La impotencia dicta sentencia: “Descuartizó a mi madre y tuvimos que pactar para que no saliera de la cárcel”

La abogada había citado a Ferran Montón junto a sus hijas Thais y Thania a una videollamada urgente para revelarles la peor de las noticias: “Van a soltar al asesino”. Cuando las hermanas escucharon estas palabras, sintieron que el suelo desaparecía bajo sus pies. No entendían cómo la justicia iba a dejar libre al hombre que a finales de 2021 ahogó, quemó y descuartizó a su madre, Carmen Ortiz, de 57 años. Su letrada, Nuria Milà, les explicó la crudeza de la ley: una persona no puede pasar más de cuatro años en prisión preventiva y el procedimiento judicial para aclarar el asesinato se había dilatado tanto que ese límite estaba a escasas semanas de cumplirse.

La pesadilla de ambas hermanas comenzó a comienzos de 2022, cuando los Mossos d’Esquadra encontraron los restos de su madre en un contenedor cercano al pueblo donde vivía, Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). En poco tiempo, la investigación policial reveló que no sería un caso fácil. Por un lado, había dos acusados: Jorge Ignacio Sánchez, expareja de su madre, condenado por maltratarla y el acusado del asesinato; y Jordi Ortiz, hermano de la víctima, el que intentó deshacerse del cuerpo y acusado de encubrimiento. Ambos se declararon inocentes. Y por otro, la causa recayó en un tribunal pequeño con pocos recursos. La fecha del juicio, por jurado popular, se dilató tanto que la noticia de la posible puesta en libertad fue un duro golpe. “Fue una llamada muy tétrica. Mi hermana acabó llorando, yo acabé llorando. sentimos impotencia”, recuerda Thais, de 31 años. Su hermana Thania, de 22, cuenta que dio un puñetazo en la pared de la cocina: “Nunca antes en mi vida había sentido rabia”.

La familia sintió miedo ante la posibilidad de que, tras salir de la cárcel, Sánchez huyera para no sentarse en el banquillo o de que les pudiera hacer algo. Milà señaló que el camino más seguro era una sentencia de conformidad. La familia aceptó. El asesino admitió los hechos a cambio de una reducción de la pena de cárcel, que se quedará en 18 años y medio de prisión, a los que hay que descontar los cuatro ya pasados como preventivo, y el pago de una indemnización para cada una de 50.000 euros. Jordi, en cambio, con una condena de seis meses de reclusión, no pisaría la cárcel ni pagaría nada.

La familia Montón Ortiz pensó entonces que por fin había salido de aquel laberinto, pero se topó con otro callejón sin salida: seis meses después de la firma del pacto aún no han recibido ni la indemnización ni el pago de las costas y la administración tampoco les ha concedido una ayuda como víctimas de violencia machista colaterales. Pero eso no es lo peor. La suspensión del juicio por la sentencia de conformidad les ha privado de las respuestas que la investigación judicial trató de responder durante tanto tiempo: ¿qué llevó a su tío a tirar una parte de los restos en un contenedor? ¿Dónde están las partes del cuerpo que los Mossos no encontraron? ¿Falló el sistema de vigilancia para víctimas de violencia de género?

Es la primera vez que Thais, Thania y Ferran deciden hablar abiertamente ante la prensa para contar su historia. Reciben a EL PAÍS entre junio y julio de este año. El paso no ha sido fácil, pero quieren “que se sepa cómo fallaron todas las barreras del sistema” y que hay casos, como el suyo, en los que la impotencia dicta sentencia. “Un hombre descuartizó a mi madre y tuvimos que pactar para que no saliera de la cárcel”, se lamenta Thais. Esta es la reconstrucción de la historia de su caso.

Capítulo 1. El perro que lo destapó todo

Ferran Montón es un hombre de 62 años que desprende un aura de vitalidad. Sentado a la mesa de su casa en Torrevieja, donde vive prejubilado, recuerda cuando su hija Thais le telefoneó en enero de 2022 para contarle que su madre llevaba semanas sin dar señales de vida. “La muchacha me llamó preocupada”, relata. Se divorció de Carmen en 2013 y rehízo su vida, pero mantuvieron una relación cordial, especialmente por las dos hijas que tenían y de las que Ferran se hizo cargo.

Carmen vivía sola en la segunda planta de una vivienda de la que era copropietaria con sus cinco hermanos, en Sant Sadurní d’Anoia, una localidad de casi 13.000 habitantes. Era un piso con dos plantas y un local en el bajo. Solo vivía ella en el edificio, una herencia de sus padres por la que los hermanos seguían discutiendo. La salud de Carmen era frágil. Los informes judiciales señalan que tenía “graves problemas respiratorios y dificultades de movilidad”, por lo que recibía la asistencia de una trabajadora social domiciliaria. También llevaba años luchando por un problema de adicciones.

