Un fallo judicial en EE UU considera que el riesgo de persecución ha bajado en Venezuela y complica las peticiones de asilo
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) estableció este viernes un nuevo precedente con potenciales implicaciones para los miles de venezolanos que buscan asilo en Estados Unidos. El pronunciamiento se deriva del recurso presentado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra la concesión de asilo a una ciudadana venezolana opositora, en el caso Matter of A-E-V-M-. La BIA revocó la decisión del juez de inmigración que le había concedido la protección y devolvió el expediente para que, a la luz de la captura de Nicolás Maduro y la transferencia del poder a Delcy Rodríguez, determine si la solicitante sigue enfrentando amenazas concretas que sustenten su temor a persecución.
La decisión no establece que Venezuela sea ahora un país seguro ni que los venezolanos deban perder automáticamente sus casos de asilo. Lo que hace es obligar a los jueces de inmigración a incorporar el nuevo escenario político al analizar las circunstancias particulares de cada solicitante.
Este precedente puede convertirse en un argumento favorable al Gobierno en numerosos procesos por resolver. Los jueces podrán preguntarse si una persona que huyó de Venezuela por su oposición al régimen de Maduro continúa enfrentando el mismo riesgo después de su salida del poder. La respuesta tendrá que depender de las circunstancias de cada caso: quién perseguía al solicitante, qué instituciones o grupos participaron en la persecución, si esos actores conservan poder o influencia y si existe evidencia de que mantienen interés en perseguirlo.
El fallo llega en un momento especialmente delicado para cientos de miles de venezolanos que han perdido el Estatus de Protección Temporal y el parole humanitario. La clave para quienes recurran al asilo será demostrar que el peligro que representaba el régimen de Maduro para su integridad persiste más allá del 3 de enero. Para ello, deberán presentar pruebas de amenazas, persecución pasada, vigilancia, tortura, detenciones, vínculos con grupos que permanezcan activos o cualquier otra circunstancia que demuestre un riesgo individualizado.
El fallo de la BIA deja claro que la desaparición de un régimen no necesariamente elimina por sí sola un temor fundado, especialmente si antiguos perseguidores conservan influencia o si quienes sustituyeron al régimen mantienen el mismo interés persecutorio. El regreso de decenas de políticos opositores que permanecían en el exilio y las excarcelaciones de cientos de presos políticos —aunque todavía queden más de 300 por liberar— forman parte de un contexto que los jueces valorarán al analizar la situación actual del país.
Por otro lado, ni el estancamiento económico aún existente ni las difíciles condiciones devenidas del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio son, por sí mismas, circunstancias que puedan reforzar los casos de miles de venezolanos en busca de protección.
Los tribunales de inmigración de Estados Unidos siguen acumulando millones de solicitudes de asilo pendientes de resolución. A finales de junio de este año, la cifra ascendía a 2.310.698 casos, según datos recopilados por el Asylum Tracker. En el apartado de los venezolanos, los registros contabilizaban hasta julio 145.989 casos revisados, con una tasa de aprobación del 9,8%. Es decir, solo uno de cada 10 terminó recibiendo la protección.
