Que el pueblo no decida

El 15 de abril del 2000 hubo un mitin perredista en la Plaza de la República. La candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura del Distrito Federal estaba en la cuerda floja. Ahí, AMLO pidió que fuera el pueblo el que decidiera si podía o no competir, dada la impugnación legal sobre si cumplía con residencia capitalina. Al final, se le permitió estar en la boleta del 2 de julio, y el resto es historia.

Un mito fundacional del obradorismo es que su líder fue todo el tiempo víctima de las artimañas de los poderosos para marginarlo de las votaciones. En el mitin referido, Carlos Ímaz, entonces líder perredista en la capital, dijo: “Nos quieren ganar a la mala porque no saben hacerle de otra manera”. Cinco años después, el desafuero de Vicente Fox contra AMLO pareció confirmar tan suspicaces denuncias.

Por eso a pocos debió extrañar que en su sexenio presidencial, López Obrador desdeñara todo tipo de recursos legales o administrativos que impedían a sus correligionarios participar en una elección. Uno de los casos más claros fue cuando se marginó a Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio de las candidaturas morenistas en las elecciones de Michoacán y Guerrero, respectivamente.

El 14 de abril de 2021, al rechazar la decisión del Instituto Nacional Electoral, que sancionó gravemente a esos morenistas por fallas en sus reportes de precampaña, lo que a la postre cancelaría las aspiraciones de Morón y Salgado Macedonio, obligando a Morena a cambiar de candidatos, AMLO reclamó así en su conferencia mañanera:

“Si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo, el pueblo es el soberano, no los aparatos, las estructuras, el pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda, se establece hasta en el artículo 39 de la Constitución, el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar hasta la forma del gobierno, el pueblo es soberano. Entonces, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida?, ¿por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué?, ¿no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos?”.

Casi dos años después, el 22 de marzo de 2023, al recordar en la mañanera su desafuero, López Obrador insistió en el tema: “Entonces, yo no puedo permitir que a nadie, ni en México ni en el extranjero, le afecten sus derechos políticos, lo considero una injusticia, pero además un atentado a la democracia, porque si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, pues hay que ganarle en buena lid y que sea el pueblo el que decida, no la élite económica o política de un país, la llamada ‘sociedad política’, con sus aparatos burocráticos”.

Y finalmente, el 18 de abril de 2024, semanas antes de las elecciones en que ganaría Claudia Sheinbaum, en estos términos Andrés Manuel recalcó su postura de que a todos debe permitírsele competir: “Nosotros por eso siempre lo que decimos es: no fabriquen delitos, no quieran quitarle el derecho de participar a nadie. Y padecí de un desafuero, ¿y saben para qué querían desaforarme? Para que yo no participara como candidato, o sea, me querían eliminar a la mala. Por eso, cuando hablan de desafuero de un candidato, no estoy de acuerdo. ¿Quién es el que tiene que desaforar? El pueblo. Para eso es la democracia. No es un asunto de policías, no es un asunto de ministerios públicos, no es un asunto de jueces. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo; en la democracia el soberano es el pueblo, es el que manda. Entonces, tenemos diferencias, hay posturas distintas, porque así es también la democracia, debe de haber pluralidad, no todos debemos de estar pensando igual, no hay pensamiento único, ¿cómo resolvemos nuestras discrepancias? Preguntándole al pueblo, con el método democrático, así”.

Por todo lo anterior, el anuncio de esta semana de la presidenta Claudia Sheinbaum es un volantazo de ciento ochenta grados en eso que decía AMLO, eso de que “si son malos ciudadanos, ¿qué?, ¿no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos?… que sea el pueblo el que decida, no la élite económica o política de un país… no quieran quitarle el derecho de participar a nadie”.

En medio de la crisis por la rebelión de Rubén Rocha, que por sus pistolas volvió a la gubernatura de Sinaloa el viernes de la semana pasada, lo que obligó a la presidenta a un forcejeo para hacerlo desistir de su intentona e iniciar por fin el desmontaje del rochismo, Sheinbaum anunció de buenas a primeras que enviará una iniciativa de ley para limitar el derecho a ser votado.

