El PRI de Alito Moreno eleva el tono de su confrontación con el INE: “Dejen de solapar narcopolíticos”

El PRI de Alejandro Alito Moreno dio un paso más en su confrontación con el Instituto Nacional Electoral. En la sesión de este martes del Consejo General, destinada a aprobar los presupuestos del instituto y de los partidos políticos para 2027, el tricolor registró como representante del Poder Legislativo al diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, quien aprovechó la sesión para descalificar a los consejeros y acusarlos de “censurar” a la oposición. Gutiérrez Mancilla, quien adquirió fama la semana pasada por increpar y retar a golpes al diputado morenista Arturo Ávila en la sede del Senado, cumplió con creces su cometido: con solo tres intervenciones descompuso la sesión. Llenó el debate de críticas y reproches al papel de la autoridad electoral y sacó de sus casillas a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien tuvo que recordarle que ella tiene la autoridad para pedir la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden en el Consejo General.

Fue la propia Taddei quien llevó al Consejo un tema que no estaba originalmente en el orden del día, al iniciar la sesión con un pronunciamiento en el que se quejó de que el priista Alejandro Moreno haya viajado a Washington DC para solicitar al Departamento de Estado que cancele las visas y sancione con multa económica a tres consejeros electorales por haber aprobado medidas cautelares que le impiden utilizar expresiones como “narcopartido” o “narcogobierno” al referirse a Morena. “Como presidenta de este instituto considero indispensable defender una condición básica de nuestra función constitucional. Ninguna consejera ni ningún consejero debe votar pensando en las consecuencias personales, administrativas, penales, políticas o internacionales que alguien puede promover en su contra por el sentido de su decisión, aun cuando hayan existido amenazas previas”, dijo Taddei.

A partir de ahí, los representantes del PRI -Emilio Suárez y Carlos Gutiérrez Mancilla- usaron cada intervención para reprocharle a los consejeros que tomen medidas en contra de su partido y lamentar que hoy el INE haya sido tomado por el oficialismo. Gutiérrez Mancilla encontró en los representantes de Morena a los aliados perfectos para convertir la llamada “herradura de la democracia” en una arena de diatribas, insultos y descalificaciones mutuas. En un anticipo de la contienda electoral de 2027, priistas y morenistas se acusaron de “narcopolíticos” y “vendepatrias”, y llevaron al Consejo General los casos de Rubén Rocha, Ernesto Ruffo y Andy López Beltrán, como ejemplos de todo lo que -en sus palabras- está podrido en la política mexicana.

“El INE ha pretendido determinar qué expresiones puede utilizar el presidente de un partido de oposición para cuestionar al poder”, reprochó el diputado Gutiérrez Mancilla, y prosiguió: “Dejen de solapar a los narcopolíticos; un órgano constitucional autónomo diciéndole a la oposición qué palabras puede utilizar para describir al gobierno”.

El diputado enviado por Moreno reprochó que a él se le critique por haber encarado al morenista Arturo Ávila en una discusión que estuvo a punto de terminar a golpes, mientras el INE ignora señalamientos e investigaciones que apuntan al presunto financiamiento de las campañas del oficialismo con recursos del crimen organizado. El priista anunció que no iba a hablar “suavecito” ni iba a cuidar las formas, y fue subiendo el tono en cada intervención.

“Ustedes no están aquí para proteger al narcogobierno, no están aquí para proteger a Claudia Sheinbaum, no están aquí para proteger a los narcogobernadores; están aquí para proteger las reglas, y cuando un árbitro comienza a decidir qué críticas puede hacer un jugador contra otro, empieza a dejar de parecer árbitro y empieza peligrosamente a parecer parte de un equipo. Y ahora voy a hablar de Morena: ya estuvo bueno de su superioridad moral, ya estuvo bueno de esa pinche arrogancia con la que se sienten propietarios de México. Si quieren síganme llamando provocador, porro, violento, háganlo; si quieren atacarme por confrontar al poder, háganlo, no me van a callar con un adjetivo”, dijo.

Visiblemente molesto, el consejero Uc-kib Espadas intervino para pedirle que se sujetara al tema a debate, que era la aprobación del anteproyecto de presupuesto que pedirá el INE al Congreso y de las prerrogativas por más de 10.800 millones de pesos que ejercerán los partidos políticos en 2027. Pero, en su llamado al orden, el consejero provocó al priista. “La intención, en principio mediática, de decirle cosas horribles al adversario para que salgan publicadas en medios ya la perdieron, los medios ya cerraron sus ediciones, las próximas groserías no van a salir en ningún lado., por lo demás, como se dice técnicamente en castellano, ya no fastidien por favor”.

-Si usted está tan fastidiado, consejero, pues también puede retirarse o puede dedicarse a otra cosa-, le respondió el priista.

Con ello, provocó la intervención de la consejera presidenta, quien leyó un artículo del reglamento de sesiones que le da la facultad de tomar medidas para resguardar el orden, y añadió: “Debo de tener la posibilidad, existe en el reglamento, de exhortar a guardar el orden, conminar a abandonar el local y solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden o expulsar a quienes lo hayan alterado”. A lo que el diputado priista contestó con más reclamos: “Me parece gravísimo la amenaza velada que hace usted desde la presidencia, al decir que puede usar la fuerza pública para sacar a un legislador solo por expresar su punto de vista, a un representante legislativo de un partido político de oposición”.

La sesión concluyó con la aprobación de un proyecto de presupuesto histórico por más de 36.000 millones de pesos para la operación del INE, la organización de las elecciones federales 2027 y dos partidas precautorias para una eventual Consulta Popular y un proceso de Revocación de Mandato. A eso se suman los 10.800 millones de pesos que se repartirán entre ocho partidos con registro nacional; unas cifras sin precedentes que fueron cuestionadas por la consejera Carla Humphrey, la única que votó en contra del proyecto.