El escándalo de la UNAM exhibe las grietas del sistema de educación superior de México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vive sus horas más bajas, con cientos de cuestionamientos sobre sus mecanismos de control tras el fiasco de los últimos exámenes de admisión. El salto a la modalidad en línea y a distancia, que arrojó resultados tan excelentes que resultaron inverosímiles, ha obligado a mirar con lupa el proceso en busca de la trampa masiva. Las aristas de esta crisis sin precedentes, sin embargo, siguen multiplicándose con el paso de los días, y a la discusión sobre los límites de la tecnología se suma un debate mucho más profundo sobre el sistema de educación superior en México. La ministra Lenia Batres criticó el mecanismo selectivo de la UNAM por neoliberal y la presidenta, Claudia Sheinbaum, ofreció abrir las puertas de la Universidad Rosario Castellanos a quienes fueran rechazados por el centro de estudios, una alternativa que inundó las redes de burlas, pero también de preguntas sobre las opciones reales de los estudiantes mexicanos. “Este episodio es relevante para la institución, pero más aún porque exhibe el problema de oportunidades educativas de todo el sistema. Ilustra las preferencias vocacionales y las limitaciones de espacios”, sintetiza Alejandro Canales, experto en políticas educativas de la UNAM.

El proceso de selección puesto en entredicho convocó a 158.000 aspirantes para un total de 22.000 plazas, es decir, solo uno de cada siete lograrán acceder a las aulas de la gran universidad pública de México. Esa competición feroz, además de explicar, al menos parcialmente, los incentivos para buscar ayudas externas, ilustra la gran concentración de la demanda en un puñado de instituciones encabezadas por la UNAM, a la que le siguen el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y algunas de las estatales. “El tema en la Ciudad de México no es de oportunidades, es de preferencias de los jóvenes por cierto tipo de instituciones y por cierto tipo de carreras”, valora Canales.

“Un estudiante que termina la preparatoria tiene un abanico relativamente amplio de opciones. El problema es que a la mayoría de los alumnos, muchas de esas opciones no les convencen. No las ven como opciones legítimas que les vayan a garantizar la inserción en el mercado laboral”, argumenta en ese sentido Emilio Blanco, especialista del Colmex. “Eso genera una jerarquía simbólica de prestigio muy marcada en favor de la UNAM y del IPN”, considera. Es un círculo vicioso donde el prestigio alimenta la demanda y las expectativas del mercado y viceversa. El resultado es que, con independencia de si el desequilibrio en la calidad educativa es real o está sobredimensionado ―es difícil saberlo, pues no hay sistemas de evaluación que permitan medir el nivel de aprendizaje acumulado―, tiene efectos reales en las posibilidades de inserción laboral.

Esa pelea encarnizada por unas pocas opciones consideradas atractivas por los estudiantes convive con un problema mayor dentro del sistema: la desigualdad territorial y de ingresos, que repercute de lleno en al acceso a las aulas de las universidades. Mientras en Ciudad de México la tasa de cobertura de la educación superior durante el ciclo 2024-2025 fue del 136,2% (de la que un 33.8% corresponde a gente procedente de otras entidades), en Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero la tasa no alcanza el 25%. Un panorama similar a lo que ocurre cuando se divide la población en función de sus ingresos. “De los jóvenes del primer decil, es decir, los que tienen las condiciones más desfavorables, solamente el 4.4% están en la educación superior”, ejemplifica el profesional de la UNAM. Esa brutal desigualdad se diluye entre la media nacional, del 45,1%: el Gobierno quiere llevarla hasta el 55% en 2030.

Es en este escenario donde surgen iniciativas como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, esta última presentada por la mandataria mexicana como alternativa para los rechazados. Ambas fueron creadas en 2019 al calor de los Ejecutivos morenistas: la primera, bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y, la segunda, con Sheinbaum al frente, primero como instituto de estudios superiores de la Ciudad de México y más tarde nacionalizada, en 2024. Ninguna cuenta con exámenes de admisión, aunque las formas de acceso son diferentes ―la Rosario Castellano pide un curso previo de preparación― y ambas buscan paliar las barreras de acceso de las capas sociales inferiores.

El problema, apuntan los expertos, es doble. Por un lado, dice Emilio Blanco, “en la cultura mexicana, donde entrar a la universidad todavía se ve como un pasaje marcado por el mérito, los mecanismos tan laxos de entrada como los de la Rosario Castellanos hacen que mucha gente no la vea como una universidad real”. “Se va produciendo un proceso de estigmatización y de desprestigio que termina derrotando el nombre objetivo inicial de incluir”, elabora el experto, y concluye: “Lo que logras al final es una inclusión excluyente o una inclusión precaria, porque tu título no tiene reconocimiento social”.

El otro problema, añade Canales, es que no se ha invertido ni lo suficiente ni de la forma adecuada para convertirlas en opciones realmente atractivas y de calidad para los estudiantes que quieran buscar alternativas al circuito considerado de élite. “La improvisación de las Universidades Benito Juárez fue algo que registraron la mayor cantidad de jóvenes. Es decir, instalaciones que no eran propiamente propicias para lograr un aprendizaje, una planta de profesores que no era la indicada…”, enumera el experto.

Todo desemboca en la falta de recursos destinados a construir alternativas que tengan la misma calidad que las opciones ya existentes, la única forma real de corregir el desbalance de demanda y de ofrecer una formación igualmente competitiva para entrar en el mercado laboral. Tras la reforma constitucional de 2019 y la creación de la nueva Ley General de Educación Superior, se contempló la creación de un fondo específico federal para asegurar la gratuidad del nivel máximo educativo. Sin embargo, hasta la fecha no se han destinado fondos a él. “¿Cómo se puede garantizar la gratuidad o la expansión de oportunidades educativas si no hay recursos?“, plantea Canales. ”Lo que han hecho los últimos gobiernos, no solo los de la Cuarta Transformación, es buscar ampliar las oportunidades de la forma más barata posible: invirtiéndole poco, dando títulos pequeños, microcertificación de saberes… Ese tipo de estrategias está condenada al fracaso”, apostilla Blanco: “No hace sino fortalecer la pendiente jerárquica que pone la UNAM como el único o uno de los pocos destinos deseables”.

Sheinbaum se enfrentó a una primera polémica nada más llegar a Palacio Nacional por reducir la partida destinada a la Universidad Nacional en sus primeros presupuestos. Más tarde rectificó y lo circunscribió a un “error” de Hacienda, que no había contemplado el incremento de la inflación. Quedó corregido en el proyecto final. Con todo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) cifra el déficit presupuestal acumulado desde 2018 en 50.400 millones de pesos, de los que 42.600 millones corresponden solo a las universidades públicas estatales. La presión por ampliar el número de plazas en la UNAM y otros centros no ha dejado de crecer cada año, pero los recursos no aumentan a la velocidad que requiere poder ensanchar la oferta educativa. Mucho menos, para generar alternativas reales que alivien la desesperación por entrar en las aulas de la gran casa de estudios de referencia en la región.