Lo que parecía una frase suelta en la mañanera del martes —cuando la mandataria dijo que analizaba enviar una iniciativa para que nadie que busque ocupar la presidencia o una gubernatura pueda tener, o solicitar, otra nacionalidad— en cosa de 72 horas se convirtió en un anuncio formal de que ya estaba redactada la reforma y que en breve se enviaría al Congreso para que se tramite.

“Lo que estamos proponiendo es (…) que una vez que se inscriban, que es el momento en que desean ser presidenta o presidente o titular del Ejecutivo de alguna entidad de la República, deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado o nación del mundo”, dijo Sheinbaum el 27 de agosto.

Para la presidenta, el pueblo —ése en el que millones de familias tienen parientes en Estados Unidos que cuando pudieron optaron por también ser estadunidenses— no debe ser quien decida si alguien en esa condición jurídica es la mejor persona para asumir una gubernatura o incluso la presidencia de la República. Los que por un cuarto de siglo prometieron abrir y defender derechos, los cancelan.

Aunque habrá quien diga que la doble nacionalidad es el subterfugio de algunos políticos perseguidos por la justicia mexicana —el martes que Sheinbaum reveló la génesis de esta iniciativa habló del exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que cuenta con doble nacionalidad y vive en Estados Unidos—, lo revelador es la pisoteada que la presidenta da a los preceptos del expresidente.

El pueblo debe ser tutelado, es el mensaje de Claudia Sheinbaum, no sea que vote por un agente de otro Gobierno, suponemos que quiso decir. A este paso cuánto falta para que, según el Gobierno y su partido, el hecho mismo de ser portador de doble nacionalidad haga a una o un mexicano sospechoso de poco patriotismo o incluso deslealtad.

Además, el anuncio formal de esta iniciativa llegó el mismo día en que la presidenta se metió en cuestiones electorales, ya no digamos a favor de su movimiento, lo cual está mal pero ya a quién extraña, sino al rubricar la controvertida orden del INE y del Tribunal Electoral en contra del partido Somos México, al que los árbitros obligan a cambiar de cromática, nombre y eliminar el término “México”.

“Porque llamarle México a un partido político no creo que nadie pueda ponerse el nombre de México en su… y menos Somos México, es mi opinión”. De nuevo, la opinión presidencial que es parte interesada por su militancia y activismo a favor de Morena, puesta por encima de su deber de salvaguardar el derecho del pueblo a decidir por sí mismo si le gusta el nombre de la nueva agrupación, así incluya el “México”.

El tema de Somos México no escapa a la ironía de que esta exmilitante del partido de la Revolución Democrática (se dice que Sheinbaum fue fundadora del juvenil del PRD) ahora esté de acuerdo en tejemanejes que complican la vida a una nueva opción electoral: cuando el perredismo estaba naciendo fue forzado a cambiar cromática porque los colores patrios son del PRI. Vueltas de la vida. Por décadas el autoritarismo priista hizo un torcido homenaje a Porfirio Díaz en eso de atribuirse la autoridad de saber si el pueblo estaba o no listo para la democracia, para elegir libremente a sus gobernantes. López Obrador promovió lo contrario tanto que ese fue su argumento para la malhadada elección popular de jueces magistrados y ministros. Que el pueblo decida, que el derecho a ser votado no se coarte…

El segundo piso del obradorismo tiene otras ideas. Con dedicatoria o no para Ricardo Salinas Pliego, empresario de la televisión que combate al obradorismo incluso con groseras formas y el peso de un medio de comunicación concesionado, o como estallido de frustración ante la incapacidad de detener opositores con doble nacionalidad, el meollo es que la presidenta Sheinbaum no quiere arriesgarse a que el pueblo decida.

¿Será que han descubierto el encanto de aquello de “ganar a la mala”?