México amplía la vigilancia antilavado con cercos a las criptomonedas, casinos e inmobiliarias
México está endureciendo el perímetro de su lucha contra el lavado de dinero. El país ha publicado nueva regulación que obliga a un amplio grupo de actividades que operan fuera del sistema financiero tradicional a reforzar sus controles para identificar a sus clientes, rastrear sus operaciones y detectar posibles recursos de procedencia ilícita, entre los que destacan desde desarrolladores inmobiliarios y concesionarios de vehículos, hasta prestamistas no bancarios, casinos y comerciantes de arte y joyería, pasando con especial énfasis por las plataformas de criptomonedas.
La reforma introduce cambios de fondo para los proveedores de servicios considerados de “actividades vulnerables” y eleva el nivel de información que deberán recabar, conservar y compartir con las autoridades de inteligencia financiera. Las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) también introduce nuevas obligaciones para estas empresas, como sistemas automatizados de vigilancia utilizando tecnología, auditorías anuales y mecanismos más estrictos para identificar al beneficiario controlador, es decir, la persona que en última instancia posee la mayoría o ejerce el control sobre un negocio. Esto se traduce en un mayor rastreo sobre los verdaderos dueños del dinero.
El acuerdo –publicado por la Secretaría de Hacienda– llega en un momento de creciente presión sobre México para cortar los flujos financieros de las organizaciones criminales. Estados Unidos ha elevado el escrutinio sobre lar redes de los cárteles mexicanos con herramientas de inteligencia, seguridad y monitoreo de recursos. Recientemente, Washington incluso elevó sus recompensas para intentar frenar en seco el avance del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como una organización terrorista extranjera, una clasificación que elevó significativamente la presión sobre el grupo y sus conexiones.
“Va muy en línea con la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra las finanzas de los carteles. Pero también responde a los compromisos de México con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, explica Álvaro Vértiz, socio de la firma asesora DGA Group. “En el fondo hay una doble presión: la multilateral y la bilateral, con Washington”, añade.
México, como miembro del GAFI, debe implementar y demostrar en exámenes periódicos la efectividad de sus estándares antilavado, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso implica no solo actualizar leyes y controles, sino demostrar que el ecosistema conformado por empresas y autoridades puede identificar quién mueve el dinero y lo controla, detectar operaciones sospechosas en desarrollo, congelar y decomisar activos y procesar judicialmente a los responsables. En esa línea, la norma incluye procedimientos específicos para conocer mejor a los clientes y elevar banderas rojas en operaciones atípicas. En la práctica, eso se traduce en una mayor carga operativa para las empresas obligadas, que deberán seguir un calendario de implementación entre noviembre de 2026 y junio de 2027.
Uno de los cambios más relevantes alcanza a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas, que concentran un nuevo apartado dentro del acuerdo. Se endurecen las obligaciones de estas empresas, que deberán conservar registros detallados de sus operaciones hasta por diez años para garantizar la trazabilidad de las transacciones con bitcoins y otros activos virtuales. También deberán reportar actividades sospechosas dentro de las 24 horas posteriores a la identificación de un patrón atípico, detalla un análisis de la normativa elaborado por la firma de consultoría Miranda Intelligence.
“En cripto, el cambio importante es que quienes ofrecen servicios con activos virtuales y no están ya regulados como fintech quedan formalmente sujetos al régimen antilavado. Tendrán que registrarse ante el SAT [Servicio de Administración Tributaria], conocer y perfilar mejor a sus clientes, identificar origen y destino de las operaciones, incluidas las wallets, conservar expedientes y reportar operaciones sospechosas en 24 horas”, añade Vértiz.
El mayor control sobre las criptomonedas responde a un riesgo que ha ganado peso en la ofensiva contra el crimen organizado. Cada vez más, las monedas virtuales son utilizadas para mover fondos entre clientes y países con rapidez, bajos costos y discreción, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Como muestra de la escalada, esta semana un ciudadano mexicano se declaró culpable en EE UU de participar como intermediario en una red para lavar unos 1,9 millones de dólares provenientes de ganancias del narcotráfico, mediante transferencias bancarias y criptomonedas. El acusado enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, según informó el Departamento de Justicia.
De acuerdo con Chainalysis, firma de análisis del ecosistema cripto, el volumen de transacciones ilícitas en criptomonedas alcanzó al menos unos 154.000 millones de dólares en 2025, impulsado por un aumento en la evasión de sanciones financieras vinculadas a países como Irán y Rusia, pero también como una herramienta para mover ganancias ilícitas entre fronteras.
A la caza del beneficiario controlador
La otra gran apuesta de las autoridades es desenredar las estructuras corporativas, reduciendo los espacios de anonimato de las empresas y fideicomisos utilizados para mover o esconder activos. Por ello, obliga a las entidades a identificar a la persona física que realmente posee o controla una organización. Entre otros criterios, deberán identificar a quienes tengan el 25% o más de las acciones, ejerzan control sobre la empresa o formen parte de su alta dirección. El concepto de “beneficiario controlador” es central para las nuevas reglas: el objetivo no es únicamente conocer qué empresa realiza una operación, sino llegar hasta la persona que está detrás de ella.
La reforma también endurece el escrutinio sobre las llamadas Personas Políticamente Expuestas (PEP), funcionarios que desempeñan o han desempeñado cargos públicos destacados en México o en el extranjero, así como sus familiares cercanos y socios patrimoniales. Estas personas estarán sujetas a una vigilancia reforzada para prevenir el blanqueo. La categoría alcanza a jefes de Estado o de Gobierno, líderes políticos, funcionarios judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o miembros de partidos políticos. También contempla a sus cónyuges, concubinas o concubinarios y familiares.
Las autoridades y organismos públicos deberán alimentar una base de datos con información detallada de estos servidores públicos y sus dependientes económicos, en una plataforma administrada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La información permitirá a las entidades financieras y demás sujetos obligados a cruzar información para reforzar sus controles.
El cambio, en esencia, apunta en dos direcciones: saber de dónde viene el dinero y saber quién está detrás de él, incluso más allá del ámbito tradicional de la banca. Ahora, la prueba para la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum será convertir el nuevo arsenal de obligaciones en investigaciones, decomisos y condenas.
