Un terremoto que retrató a un país y opacó decisiones delicadas

El terremoto del 10 de agosto mostró verdades y sirvió para tapar decisiones controversiales. En los días que siguieron al remezón se vio lo que es en buena parte este país, con sus más y sus menos. La tragedia mostró la capacidad solidaria y humana que tenemos a pesar de tantas diferencias y también problemas que arrastramos desde siempre como la inequidad, la existencia de regiones históricamente abandonadas por el Estado, discriminadas y despreciadas, y las falencias en los planes de atención de emergencias. El terremoto, por otro lado, también le sirvió al recién posesionado Gobierno para avanzar en una agenda que genera dudas en amplios sectores, sin que haya el tiempo necesario para debatir medidas que impactan la democracia.

El terremoto mostró dos Colombia muy diferentes, como bien tituló The Economist en una nota sobre la emergencia. No hay que venir de afuera para verlo, pero aquí hemos aprendido a vivirlo mirando para otro lado. Solamente cuando un terremoto convierte en víctimas a personas de todos los estratos entendemos que no es lo mismo perder la vivienda en un municipio del Chocó que perderla en una zona de estrato cinco o seis de Cali. No se trata de minimizar la tragedia de ninguna persona. Todas necesitan apoyo. Se trata de entender que a veces perder la vivienda por humilde que sea es perderlo todo, absolutamente todo. Los programas para los damnificados deben atender a distintas realidades.

Hay que escuchar a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, cuando dice que “Tratar igual a territorios que parten de condiciones profundamente desiguales no es equidad”. Y agrega: “En el Chocó necesitamos una reconstrucción acelerada y diferenciada, no una fórmula uniforme copiada de otros territorios”. Las tasas de interés que se pactaron con los bancos son bienvenidas y serán muy útiles para algunos sectores, pero poco interpelan a la gente en un departamento en donde las casas las construyen las propias familias poco a poco, sin préstamos hipotecarios.

Nos demoramos varias horas y días en conocer la tragedia que se vivía en los municipios alejados de las capitales. Todavía hoy el país desconoce la magnitud total de lo ocurrido más allá de las cifras que destacan 494 municipios afectados. La distancia, más que geográfica, es de exclusión. Además de los muertos y los heridos, el terremoto arrasó con la vida de familias completas y con sus perspectivas de futuro. Al lado de las diferencias abismales entre esas dos Colombia alcanzamos a vislumbrar también en la atención primaria a la tragedia la solidaridad de la que es capaz la gente en cualquier circunstancia. Se vio el poder de los jóvenes, de las redes comunitarias y las organizaciones sociales. El terremoto mostró lo que se puede hacer desde lo privado con donaciones y colectas, pero también lo que significa ver manos que se juntan para apoyar a los otros aunque ninguna de esas manos tenga un peso para hacerlo. Los ciudadanos cubrieron los vacíos dejados por el Estado en las primeras horas cruciales de la búsqueda y el rescate de personas.

El terremoto con su urgencia, por otra parte, no nos ha permitido entender en toda su magnitud decisiones controversiales del nuevo Gobierno como el cambio radical de política internacional que pone a Colombia al lado de quienes violan normas internacionales, de quienes ejecutan genocidios y se pasan por la faja los acuerdos pactados en los organismos multilaterales. En una cadena de decisiones que comenzó apenas unas horas después del terremoto, el Gobierno cambió la historia de una política internacional de respeto a los acuerdos que tienen además plena vigencia en nuestra Constitución y nuestras leyes.

Tampoco hemos analizado a profundidad lo que significa querer borrar pedazos de la historia al desaparecer de cuentas de entidades oficiales publicaciones que forman parte del patrimonio institucional. No hemos entendido lo que significa en territorios golpeados por la violencia silenciar las emisoras de paz ni lo que impacta en las políticas públicas desaparecer la palabra niñas de las comunicaciones oficiales. El lenguaje inclusivo puede sonar redundante en literatura y se vale el debate sobre la estética de las palabras, pero no se puede desconocer que en materia de políticas públicas se debe saber que las niñas, como las mujeres, necesitan especificidad de atención por la historia de discriminación y vulnerabilidad. Nombrarlas es el primer paso para atenderlas.

La tragedia que requiere atención urgente no ha permitido discutir todo lo que está en juego en las propuestas educativas que buscan sacar de las aulas ciertas lecturas o la educación sexual acorde con cada edad que resulta imprescindible para enseñar a los niños a cuidar y proteger su cuerpo y a respetar a los demás. La libertad religiosa debe permitir a los padres educar en sus creencias a sus hijos, pero el Estado debe garantizar que esas creencias no vulneren derechos de otros ni pongan en riesgo a los menores de edad.

Un terremoto nos permitió conocernos un poco más, encontrarnos en la tragedia con nuestras miserias y nuestras grandezas, y le dio al Gobierno una ventaja para imponer su agenda sin pagar la factura del debate público. No fueron solamente los bombardeos en los que hay civiles heridos y desplazados que tampoco se nombran. Esa es otra tragedia que no hemos visto. Además de esas bombas que cayeron desde el cielo hay otras que comienzan a estallar en la batalla cultural en la que muchos nos sentimos en la mira.