Los vínculos políticos aún sin explorar de la red de contrabando de combustible de la Marina
Hace ahora un año, el 7 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 14 personas en el primer desmantelamiento de una mafia dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos, primer gran golpe contra la corrupción en el sexenio de Claudia Sheinbaum que vino seguido de otros procesos. El reciente informe de Gobierno de la mandataria mencionaba que desde esa fecha a junio de 2026 se han presentado 118 denuncias penales relacionadas con huachicol fiscal. Pero, entre las dudas que persisten en torno a este caso inaugural, que operó en las aduanas marítimas de México y en el que hay marinos de alto rango implicados por conspirar con trabajadores de los recintos y empresarios para introducir en el país cientos de millones de litros de gasolina sin pagar impuestos al menos desde mediados de 2023, está la de las conexiones políticas de este grupo criminal y hasta dónde las autoridades están dispuestas a llegar.
El elefante de la Secretaría de Marina
Según la investigación de la Fiscalía General de la República, los líderes de la red eran los militares Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Desde que se destapó la trama, el Gobierno ha tratado de levantar un muro entre Ojeda Durán y los Farías Laguna, sin mucha coherencia entre las fechas y los hechos, escudándose principalmente en que denunció esta red en 2024, pero no han mostrado un registro formal. La defensa de los hermanos ha pedido en varias ocasiones, sin éxito, que Ojeda Durán acuda a declarar en la investigación, hace pocos días, su abogado se quejó públicamente de que, aunque la jueza lo había citado, la Fiscalía General no pudo localizar al exsecretario de Marina. Ojeda Durán está a un grado de distancia del círculo de poder presidencial del sexenio anterior.
EL PAÍS tuvo acceso a la carpeta que llevó a la orden de detención que recoge que la investigación comenzó en julio de 2024, con un informe del Centro Federal de Inteligencia Criminal sobre “la comisión de posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con el mercado criminal de energéticos en materia de hidrocarburos”. Su objetivo e información no eran las aduanas marítimas, sino las terrestres de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas. El foco hacia las aduanas marítimas no cambió hasta abril de 2025, después del aseguramiento de un buque de contrabando en el puerto de Tampico, en ese mismo Estado, y la aparición de un extraño y efímero vídeo en redes sociales.
Se sabe que Ojeda Durán tuvo conocimiento de esta red al menos desde junio de 2024, cuando recibió una carta manuscrita por Fernando Rubén Guerrero Alcántar, un militar integrante de la trama que describe todo el esquema de corrupción. La redactó después de una reunión con Ojeda Durán, cuyo audio publicó hace unos meses Aristegui Noticias. En la grabación se oye al entonces secretario ofrecer a Guerrero Alcantar una omertà. “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”. Guerrero Alcantar fue asesinado cinco meses después, en noviembre de 2024, y la carta no se integró a la carpeta hasta julio de 2025.
Además, un testimonio recabado en febrero de este año, justo de otro de los marinos involucrados en la trama, apunta a que otro de los líderes de la trama, Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado apodado Capitán Sol y uno de los acusado que sigue prófugo, cuando uno de los cargamentos fue detenido en Guaymas, Sonora, dijo que iba a llamar a Ojeda Durán. “Yo le mandé mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control, y me dijo que ya le iba a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso”.
Las menciones a Andy
Andy es, a su pesar, el apodo de Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos de López Obrador. Esta alusión ha sido usada por la oposición panista para acusarle de ser la cabeza del “huachicol fiscal” y pedir, sin éxito, a la Fiscalía General que le investigue y congele sus cuentas. Los panistas también han aludido a su relación con el empresario Amílcar Olán para abonar esta teoría, dado que este está acusado de beneficiarse de su amistad con los hijos de López Obrador para obtener contratos en los grandes proyectos de la Administración anterior. Olán está vinculado a través de su supuesto prestanombres con Portacelis Gas and Oil, una importadora de combustible que, según reveló el diario Reforma, las autoridades fiscales han pedido sea investigada por defraudación a la ley fiscal por 834 millones de pesos por presunto contrabando de combustible desde Estados Unidos.
Además, la orden de aprehensión contiene una primera referencia. Entre las piezas centrales de la investigación está la declaración del testigo protegido identificado como Santo, un capitán que participó en la trama y que, por miedo, canta todo a las autoridades. Santo dirigía la aduana de Tampico, que junto con la de Altamira es el epicentro de este esquema criminal. A punto de dejar su cargo, expresa a Capitán Sol parte de su temor y el de su sustituto. “Le avisé a esta persona con su nuevo indicativo, contestándome que se trataba de choques políticos entre el secretario de Seguridad Harfuch y el hijo del presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo”. Desde la Fiscalía General se ha dicho que esto no son indicios con la fuerza legal necesaria para abrir una investigación formal.
El valedor de Adán Augusto López
Este mismo testimonio habla de que en más de una decena de ocasiones los barcos, cargados con el combustible de contrabando, arribaban al recinto fiscal 289 de la aduana de Tampico, que estaba manejado por un tal Capiterucho Pinto. Cuando los investigadores preguntan a Santo qué sabe del dueño de este muelle, el testigo contesta que le dijeron que “se encuentra radicando en Tabasco”, que “tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández” y que tuviera “cuidado con ellos porque estaban trabajando con personas de la delincuencia organizada”.
De acuerdo a lo publicado por el portal Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la concesión de este muelle fue otorgada en 2020 a la empresa Tampico Terminal Marítima. Esta compañía pertenece al empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, que apoyó públicamente las frustradas aspiraciones presidenciales de López Hernández. El actual senador de Morena, vinculado con otros escándalos como la designación del hampón Hernán Bermúdez Requena como su secretario de Seguridad en Tabasco o los sustanciosos contratos de obra pública recibidos por sus amigos, rechazó tener vínculos de amistad o negocios con este empresario.
