Feijóo y Abascal fían a la vía penal su ofensiva contra Sánchez por la crisis de Ceuta

“¡Pedro Sánchez, a prisión!”, coreaban los manifestantes concentrados frente al Ayuntamiento de Madrid este miércoles en la protesta convocada por el PP y secundada por Vox en apoyo a Ceuta. A las bases de la derecha, o al menos a una parte de ellas, no les basta con un cambio de Gobierno, sino que desean que el presidente del Gobierno sea encarcelado. Y los líderes del PP y Vox, con distintos matices, han entonado esa melodía con la crisis de Ceuta. El del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió el jueves a Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso que “la va a pagar ante la Justicia”, mientras que el de Vox, Santiago Abascal, reclamó que el Parlamento abra el procedimiento para poder juzgarle por un delito de traición. La derecha insiste en fiar a la vía penal su ofensiva contra Sánchez, con la expectativa de que, como subrayó el líder popular en la tribuna, la causa en la Audiencia Nacional ―que todavía está en una fase preliminar y ni siquiera se ha abierto― se eleve al Tribunal Supremo porque implique a algún aforado del Gobierno.

Feijóo avisó a Sánchez en el Congreso de que en la crisis de Ceuta considera que “hay responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales”. “Sí, la responsabilidad judicial se dirimirá durante la causa que ya está abierta en la Audiencia Nacional, y en la que mi partido ya se ha personado, probablemente, escale ante el Tribunal Supremo”, le advirtió. “Hablamos de un ataque a la integridad territorial de la Nación y no se va a quedar ahí. Ustedes lo saben. Es obvio que ya actúan por consejo de sus abogados, ¿verdad, señor Marlaska? Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos”, cargó el líder del PP. Y remató, con tono desafiante: “Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la Justicia y ante las urnas”.

El PP se ha personado ya en la causa en la que la magistrada María Tardó de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas para decidir si investiga o no el salto masivo de finales de julio. Pese a que la causa ni siquiera está oficialmente abierta, el líder de los populares augura que el proceso escalará al Tribunal Supremo porque pronto será investigado algún aforado del Gobierno. Antes que en Sánchez, en Génova piensan en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como responsable de la seguridad. En la dirección popular sugieren, de hecho, que el ministro se comunicó por carta con el director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, para pedirle que le informara de los informes en su poder sobre el incidente porque quiere “guardar por escrito” todas las comunicaciones a efectos de una futura defensa judicial.

Pero Feijóo, a quien Vox presiona desde el inicio de la crisis para que intente que se pueda juzgar por traición a Sánchez, no renuncia a perseguir también judicialmente al presidente del Gobierno por este caso. Génova insiste en que irá hasta el final contra Sánchez. Los populares llevan meses ya teorizando sobre una posible imputación del líder socialista, que nunca ha llegado, en las causas de corrupción que investiga la justicia en torno a su familia y el PSOE, y lo intentarán también con el caso de Ceuta. “¿A qué espera para irse, a que le llegue el suplicatorio?”, le dijo en junio Feijóo al líder socialista en el Congreso.

Lo que Génova no ve, de momento, es el procedimiento constitucional que Vox reclama que el PP apoye para tratar de juzgar a Sánchez por traición. “El presidente Sánchez es un traidor”, clamó Abascal desde la tribuna, que siempre sube la apuesta de Feijóo. “Traidor a España, traidor a los españoles, traidor a los ceutíes, traidor incluso a su propio partido, sus propios compromisos y a sus propios electores”, manifestó el líder de Vox. Y acto seguido, añadió: “Hoy hemos comprobado que traicionó también a los policías, a los que ha querido señalar y convertir en responsables de tomar la decisión de no defender nuestras fronteras”. Además, aprovechó para insistir en que el Parlamento “tiene competencia constitucional para impulsar un debate sobre la traición de Sánchez”.

Se refería Abascal al procedimiento del artículo 102 de la Constitución, que es el que Vox pide que se active. El proceso está previsto porque la Sala de lo Penal del Supremo solo puede enjuiciar al presidente del Gobierno y a sus ministros por un delito de traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado supuestamente cometido en el ejercicio de sus funciones si se lo plantea el Congreso. Para que esto sea posible, debe presentarse una iniciativa suscrita por la cuarta parte de los miembros del Congreso (88 diputados) y que sea aprobada por mayoría absoluta (176), tras un debate que haría las veces de juicio político al presidente.

Los 32 diputados de Vox son insuficientes para presentarla, así que los de Abascal presionan al PP para sumarse. Génova, sin embargo, desdeña esta opción y recuerda que haría falta una mayoría absoluta que la derecha en estos momentos no tiene. “Son fuegos de artificio”, desechó la idea el portavoz popular, Borja Sémper.

La ofensiva de las derechas coincide en el diagnóstico de que la crisis no puede cerrarse únicamente con explicaciones políticas o comparecencias parlamentarias. Tanto el PP como Vox consideran que el informe policial y las diligencias abiertas ofrecen una oportunidad para mantener la presión sobre La Moncloa en el ámbito judicial, y no van a desaprovechar la vía de la judicialización también con la crisis de Ceuta para seguir cercando políticamente a Sánchez.