Las tormentas que han azotado la gestión del rector: 11 meses de crisis en la UNAM

En poco menos de 11 meses, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha enfrentado dos crisis de gran magnitud. En septiembre del año pasado, un estudiante asesinó a un compañero dentro de un plantel del bachillerato universitario, en un hecho que dejó al descubierto las deficiencias en los controles de seguridad en la institución. Hace dos semanas, el escándalo por el fallido examen de admisión en línea evidenció una cadena de omisiones que se extendió desde la aplicación de la prueba hasta la publicación de los resultados. En ambos episodios la reacción de las autoridades universitarias fue cuestionada por haber llegado tarde, envuelta en dudas y empujada por la presión de la comunidad universitaria y la opinión pública.

En la UNAM, integrada por unas 440.000 personas entre estudiantes, académicos y trabajadores, los directivos no solo administran la institución educativa más importante de América Latina, sino que su rector y sus principales funcionarios son figuras sometidas al escrutinio público y que representan una parte significativa de la élite intelectual mexicana. Leonardo Lomelí asumió la rectoría en noviembre de 2023, en medio del distanciamiento del Gobierno con la universidad, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando Lomelí fue nombrado, el entonces presidente expresó abiertamente sus reservas para el economista por su cercanía con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, dos de los principales críticos de la reforma electoral impulsada por su Gobierno. El exmandatario acusaba a la institución de haberse convertido en una “universidad elitista”.

Lomelí es licenciado en economía y doctor en historia por la propia UNAM, donde ya había sido secretario general, la mano derecha de Enrique Graue. Es decir, conoce bien la institución, sus virtudes y sus carencias. Al tomar las riendas heredó el alboroto de la disputa entre la universidad y la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura en 1987. Aunque el escándalo estalló durante el mandato de Graue, la polémica se estiró hasta el 2024 con Lomelí, cuando un juez determinó que la universidad no podía sancionar a la ministra ni difundir la resolución sobre el caso.

Dos años más transcurrieron con algunos casos de toma de facultades y planteles del bachillerato, en una práctica habitual de los alumnos para reclamos que iban desde el estado de la infraestructura en las escuelas, hasta denuncias por acoso y abuso por parte de compañeros y profesores.

La primera verdadera tormenta de esta administración cayó sobre la torre de rectoría la mañana del 22 de septiembre del año pasado, cuando Lex Ashton, de 19 años, entró sin revisiones ni controles de acceso al Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, en Ciudad de México, con cuchillos en la mochila. Dentro de la escuela mató a Jesús Israel, un estudiante de 16 años, e hirió a un trabajador que intentó detenerlo. La reacción de las autoridades universitarias llegó tarde, con un video del rector cuando ya había sido evacuado el CCH y se conocían de sobra los detalles sobre el ataque y los antecedentes del joven agresor, inmiscuido en el universo incel de odio a las mujeres, y que había recibido la atención psicológica de la institución. La medida fue suspender las clases presenciales. El pánico recorrió el resto de planteles de preparatoria hasta llegar a las las Facultades y contaminó el ambiente con incertidumbre sobre la seguridad de los alumnos. La universidad no supo despejar esas dudad y acumuló paro tras paro. Algunas facultades, como Arquitectura, permanecieron más de 100 días sin clases.

La segunda gran crisis estalló con el examen en línea y a distancia para el ingreso a licenciatura. La universidad no detectó a tiempo las anomalías en los resultados de la prueba, aplicada por Territorium Life, la empresa tecnologíca que contrató para crear la plataforma. La evidente trampa masiva fue destapada en las redes sociales, luego de que las cifras ya habían pasado por toda una cadena de mando que tuvo en sus manos las pruebas de que el examen no podía considerarse legítimo. Leonardo Lomelí eligió al exsecretario general Eduardo Bárzana para llevar la comisión de crisis, junto a otros 15 expertos que revisaron el proceso de ingreso.

El comité admitió los problemas y convocó a 58.000 aspirantes, tras descartar a 100.000 a un segundo examen de control presencial. Este jueves, el abogado general Hugo Concha detalló algunas de las artimañas, que desvelan que el fraude del examen va más allá de un aplicante que busca las respuestas con ayuda de la inteligencia artificial. En entrevista con Gabriela Warkentin en Fórmula, Concha dijo que la revisión de las cámaras arrojó que las irregularidades eran distintos dispositivos con las mismas direcciones IP, cámaras congeladas y fondos similares, que indican un fraude aun más grande. “Se trata de organizaciones, empresas que aparentemente estaban vendiendo los servicios de hacer examen a un montón de chicos”, compartió. Fraudes que fueron abiertamente promocionados en las redes sociales antes de aplicar el examen, y que no fueron detectados.

El fiasco causó un terremoto en el círculo cercano del rector. Patricia Dávila, a cargo del área encargada de supervisar los procesos de selección, renunció a la Secretaría General en medio de la polémica y fue sustituida por Javier de la Fuente, un funcionario vinculado políticamente al exrector José Narro Robles. Los recientes nombramientos han reforzado la influencia del grupo político encabezado por Narro, rector entre 2007 y 2015 y figura central del llamado del grupo de médicos que llevó la universidad por años, antes de convertirse en secretario de Salud de Enrique Peña Nieto. El nuevo secretario general llevaba la oficina de Atención a la Comunidad Universitaria cuando hubo violentas agresiones de grupos porriles hacia alumnos que se manifestaban frente a Rectoría en 2018.

Con el conflicto del examen de admisión abierto y los fantasmas del caso del CCH Sur todavía presentes, la administración de Leonardo Lomelí enfrenta el reto de retomar el control y liderazgo para sostener el prestigio de la máxima casa de estudios del país.