El primer pensamiento de Ferran y sus hijas fue que Carmen podría estar dentro con algún problema de salud. “Llamé a la asistenta social. Me dijo que la familia no tenía llave y que iba a activar el protocolo de rescate”, comenta. Pero cuando la trabajadora social avisó a los hermanos de que irían los bomberos o la policía para echar la puerta abajo “llegó un hermano con una llave”. Era Jordi Ortiz, que entró para ver si Carmen estaba allí. “Dijo que allí solo había un perro desnutrido”, dice Ferran.

El can era el yorkshire de Carmen. “Si no llega a estar el perro, no se descubre nada”, asegura Thais. En una cafetería y con una carpeta llena de documentos, explica que desde hace años colabora en una protectora local, al conocer el estado del yorkshire, fue a por él. “Cuando llegué, en ningún momento [Jordi] me dejó entrar. Me enseñó al perro desde la puerta del edificio y me lo llevé”. Aconsejada por la protectora, Thais presentó el 3 de febrero una denuncia contra su madre por maltrato animal para que no volviera a tener mascotas. El can, al que bautizó como Nirvana, falleció varios días después.

Los Mossos intentaron sin éxito localizar a Carmen para comunicarle la citación judicial. Los agentes hablaron con Jordi el 11 de ese mes sobre el paradero de su hermana, según las testificales de la instrucción, y este les dijo que no sabía nada de ella desde el mes de octubre, pero no denunció la desaparición hasta 1 de marzo en una comisaría de Vilafranca, después de que los servicios sociales le presionaran durante días.

La visita, contaron después los Mossos, fue extraña. Lo primero fue comunicar la pérdida del DNI y luego comentó que hacía meses que no veía a Carmen. El hermano acordó que volvería al día siguiente para aportar más detalles, pero no fue hasta pasados dos y lo hizo para revelar que, tras la denuncia, había ido a la casa de su hermana “para cambiar el bombín” y se encontró “muchas moscas”.

Jordi relató que bajó a la primera planta, donde planeaba mudarse, y fue directo hasta una habitación desde donde manaba un mal olor. Debajo de la cama encontró, tapados con una sábana y repartidos en el suelo y dentro de dos bolsas, “los restos cadavéricos de lo que creía un animal” con larvas y una plaga de moscas. ¿Qué animal? “El perro desnutrido de mi hermana”, le respondió Jordi inicialmente a los Mossos. Las sospechas surgieron de inmediato. Jordi, según apunta en su declaración, añadió también otra teoría descabellada: podía ser un jabalí que se había colado en la vivienda.

Jordi les confesó que compró en un supermercado bolsas industriales de basura y unos guantes donde metió todo aquello, lo cargó en su furgoneta Opel Combo y se deshizo de ello en un contenedor. Los agentes pidieron a Jordi que les dirigiera hasta el lugar, ubicado en un cruce del pueblo La Granada, a nueve kilómetros de Sant Sadurní, entre las calles de la Estación y Pau Casals. Aún no lo sabían, pero los Mossos habían encontrado el cadáver de Carmen.

La hermana mayor aún recuerda ese día. “Era sábado, me levanté y me fui a trabajar tan tranquila. Alguien me dijo que estaban registrando la casa de mi madre en Sant Sadurní”, describe. Por entonces, ella y su novio Julen vivían en Vilafranca del Penedés, en la misma calle que su tío Jordi. “Al rato me llamó mi pareja y me dijo: ‘Oye, acabo de llegar a casa y en la de tu tío está cortada media calle por personas vestidas de blanco”.

Thais recibió una llamada de los Mossos para que se fuera a declarar a la comisaría al día siguiente. Hacía unas semanas que había ido para denunciar a su madre por el tema del perro, por lo que pensó que le habían llamado por este tema. Cuando llegó, los agentes le enseñaron tres fotografías de varios objetos. Un anillo y una pulsera, que Thais nunca había visto. Pero la tercera era de un collar, uno que Ferran le había regalado a su madre cuando estaban juntos.

―¿Qué cojones está pasando? ―preguntó.

―Témete lo peor ―contestó un mosso―. Lo peor está por venir.

