De Indra a Correos y la ‘ley de nietos’: cuatro años del PP y Vox renovando la teoría de la trampa electoral

El Palacio de Congresos de Ifema, en Madrid, estalló en un aplauso. Isabel Díaz Ayuso había vuelto a demostrar su habilidad para ponerles las pilas a los suyos. Era 26 de mayo de 2023, último día de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP dejó una de esas frases que apenas han salido de sus labios ya son titular de periódico y apertura de telediario.

—¡Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo!

A raíz de la suspensión por parte del Tribunal Supremo del derecho al voto de los nacionalizados a través de la conocida como ley de nietos, al considerar que existe un “peligro fundado” de afectar a la “objetividad de las elecciones”, el PP y Vox rivalizan en reivindicarse como los primeros en haber alertado de que todo era un intento del Gobierno de torcer las próximas generales a favor del PSOE. Ambos partidos llevan meses insistiendo en esa idea. Vox, más rotundo, ha denunciado un “pucherazo”. Sánchez actúa para “robar las próximas elecciones”, solemnizó en junio Santiago Abascal. El PP ha acusado al Gobierno, por voz de Alberto Núñez Feijóo, de hacer “ingeniería electoral”. “Son capaces de todo”, ha afirmado sobre el Ejecutivo el PP de Madrid en una carta a sus afiliados.

Ni las alertas del PP ni las de Vox sobre la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de exiliados son episodios aislados. Tampoco lo era la proclama de Ayuso en Ifema en 2023. Todo forma parte de un tronco común, de un comportamiento estable de la derecha española, que lleva más de cuatro años propagando la idea de que el Gobierno y el PSOE o ambos —y siempre con Sánchez como máximo responsable— pretenden manipular elecciones. Unas veces son acusaciones frontales; otras, insinuaciones; otras, meras sospechas; en ocasiones se trata de simples solicitudes de explicaciones que sirven para abonar una tesis. Pero el mínimo común del mensaje se mantiene: quieren hacer trampas.

El bulo sobre el recuento de votos

Tras las elecciones andaluzas de junio de 2022, cuando Juan Manuel Moreno logró la mayoría absoluta, el PP se lanzó a acusar al Gobierno central de estar planeando frenar con trampas la marea social en su contra que había mostrado su fuerza en la comunidad del sur. ¿Cómo? A raíz de un cambio en la composición de la propiedad de Indra, la compañía española de tecnología y defensa que centraliza los datos de la mayoría de los escrutinios, dirigentes populares como Esteban González Pons y Cuca Gamarra airearon el bulo de que el Ejecutivo, beneficiándose de la participación de la empresa pública SEPI en esta compañía cotizada en el Ibex 35, pretendía manipular el resultado de futuros comicios.

“La duda está ahí”, deslizó Gamarra en rueda de prensa, pese a que Indra no participa en el recuento de las papeletas, sino en la difusión de los datos. Vox llevó la campaña hasta Latinoamérica, difundiendo sospechas sin base sobre las elecciones colombianas de 2022 por la participación de Indra en el procesamiento de los datos.

Aunque el PP ha postergado las acusaciones contra la compañía española, en buena parte de ultraderecha española, desde Vox hasta Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, pasando por grandes canales de difusión de contenido conspiranoico, jamás han dejado de difundirse sospechas sobre Indra, o más en concreto sobre el supuesto uso torticero que el Gobierno —dicen— quiere hacer de Indra. Sin aportar en ningún caso una sola prueba.

Un “escándalo” en “toda Europa”

En 2023, las acusaciones alcanzaron su cima. El detonante fue una serie de noticias acerca de casos dispersos de posibles irregularidades en el voto por correo antes de las autonómicas y municipales de mayo. El tramo final de la campaña estuvo enfangado por denuncias por fraude electoral que afectaban no solo al PSOE sino también a otros partidos, entre ellos el PP. Aunque nada conectaba los casos entre sí, el PP alentó la sospecha de que los socialistas estaban ejecutando una trampa a gran escala. Era “una trama de compra de votos por correo en España”, un “escándalo del que se habla en toda Europa” y que “implica particularmente a Pedro Sánchez”, afirmó en la última semana de campaña González Pons. ¿Por qué a Sánchez? El dirigente popular apoyaba su señalamiento en que su ministro Félix Bolaños había protagonizado un mitin en Mojácar (Almería), donde había abierta una investigación que afectaba al PSOE, y en que esta localidad costera era lugar de verano habitual de Sánchez.

