Tensión en la Patagonia argentina por el desalojo de comunidades mapuches de tierras en disputa

Las aguas cristalinas del lago Nahuel Huapi y los bosques e imponentes montañas de sus alrededores atraen cada año a una multitud de turistas a esta zona paradisíaca de la Patagonia argentina. Pero cerca de sus orillas habitan también comunidades mapuches que se ven amenazadas por órdenes de desalojo en conflictos de tierras que llevan décadas abiertos. Este fin de semana, cientos de personas se concentraron en uno de los puntos en disputa para expresar su solidaridad con los integrantes de la comunidad Quintriqueo o Kinxikew, desalojados por fuerzas de seguridad la semana pasada, y también apoyar a las familias que resisten un orden similar de la vecina comunidad Melo. Los intentos legales para frenar la expulsión han sido hasta ahora rechazados por el juez civil Francisco Bonorino.

Las 624 hectáreas en disputa están en una zona rural atravesada por la icónica Ruta 40 entre las ciudades de Villa La Angostura y Bariloche, en la provincia de Neuquén. Según el Centro de Estudios Sociales y Legales, en 2004, el Plan de Gestión del Parque Nacional Nahuel Huapi reconoció el asentamiento en la zona de estas comunidades mapuches desde antes de 1902. Dos años después, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) inscribió su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y en 2023 les reconoció la ocupación tradicional de esas tierras a través de una resolución. Pero esos reconocimientos no fueron acompañados de la entrega de títulos de propiedad comunitaria que les hubieran protegido frente a reclamos judiciales.

La denunciante es María Cristina Broers, a quien la Justicia neuquina reconoce como propietaria de las tierras en disputa. Según la denuncia de la heredera de esta familia de origen belga, integrantes de la familia Melo ingresaron de forma intempestiva a su propiedad a fines de 2011 y desde entonces mantienen usurpado el lugar. Fuentes cercanas a la denunciante citadas por el portal Infobae aseguran que las instancias judiciales ya se han agotado y ahora toca hacer cumplir la ley: “Sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo”.

Por el contrario, Lucas Melo, el lonko o líder de la comunidad, alega que su familia ocupa esas tierras desde el siglo XIX y cuenta que ya sufrieron desalojos violentos antes, como el de 1966, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que derivó en la muerte de su abuelo, Marcos Melo.

El lonko Melo detalla que regresaron al lugar amparados por el derecho ancestral sobre esa tierra, un argumento que la justicia neuquina rechazó. El reconocimiento formal del INAI sobre la ocupación actual, tradicional y pública en 2023 llegó con posterioridad a la sentencia judicial y eso impidió que esta pudiera modificarse.

En 2024, el Gobierno de Javier Milei decretó el fin de la emergencia territorial indígena que había dejado en suspenso los desalojos. La decisión estrechó todavía más el cerco sobre esas comunidades y aceleró los procesos de expulsión.

En la actualidad, la comunidad Melo está formada por unos 120 integrantes, aunque sólo un tercio vive de forma permanente allí. “Nuestro error fue nacer en un lugar tan lindo”, lamenta el lonko Melo, de 56 años, sobre una disputa que se extiende ya por varias generaciones.

Para evitar el último intento de desalojo —el noveno en cinco años, según el abogado Luis Virgilio Sánchez—, tiraron troncos sobre el camino para impedir la entrada de los vehículos policiales. “Nosotros resistimos siempre y vamos a resistir ahora”, asegura el lonko Melo, aunque califica de “exterminio” la política contra ellos.

Sánchez cree que el actual contexto político hace que los jueces “se sientan legitimados para llevar adelante los desalojos de forma rápida y violenta”. Este abogado denuncia que el desalojo de la comunidad Quintriqueo estuvo plagado de irregularidades y no se adecuó a los estándares internacionales que exigen una consulta previa, libre e informada y que obligan a dar garantías de reubicación o indemnización a quienes son expulsados.

Este lunes, Sánchez presentó un nuevo escrito en el que pide la nulidad del proceso de desalojo y la restitución de los bienes de los que fueron despojados. La mayor preocupación son los animales de pastoreo: las fuerzas policiales que custodian el lugar les impiden entrar para alimentarlos.

El conflicto de tierras que enfrentan estas dos comunidades no es el único: sólo en los alrededores de Villa La Angostura hay más de una docena de disputas judiciales abiertas. Agotadas todas las instancias en el país sudamericano, algunas han llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.