Capítulo 2. Un maltratador condenado

Las pruebas de ADN certificaron que aquellos restos eran de Carmen. Jordi entró en prisión preventiva defendiendo su inocencia. Las pesquisas finalmente llevaron a las autoridades hasta Jorge Ignacio Sánchez, la expareja de Carmen. Este estaba condenado por pegarle una paliza varios meses antes de su asesinato. Los registros y los indicios recabados bastaron para que este fuera acusado de asesinato e ingresara en la cárcel provisionalmente.

Cuando Thais se enteró por las noticias de que habían metido en prisión a una expareja de su madre como presunto asesino, ya sabía que se trataba de Sánchez, un tipo con el que se había enfrentado en más de una ocasión. “Tuve con él un episodio en casa de mi madre. Recuerdo que tuve que echarle porque iba a pegarla. Sin pensarlo, cogí un cuchillo. Se sintió amenazado y se fue”, relata la mayor de las hermanas, que por entonces tendría en torno a los 20 años.

Ferran y sus hijas contrataron como abogada a Nuria Milà, con más de 35 años de experiencia en violencia machista. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilafranca del Penedès. “Era un caso complejo que se le hizo grande a un juzgado de instrucción como el del Penedès. Los tiempos fueron infernales”, explica al teléfono la abogada, también presidenta de la Federació de Dones per la Igualtat.

Por un lado, el estado del cadáver dificultó la obtención de pruebas. “Eso comporta una cantidad de parte pericial y científica mucho más importante y ralentizó el trabajo del juzgado”, aclara Milà. Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de Carmen a través del posicionamiento telefónico (llamadas, mensajes, GPS.) y los registros del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (Atenpro), servicios sociales y testigos.

Los hechos probados descritos en la documentación judicial es que Sánchez salió de la cárcel en noviembre de 2021 (por un delito de agresiones a un familiar), pero no reingresó para cumplir la pena impuesta por la paliza que le había pegado a Carmen. Thania, la menor de las hermanas detalla sentada en el salón de su casa los informes médicos que describen las heridas y secuelas de esa agresión, que llevó a su madre a estar varias semanas en la UCI. El caso se judicializó y aunque Carmen no compareció, el certificado médico de lesiones era tan contundente que el juez dictó una orden de alejamiento contra el maltratador y nueve meses de prisión. Tras pisar la calle, Sánchez rompió la orden de alejamiento y comunicación y la llamó insistentemente entre el 19 y 24 de ese mes para que le acogiera porque “se hallaba sin un techo donde vivir”. Carmen no quería, pero finalmente “consiguió doblegar su reticencia el 25 de noviembre”.

Los agentes, tras revisar las comunicaciones de Carmen, señalan que, después del 11 de diciembre, Sánchez, “movido por un marcado sentimiento de superioridad y dominación hacia su expareja, le comprimió su cuello hasta causarle su muerte”. El asesino trasladó el cadáver a la terraza de la segunda planta del edificio “y con total desprecio y consideración hacia el cadáver de su pareja le prendió fuego aplicando [sic] directamente en las extremidades inferiores y lateral derecho”. Con el mismo desprecio, “descuartizó y desmembró su cuerpo” para luego meter los restos en varias bolsas de basura que escondió debajo de la cama de una habitación de la primera planta, donde no vivía nadie.

Tres meses, según los hechos probados y la sentencia de conformidad, el hermano de Carmen intentó deshacerse de los restos. Él siempre se declaró inocente, aunque un informe de los Mossos concluyó que “está absolutamente corroborado” que su objetivo era deshacerse del cadáver de su hermana y que la justificación de que él pensó que aquello correspondía a un animal era un “pretexto”.

Sánchez también negó durante la instrucción que fuera el asesino. En su única comparecencia solo aseguró que su relación de cinco años con Carmen había sido “muy tensa y muy difícil por las drogas y por las cosas de su familia, porque no la querían ni ver”. Afirmó que “tenía miedo [de sus hermanos] por lo de la casa y otros problemas de la herencia”.

Capítulo 3. Los cabos sueltos

Durante meses las hijas de Carmen esperaron la fecha de un juicio que no llegaba. A los numerosos atestados y testificales, se sumó el hecho de que Sánchez sufrió dos ictus en la cárcel. “Rezábamos para que estuviera vivo, para que hubiera juicio”, dice Ferran. Y cuando se fijó para comienzos de este año, uno de los abogados de las defensas pidió un aplazamiento porque había sufrido un accidente. Pero la nueva fecha que se puso provocaría que la estancia de Sánchez en prisión preventiva fuera de más de cuatro años y que quedara en libertad antes del juicio.

