Haití recibe el primer vuelo de deportados de Estados Unidos desde el fin del TPS
Este jueves ha aterrizado en Haití el primer vuelo de deportados enviado por Estados Unidos desde que el Gobierno de Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que, hasta el 27 de julio de este año, permitía a unos 350.000 ciudadanos de la isla permanecer y trabajar legalmente en suelo estadounidense. Un total de 161 personas han viajado a bordo de un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que partió de Alexandria, en el Estado de Luisiana, y llegó a Cabo Haitiano poco antes del mediodía.
El traslado de estos migrantes ocurre en medio de una escalada de la violencia vinculada con las pandillas en el país caribeño y contra las recomendaciones de representantes de Naciones Unidas y congresistas que han constatado la gravedad de la situación en el terreno. Este es el octavo vuelo de deportación enviado este año por Estados Unidos, que se ha planteado como meta aumentar la frecuencia a dos vuelos por semana, con un total semanal de 250 retornados.
De acuerdo a la información suministrada por el ICE, varios de los deportados tenían antecedentes penales en Estados Unidos o tenían órdenes de deportación luego de haber entrado sin visa al país. En el vuelo también había niños y personas que no habían nacido en Haití, sino en Chile y República Dominicana, que fueron enviados a la isla por tener al menos un padre haitiano, según informó el director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití, Jean Négot Bonheur Delva, al diario Miami Herald.
Al llegar a Cabo Haitiano, los deportados reciben de parte del Gobierno poco más de 75 dólares en gourdes, la moneda local, para que costeen su traslado a casa a través de carreteras bloqueadas por los grupos armados. Muchos no tienen un lugar donde regresar, especialmente los que provienen de Puerto Príncipe, la capital, controlada por las pandillas.
“Nadie debería ser deportado, ni obligado a regresar a Haití”, ha dicho el experto designado del Alto Comisionado de la ONU sobre derechos humanos en Haití, William O’Neill, en una entrevista con EL PAÍS publicada el 6 de agosto. “La situación de los derechos humanos es catastrófica y no hay forma de que ninguna repatriación forzada en este momento pueda ser segura, digna y duradera. Por lo tanto, no deberían hacerlo. Va en contra del derecho internacional, moralmente, es terrible devolver a la gente a esta situación”, ha dicho el experto.
Haití es un Estado dominado por las pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, durante los últimos cuatro meses, la violencia ha recrudecido a niveles que Naciones Unidas no había registrado desde principios de 2024. Entre el 6 de marzo y el 31 de julio de este año, al menos 613 personas han sido asesinadas y otras 375 heridas en Haití, en medio de los enfrentamientos entre las bandas criminales que controlan Puerto Príncipe y los ataques de las fuerzas de seguridad, según un reporte de Naciones Unidas publicado este mes.
La violencia ha provocado el desplazamiento interno de más de un millón y medio de personas, que sobreviven en campamentos improvisados, agravando la crisis humanitaria en la que ya se encontraba el país. Sin posibilidad de trabajar o estudiar, muchas familias haitianas dependen de las remesas que envían sus parientes desde Estados Unidos y República Dominicana, donde viven las mayores diásporas de haitianos, que ahora están siendo deportados.
