a transferencias internacionales sospechosas y la adquisición de bienes utilizando fondos universitarios como garantía.

En septiembre de 2020, la FGR de México consiguió órdenes de aprehensión contra Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, las hijas de Sosa Castelán, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambas habrían recibido depósitos de dinero que provendrían de la red de empresas que, según la Fiscalía, Sosa Castelán utilizó para lavar dinero entre 2011 y 2018.

Por estas investigaciones, el exrector de la UAEH estuvo encarcelado durante un año y medio en el penal de máxima seguridad del Altiplano, hasta que en febrero de 2022 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria por motivos de salud. En septiembre de 2024, un juez de control dictó el sobreseimiento de su causa principal, pero la Fiscalía apeló y tribunales federales revocaron dicha resolución, ordenando que Sosa Castelán permanezca sujeto a proceso penal y bajo estricta vigilancia electrónica mientras se define el juicio oral en su contra.