La sentencia de conformidad también dejó sin aclarar muchos interrogantes sobre los hechos. El primero es por qué Sánchez no ingresó en prisión por la condena por la paliza que le propinó a Carmen. Otro es por qué Atenpro no dio la voz de alarma antes. Su último contacto con ella fue el 1 de diciembre y el 15 de diciembre, cuando Carmen tenía una cita con su trabajadora social, no pudo localizarla porque tenía “el teléfono inoperativo”. Las víctimas de Atenpro disponen de un dispositivo para que lo activen pulsando “un botón” cuando su agresor contacta con ellas o sientan peligro.

Las hermanas Montón señalan que la justicia tampoco indagó lo suficiente en qué había detrás de la declaración de una de las hermanas de Carmen. En su testifical, admitió que en torno al 12 de diciembre avistó desde su casa un pequeño fuego en la terraza de la víctima, como si alguien estuviera quemando algo. Meses después los Mossos señalarían ese punto como el lugar donde el asesino quemó el cadáver. “No se entiende que no llamara a emergencias. Ya no solo por si le podía pasar algo a su hermana, sino porque la vivienda era también suya y le afectaba directamente”, opina Milà. La hermana declaró que llamó a otro hermano para avisarle y que fuera a echar un vistazo. Pero nada más.

La investigación y las partes siempre descartaron la participación de Jordi en el asesinato y tampoco se reunieron pruebas suficientes para relacionarlo con Sánchez. La familia, no obstante, mantiene dudas sobre su implicación. “Nadie tenía la convicción de que el asesino y el hermano estuvieran compinchados. Pero el papel de Jordi no se investigó a fondo”, dice la letrada de la acusación.

Una de las hipótesis que plantea Milà es que, para los hermanos de Carmen, el hecho de que ella se marchara les vendría bien para vender la propiedad o resolver la herencia. Los Mossos también recogieron esta posibilidad en uno de los informes que entregaron durante la instrucción. La versión del asesino también puntualiza que Carmen tenía miedo de que sus hermanos le hicieran algo por el tema de la herencia.

Para Milà, Jordi era el primero en beneficiarse de que Carmen abandonara la casa. Esta circunstancia, cree la letrada, es lo que pudo llevarle a deshacerse de los restos, sin el conocimiento de los otros hermanos. La familia también se sigue preguntando dónde están las partes del cuerpo de Carmen que aún no han aparecido. “¿Y si mi tío encontró el cadáver antes y fue tirando las partes poco a poco, tras verse obligado a denunciar la desaparición de mi madre, decidió tirar lo que quedaba del cadáver?”, reflexiona Thania.

Capítulo 4. La reparación pendiente

En los últimos cuatro años, las hijas de Carmen y Ferran necesitaron terapia. Thania empezó a tener ataques de epilepsia y durante un tiempo necesitó tomar una quincena de pastillas diarias. “Todos los fármacos fueron para mantenerme viva, aunque anestesiada. Hubo algún intento autolítico cuando no podía más con los recuerdos y el miedo a dormir por las pesadillas fueron insostenibles”, lamenta. La posibilidad de cobrar la indemnización que marca la sentencia cada vez es más borrosa, aunque intentan agarrarse a la posibilidad del pago de las costas para recuperar los gastos del largo proceso judicial.

Las hermanas han recurrido a otras vías para reclamar ayudas como víctimas de violencia machista. Thania no ha dejado de insistir en todas las instancias, pero siente que camina dentro de un túnel infinito. Las resoluciones de las solicitudes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan a que no tiene derecho a una ayuda porque “no tiene acreditada la convivencia” con su madre. Pero cuando pide auxilio al ministerio de Igualdad, este le responde que, respecto a las ayudas estatales principales, no se exige “convivencia con la madre en el momento del asesinato para la pensión de orfandad”.

A Thania ese nudo de contradicciones le genera impotencia: “Se supone que tenemos buenas leyes sobre violencia de género y luego no se cumplen. Es duro revivir esto constantemente”. La última esperanza que tienen las hermanas se la ha dado el Defensor del Pueblo, que hace unas semanas le respondió en una carta para notificarle que su reclamación se había registrado.

La sentencia de conformidad impide que el caso se pueda reabrir, al considerarse como un caso juzgado. Las incógnitas siempre quedarán en el aire. Ferran no deja de pensar en el bien de sus hijas y sigue luchando para que tengan justicia. Thais sigue desvelándose ante las preguntas sobre lo que pasó y que nunca podrá responder. Y Thania rebusca en sus recuerdos para no olvidar cómo era su madre. Han pasado cuatro años y aún no les han dejado entrar en casa de Carmen a por sus pertenencias, sus fotografías, su ropa o su perfume. “Ya no recuerdo el olor de mi madre”, dice Thania emocionada: “Y quiero recordarla”.