Feijóo se enroca con Vox y cierra la puerta a que ningún menor de Ceuta vaya a la Península

El PP y la justicia estrechan el ya limitado margen de maniobra del Gobierno para resolver la crisis de Ceuta. Mientras la Audiencia Nacional paraliza de manera cautelar la utilización del puerto para acoger a inmigrantes en plenos preparativos para trasladar allí a casi 2000 de ellos para aliviar el problema en las playas de Ceuta, la dirección del PP dejó este miércoles clarísimo que cierra por completo la puerta a que ningún menor sea trasladado a la Península siquiera temporalmente, mientras se resuelven sus expedientes y se los 0intenta devolver a Marruecos. Los populares se alinean con Vox en el rechazo a los traslados de menores, como evidenció además su voto a favor este martes en el Congreso a una iniciativa de la extrema derecha que se opone al realojo de los niños y jóvenes.

La posición del PP es decisiva, porque la competencia de menores es de Ceuta, y sin la firma de Juan Jesús Vivas, del PP, que tiene la tutela, es muy difícil trasladar ningún menor a la Península a pesar de que ya hay plazas destinadas para ellos y está el dinero, porque el Gobierno ha aprobado 90 millones de euros para la operación. Vivas, según el Gobierno, sigue jugando al despiste en sus conversaciones con el Ejecutivo, pero de momento no ha autorizado más que la salida de cinco menores con un acuerdo con Navarra, gobernada por los socialistas. Vox se opone radicalmente al envío a la Península, y el PP se ha sumado a esta posición.

Fuentes del máximo nivel de los populares se reafirman en oponerse a que un solo menor salga de Ceuta, con el argumento de que un traslado, aunque fuera temporal, activaría un efecto llamada que provocaría nuevos intentos de saltos masivos a la ciudad autónoma. Los populares piden que el Gobierno envíe más medios a Ceuta para acelerar todos los expedientes de retorno, incluidos los de los menores. El Ejecutivo insiste en que no hay otra salida porque la repatriación de menores es un proceso largo que puede enquistar la crisis en Ceuta si no se alivia con traslados.

El PP arguye que el Pacto Europeo de Migración y Asilo se podría aplicar en este caso para aligerar las devoluciones, ya que contempla procesos especiales cuando la inmigración se “instrumentaliza” por parte de terceros países contra algún Estado miembro de la UE. Se considera una situación de instrumentalización de la inmigración, a efectos del pacto europeo, cuando “un tercer país o un actor no estatal hostil fomenta o facilita el movimiento de nacionales de terceros países o apátridas hacia las fronteras exteriores o hacia un Estado miembro, con el objetivo de desestabilizar a la Unión o a un Estado miembro”.

Para aplicar esa cláusula habría que demostrar que Marruecos estuvo detrás de la organización del gran salto con la intención de desestabilizar a España, algo complejo de probar. Y además, aunque el acuerdo permite a los Estados miembros aplicar procedimientos excepcionales en casos de instrumentalización de la migración por parte de terceros países, mantiene las garantías básicas del derecho de asilo, incluido el principio de no devolución.

El reglamento incorpora además protecciones específicas para los menores y otros colectivos vulnerables, como la figura de un representante para los menores mientras dura todo el proceso de gestionar su posible repatriación. El Ejecutivo recuerda que si no se han agilizado antes los expedientes es porque ha costado acordar con la ciudad la contratación de esos defensores del menor. Por tanto el pacto europeo de momento no ha acelerado los trámites, los ha ralentizado.

Hasta esta crisis, Ceuta estaba de acuerdo con esos traslados, y de hecho en 2025 se enviaron 700 menores de la ciudad autónoma a la Península. Pero ahora la posición del PP se ha endurecido, lo que reduce mucho el margen del Ejecutivo, también cercado por decisiones judiciales como la cautelar que impide de momento el uso del puerto, aunque tendrá que resolver en los próximos días.

El Gobierno cree que el PP está cerrando todas las puertas porque quiere estirar una crisis que desgasta al Ejecutivo aunque ese bloqueo vaya en contra de los intereses de los ceutíes, que necesitan aliviar la presión, sacar de la calle a miles de personas que aún siguen allí, entre ellos casi un millar de menores, y tratar de recuperar cierta normalidad.

El Gobierno ha endurecido mucho su tono con Vivas, al que antes siempre aplaudía porque mantenía una posición mucho más colaboradora que otros presidentes del PP, y el propio Pedro Sánchez mostró su enfado con él en los pasillos del Congreso cuando dijo que sobre los menores que están en las calles hay que preguntarle a Vivas porque es su responsabilidad.

