El miedo marca el pulso de los comicios locales en Ecuador: “Es la elección más opaca desde el retorno a la democracia”

Horas antes de inscribir su candidatura para buscar la reelección, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, grabó un video mirando a la cámara con la ciudad iluminada detrás. Eran las ocho de la noche y el tono se parecía menos al de un lanzamiento de campaña, casi como si se tratara de una prueba de vida. “Debo cuidar cada palabra y cada acción”, dijo, apelando al “delicado escenario institucional” en el que, según él, se desarrollan las próximas elecciones seccionales (locales) en Ecuador.

El proceso fue adelantado para noviembre y definirá alcaldes, prefectos y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo clave en la arquitectura del Estado porque designa a varias de las principales autoridades de control y justicia.

Ecuador, acostumbrado a caravanas, tarimas y candidaturas anunciadas con tambores y silbatos, asiste ahora a una escena inversa. Las postulaciones se registran en silencio, algunas de forma telemática, y varios partidos evitan confirmar públicamente quiénes serán sus candidatos hasta el cierre oficial de inscripciones, previsto para este lunes, 17 de agosto. La política ecuatoriana, tradicionalmente ruidosa, ha entrado en una etapa de susurros.

El temor de buena parte de la oposición es que las autoridades electorales adopten decisiones que terminen excluyendo a determinadas organizaciones políticas de la contienda o que candidatos visibles queden expuestos a investigaciones judiciales, tributarias o financieras en plena campaña.

Los casos recientes han alimentado esa percepción. Revolución Ciudadana, el principal movimiento opositor liderado por el expresidente Rafael Correa, fue suspendido durante el proceso electoral tras una resolución basada en información reservada remitida por la Fiscalía. Cuando el correísmo anunció una alianza con el movimiento Amigo para participar en las seccionales, esa organización también fue inhabilitada por el Tribunal Electoral bajo el mismo esquema de un informe reservado de una investigación fiscal.

Por eso el mensaje de Muñoz —del partido Revolución Ciudadana— tuvo un peso político mayor al habitual. El alcalde, que ahora busca competir a través de una alianza entre tres organizaciones políticas prestadas, presentó su candidatura como una decisión que debe tomarse con “extrema prudencia”. Porque, además, su inscripción definitiva, depende todavía de las mismas instituciones que suspendieron a su movimiento.

La experiencia de Revolución Ciudadana, del movimiento Amigo y de un intento similar con Unidad Popular ha instalado un temor que empieza a extenderse hacia otras fuerzas, incluido Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena: el miedo a no llegar siquiera a la papeleta.

A ello se suma la situación de varias autoridades locales opositoras. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que había manifestado su intención de buscar la reelección, permanece detenido mientras enfrenta tres procesos judiciales sin una sentencia en firme. En Cuenca y otros municipios, varios alcaldes también han sido procesados o apartados temporalmente de sus funciones. Ese contexto ha llevado a muchos dirigentes a considerar más seguro esperar hasta el último momento para revelar sus nombres.

“Hay muchos precandidatos en el Partido Social Cristiano (PSC) que se han bajado de la candidatura por amenazas del Gobierno”, denunció Alfredo Serrano, presidente del PSC, una de las organizaciones históricas del país. Su denuncia se ha convertido en el síntoma más visible de una anomalía en la política de Ecuador, en las que los candidatos están bajo la sombra.

Para César Febres Cordero, analista político, la acumulación de hechos vuelve difícil considerar el escenario como una simple coincidencia. “No es normal que semanas antes del cierre de inscripciones el CNE [el Consejo Nacional Electoral] no ofrezca información clara sobre las listas presentadas y que los propios partidos no quieran confirmar a sus candidatos”, afirma. El analista sostiene que muchos actores perciben un riesgo político asociado a competir contra el oficialismo. “El mensaje que reciben es que enfrentarse al Gobierno puede traer inspecciones tributarias, controles financieros o investigaciones posteriores. El problema es que casi nadie quiere denunciarlo formalmente”, señala.

Santiago Basabe, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, cree que el problema es más profundo que la coyuntura actual. A su juicio, las reglas del sistema político ecuatoriano como la proliferación de más de 200 organizaciones, muchas de ellas cantonales, la débil afiliación partidaria y la posibilidad de ser candidato sin pertenecer a un partido, han convertido a numerosas agrupaciones en simples vehículos electorales. “Con esas reglas es prácticamente imposible esperar algo distinto de lo que estamos viendo ahora”, afirma.

Una elección opaca

Basabe sí identifica un elemento excepcional en este proceso: la opacidad. “Seguramente esta es la elección más opaca desde el retorno a la democracia”, advierte, por la combinación de incertidumbre, exclusiones de organizaciones y reducción de la competencia electoral.

El resultado inmediato es una cancha inclinada. Mientras ADN, el partido del presidente Daniel Noboa, ya despliega candidatos visibles y aprovecha la exposición institucional del Gobierno, la principal fuerza opositora compite fragmentada, con distintos nombres y números según la provincia y el cantón. Revolución Ciudadana ha debido recurrir a alianzas de última hora, lo que dificulta transmitir una imagen unificada al electorado.

Pero esa ventaja no garantiza una victoria arrolladora. Febres Cordero advierte que la intervención del Gobierno podría terminar nacionalizando unas elecciones que, en principio, deberían ser locales. Si la campaña deja de girar en torno a alcaldes y prefectos y se convierte en un plebiscito sobre Noboa, el oficialismo podría enfrentar el desgaste de una popularidad en descenso. Según la última encuesta del CIES de julio, el 21% de los consultados calificaba positivamente la gestión presidencial. “La cancha está inclinada, pero eso no significa que el Gobierno vaya a arrasar”, resume el analista.

En los territorios más golpeados por el crimen organizado, el problema adquiere otra dimensión. Basabe sostiene que en varios cantones vinculados a la minería ilegal o al narcotráfico la competencia electoral está condicionada por actores criminales y que potenciales candidatos prefieren no presentarse por miedo a las consecuencias. Allí, las renuncias dejan de ser simples movimientos tácticos y se convierten en señales de amedrentamiento.

Lo que está en juego trasciende el reparto de municipios y prefecturas. Para el Gobierno, la verdadera batalla será la interpretación política del mapa que aparezca al día siguiente de las elecciones. “Si el país se tiñe del partido oficialista, la lectura será la de una ratificación del proyecto de Noboa; si no ocurre, la oposición podría recuperar impulso”, explica Basabe. “Eso puede venir con movilizaciones sociales de por medio, podría alterar la actual correlación de fuerzas en el legislativo, donde el Ejecutivo depende en buena medida del apoyo de legisladores independientes”, añade.

Para la oposición, un mal resultado podría consolidar la idea de que enfrentarse al presidente no solo es difícil, sino también riesgoso, coinciden los analistas. Ecuador entra así en una campaña inédita: una elección en la que los oficialistas ya recorren el territorio mientras buena parte de sus adversarios permanece en las sombras, calculando no solo cuántos votos pueden obtener, sino también cuánto les puede costar intentar conseguirlos en un país donde el crimen organizado se ha convertido en otro actor decisivo de la disputa electoral.