Las imágenes de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por la crisis de vivienda
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Miles de personas salieron a protestar este fin de semana en el centro de Madrid después de que el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, del piso donde vivía alquilada haya expuesto la gravedad de la crisis de la vivienda en España.
Unas 25.000 personas se manifestaron el sábado 26 de septiembre en la capital, según cifras de la Delegación del Gobierno, y alrededor de 500 acamparon en la Puerta del Sol.
Los manifestantes reclaman cambios en la legislación sobre alquileres y desahucios, y para ello montaron sus tiendas de campaña en esta céntrica plaza, frente a la sede del Gobierno regional madrileño, con intención de permanecer allí hasta que las autoridades españolas obedezcan a sus reivindicaciones en materia de vivienda.
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Ataviados con todo tipo de carteles, desde “Todos somos Maricarmen” hasta “Expropiar a los rentistas” o “Acción directa y okupación”, así como banderas de Palestina e insignias de diversos sindicatos y colectivos, los participantes comenzaron el domingo a establecer carpas y organizar asambleas, talleres, discursos y actuaciones musicales en medio de Sol.
El Sindicato de Inquilinas, que reclama prohibir la compra de viviendas cuando el comprador no vaya a residir en ellas, difundió la consigna “O cae el rentismo o cae el Gobierno”.
Las críticas se dirigían al Ejecutivo nacional y a las autoridades regionales y municipales.
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El detonante fue el desahucio de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen.
La mujer, de 87 años, tuvo que abandonar el pasado miércoles el piso madrileño donde llevaba siete décadas viviendo de alquiler.
Los tribunales consideraron vencido el contrato de 1956 que había heredado de sus padres y dieron la razón a Urbagestión, la empresa propietaria, que reclamaba recuperar la vivienda.
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Las movilizaciones se producen en un momento en el que los precios de compra y alquiler de las viviendas en España, y en especial en las grandes ciudades, se han encarecido hasta niveles prohibitivos para quienes perciben salarios bajos y medios.
Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios aumentaron un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026 y un 12,9% en la Comunidad de Madrid.
Esto coincide con una escasez cada vez más grave de la oferta: entre 2021 y 2025 se construyeron 750.000 viviendas menos de las necesarias para atender la creciente demanda de nuevos hogares, según datos del Banco de España.
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El Sindicato de Inquilinas exige contratos indefinidos o de renovación automática, de modo que el inquilino pueda decidir si quedarse o no en la propiedad por el tiempo que considere oportuno una vez venza el plazo pactado, de un mínimo de 5 años según la ley actual.
También reclama congelar los precios de las rentas, impedir desahucios sin alojamiento alternativo y castigar o prohibir los alquileres de temporada y por habitaciones, así como expropiar viviendas de empresas y fondos de inversión a los que llama “fondos buitres”.
Algunos economistas cuestionan estas propuestas y defienden que aumentar la oferta de vivienda es el único remedio posible para aliviar la actual situación de escasez.
Advierten de que limitar las rentas e impedir que los propietarios recuperen sus pisos puede empeorar aún más la situación, ya que muchos podrían renunciar a alquilar sus inmuebles y frenar la inversión para reformarlos o crear nuevos.
Un estudio del Banco de España de 2020 ya señaló que los topes pueden abaratar los alquileres regulados a corto plazo, pero también reducir las viviendas disponibles, empeorar su mantenimiento y encarecer las que quedan fuera de esos límites.
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El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que trabaja para llevar un decreto de vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes que responda a parte de las demandas de los manifestantes.
Como Sánchez gobierna en minoría, pidió públicamente un esfuerzo a otros grupos parlamentarios para convalidar el decreto, cuyo contenido está pendiente de negociación.
La vicepresidenta Yolanda Díaz, de la formación izquierdista Sumar, socio del PSOE en la coalición gobernante, respaldó la movilización y pidió actuar contra los fondos inmobiliarios.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, advirtió este domingo de que la acampada continuará si ese decreto no incluye los contratos indefinidos, según EFE.
La organización también ha pedido a los sindicatos laborales CCOO y UGT que convoquen una huelga general si la norma no sale adelante.
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El Partido Popular (PP), principal formación opositora, de centro derecha, ha expresado propuestas de otro tipo, como eliminar las zonas donde pueden limitarse los alquileres y ampliar los avales para facilitar la compra de viviendas a jóvenes.
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, criticó la acampada y acusó a la Delegación del Gobierno de “dejación de funciones”.
El consistorio reclamó restablecer la normalidad en Sol y cuestionó que la protesta hubiera continuado fuera de las condiciones autorizadas.
Madrid no fue la única ciudad con protestas por la vivienda: Barcelona, Alicante y Santiago de Compostela también registraron movilizaciones tras el desahucio de Maricarmen.
Según medios españoles, se convocaron protestas en 40 ciudades del país para exigir medidas contra el encarecimiento de los alquileres.
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