El PP vertió estas acusaciones desde Melilla, epicentro del caso más grave desvelado en aquella campaña, que afectaba especialmente al partido Coalición por Melilla, entonces socio del PSOE. Paradojas de la política, la investigación de aquel caso ha terminado por aflorar indicios de supuesta prevaricación y malversación del Gobierno del PP en la ciudad, en concreto en la construcción de un parque empresarial, si bien el Ejecutivo melillense lo niega. Nada de eso se sabía en 2023, cuando tanto el PP como Vox presentaban Melilla como la punta del iceberg de una red de tongo electoral.

Las sospechas sobre Correos

Garantizar el voto anticipado en las generales de julio de 2023, una convocatoria extraordinaria que cogió a millones de españoles de vacaciones, suponía un reto mayúsculo para Correos. Eso facilitó al PP y Vox mantener el clima de sospecha, con la idea central de que el Gobierno iba a hacer imposible el ejercicio del derecho al voto a gran cantidad de ciudadanos.

A nueve días de la votación, el presidente del PP pidió a los carteros que, “con independencia de sus jefes, repartan todo el voto”, cebando así la teoría según la cual el Gobierno quería dificultar este reparto. Vox convirtió las acusaciones en un eje de su campaña. “El resultado podría quedar gravemente alterado”, alertó Vox a la Junta Electoral Central.

Finalmente, la gestión del voto por correo fue un éxito. De los 2,6 millones de electores que lo solicitaron, más del 93% lo había hecho efectivo el jueves antes de la votación, uno de los porcentajes más altos en todo tipo de elecciones desde 2005.

En junio del año pasado, sin elecciones a la vista, el PP volvió a poner a Correos en la diana. El motivo era que Leire Díez, de la que ya se sabía que siendo militante buscó pruebas contra un jefe de la UCO que investigaba casos de corrupción que afectan al Gobierno, había sido directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de la empresa pública. Estos elementos, a los que se añadía que Díez había contado en redes sociales en 2024 que durante esta etapa había participado en la gestión del voto anticipado, dieron pie al PP a armar un discurso en un terreno entre la pregunta, la sospecha y la acusación.

Aunque Correos salió a aclarar que Díez “nunca fue responsable” del sufragio por correo, el PP insistía en que causaba “alerta” que “esta fiel trabajadora del sanchismo” hubiera gestionado “el voto de 2,6 millones de españoles”, en palabras de su portavoz, Borja Sémper, que puso voz a la “extraordinaria preocupación” de su partido.

Vox se subió al mismo tren. “Ni siquiera te puedes fiar de que se enciende la luz. ¡Cómo vamos a fiarnos del voto por correo, ni de nada!”, escribió en X Abascal, uniendo sus sospechas sobre el sufragio adelantado y sobre el apagón de 2025, del que llegó a sugerir que había sido provocado por Sánchez para opacar el procesamiento de su hermano.

“Una joyería” y “un banco”

El PP vio abonado el terreno para la sospecha con la publicación, aquel mismo junio, de unos audios del caso Koldo en los que se escuchaba a Santos Cerdán y a Koldo García hablar de meter “dos papeletas” en las urnas de las primarias del PSOE en 2014, cuando Sánchez se impuso a Eduardo Madina.

“Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido, ¿por qué no va a alterar unas generales?”, declaró José María Aznar a El Mundo.

—¿Eso es objetivamente posible? —le preguntó su entrevistador.

—No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen. Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor —respondió el expresidente.

A Feijóo la reflexión le pareció “francamente buena”. Expresidente él mismo de Correos, afirmó que confiaba “en los carteros”, pero que el sistema “puede tener lagunas” y ser “utilizado de forma torticera”. Y añadió: “Conociendo al personaje que tenemos en La Moncloa y la señora Leire Díez, sin entrar a discutir la honorabilidad de los funcionarios de Correos, sí conviene que la Junta Electoral Central supervise todo el procedimiento”.

Sémper negó que el PP estuviera cuestionando la validez de los resultados de las generales 2023, cuando Feijóo obtuvo una victoria insuficiente para alcanzar el poder. “Lo que decimos es que tenemos perfecta legitimidad para hacer preguntas”, añadió. Al hilo del informe de la UCO, Abascal afirmó: “¿Cómo va a confiar alguien en el sistema?”.

Al año siguiente llegaría la polémica por las nacionalizaciones a través de la ley de nietos y las nuevas sospechas sobre la limpieza electoral del PP y Vox. En este caso, lo que ambos partidos ponen en el punto de mira es la intención del Gobierno, que no sería —a su juicio— completar un acto de justicia histórica, sino “fabricar nuevos votantes”, en palabras de Feijóo. Esta vez el Supremo ha dado alas a estas tesis.