La dirección nacional del PP asegura que el presidente de Ceuta, Vivas, comparte el rechazo al traslado de los menores a la Península, aunque este no se ha manifestado en esos términos de forma clara en ningún momento. “Vivas está defendiendo a Ceuta, porque sabe que si se envía a los migrantes a la Península llegarán más”, afirma un dirigente del núcleo duro, que asegura que el presidente ceutí se opone a los traslados y que asume que “tiene que aguantar dos o tres meses más así”. “Llevarlos a la Península es dejar vendida a Ceuta. Mañana tendrías el problema multiplicado por cinco”, sostiene este dirigente de la cúpula popular.

El presidente ceutí ha contestado a Sánchez admitiendo que “la acogida de los menores compete a Ceuta”, pero defendiendo que las competencias son compartidas porque “la inscripción y la entrega de los menores es competencia de la Administración General del Estado”. Vivas, en una entrevista en Antena 3, se ha quejado de que le parece “inaudito” el modo de apelarlo de Sánchez. “La ciudad autónoma está haciendo un esfuerzo titánico porque tiene acogida a 2.000 menores no acompañados, como consecuencia de un hecho que no es competencia de la ciudad autónoma de Ceuta, que fue la vulneración de la integridad territorial de España”, ha incidido.

La dirección del PP ha endurecido su posición sobre los menores hasta un rechazo total al traslado incluso temporal mientras se tramitan los expedientes de devolución. Aunque en agosto Feijóo reclamó el retorno de todos los migrantes que habían entrado a Ceuta, “mayores y menores”, la dirección del PP y los presidentes autonómicos populares admitieron después que cumplirían la ley y aceptarían en sus comunidades autónomas a los menores que se les enviaran. Ahora la negativa es tajante.

Además, el PP ha votado este miércoles a favor de una iniciativa registrada por la extrema derecha que se opone a la distribución por el resto de España de los niños y adolescentes extranjeros llegados a la ciudad autónoma durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio. “Nos negamos a que los españoles se tengan que acostumbrar al caos [de Ceuta]. Los menores, con sus padres y los mayores, a sus países de origen”, defendió en el debate la diputada de Vox Blanca Armario. Y a su tesis se sumó el PP, que también rechaza el realojo en el resto de comunidades, “pues avala que los menores puedan instrumentalizarse como arma de presión en las fronteras y lo volverán a hacer”, señaló al respecto la diputada popular Ana Alós, que pidió hacer cumplir el acuerdo de retorno suscrito en 2007 con Marruecos.

Pese a este rechazo total, el Gobierno confía en que Vivas acabará cediendo a la presión que tiene también en Ceuta y aceptará el traslado de algunos menores. Si no es así, el Ejecutivo señala que tendrá que asumir el coste de ese rechazo que perjudica a los ceutíes, según coinciden varios ministros consultados. El máximo responsable del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, hizo un llamamiento a todas las autonomías para que acojan menores en cuanto tengan listos los expedientes. “Pido el apoyo de las comunidades autónomas. Apelo al resto de las comunidades para que la respuesta sea acorde al drama humanitario”, aseguró.

Mientras, desde el Ministerio de Infancia, dirigido por Sira Rego, de IU, dejan claro que el traslado temporal a la Península es la única salida viable para aliviar la presión en Ceuta. “La competencia en la tutela de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados corresponde, en exclusiva, a la ciudad autónoma de Ceuta. Ni el ministerio ni el Gobierno pueden tomar decisiones sin el visto bueno de la ciudad”, explican en Infancia. “El ministerio ha aprobado dos partidas económicas por un valor total de casi 90 millones de euros para Ceuta”, recuerdan. Además se ha propuesto “la acogida de 500 niñas (por ser los perfiles más vulnerables) en península por parte de entidades especializadas en atención a la infancia, manteniendo Ceuta la tutela y asumiendo las entidades la guarda”, pero están a la espera de la firma de Vivas. “Estos traslados permitirían continuar con los expedientes independientemente del lugar en el que se encuentren los niños y niñas, ya que la ley es exactamente la misma en Ceuta que en cualquier otro punto de España”, señalan en Infancia, donde aclaran que el expediente es un proceso largo y si no los trasladan, la presión será muy fuerte sobre Ceuta durante meses.

“Cada día que pasa sin que se produzcan estos traslados es consecuencia de una falta evidente de voluntad política. Mientras el PP exige la vuelta a la normalidad por parte de la ciudad autónoma, impiden que los menores sean acogidos en Península, la única solución posible a la crisis. Después de más de un mes mintiendo a la opinión pública y asegurando que había que llevar a cabo deportaciones masivas de niños y niñas, ahora Feijóo trata de eludir las competencias autonómicas en la tutela y protección de la infancia no acompañados con un único objetivo: mantener sus pactos racistas con Vox y tratar de hacer caja electoral con la situación en Ceuta”, rematan en Infancia.