El virus que mata a los periodistas en México

En México, el asesino de los periodistas tiene un rostro difuso. Dado que el crimen se entrelazó con la política a un nivel tan profundo, sobre todo a nivel estatal y municipal, denunciar un acto de corrupción, por ejemplo, se ha vuelto arriesgado, ni qué decir de denunciar el narcotráfico, la trata de personas, el huachicol. El que mata al periodista no es solo el que acciona el arma asesina, sino el entramado de complicidades que hay detrás. Y lo que ha vuelto al crimen tan campante en este país es su impunidad. Al menos 183 periodistas han sido asesinados en México desde el 2000, según el recuento de la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19. En los últimos 15 años, solo ha habido nueve sentencias contra los responsables. El país latinoamericano es considerado en mediciones internacionales uno de los más peligrosos, de los más letales, para ejercer la profesión.

El último periodista asesinado en México fue el oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar, el 22 de julio, el séptimo en lo que va del año. Con tres décadas de trayectoria, Leyva se había convertido en un frontal crítico del Gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara, del oficialista Morena. Con las investigaciones aún en curso, el mandatario ha intentado deslindarse del asunto, alegando que su Administración respeta a la prensa y garantiza el disenso. Para los colegas de Leyva, el lavado de manos no es tan simple. “El asesinato de Alejandro viene de aquí, viene del Gobierno de Oaxaca, viene de este aparato”, le lanzó una reportera a Jara en una reunión que organizó el Ejecutivo con periodistas tras el crimen.

En muchos casos, las víctimas habían denunciado previamente los riesgos a que estaban expuestos o directamente amenazas recibidas en su contra, sin que las autoridades atendieran esas preocupaciones, caso de Leyva. Algunos incluso contaban con protección institucional, caso del veracruzano Luis Ángel López Valdez, asesinado de 18 disparos el 11 de junio pasado. De poco han servido los avisos y la parafernalia del resguardo gubernamental, en vista de la cifra cada vez más numerosa de muertes de colegas. Siendo este el tipo extremo de la violencia contra la prensa, hay un espectro de agresiones que incluye la criminalización de la profesión en Estados donde se aprueban leyes o se emiten sentencias que han llevado a los periodistas a la cárcel, como en San Luis Potosí.

También se ha vuelto frecuente la estigmatización o desprestigio de los periodistas desde el poder. Esto no ocurre solo en México. Al contrario, se ha vuelto un rasgo de dirigentes populares que afirman ante su electorado que la prensa se ha vuelto el enemigo del pueblo. Lo ha hecho el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, todas las veces que ha descalificado a reporteros incómodos, a quienes ha dicho que son “terribles” en su trabajo, “deshonestos”, “estúpidos”, “odiosos”, “antipatriotas”. El millonario presidente también ha pasado al lawfare y ha demandado por vía civil a varios medios de comunicación, de periódicos a cadenas televisivas.

Aunque las descalificaciones no matan por sí mismas, crean un entorno de menosprecio al trabajo de los periodistas. En México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador utilizó sus populares conferencias de prensa para confrontar a periodistas y medios, con la justificación de que estaba obligado a desmentir la desinformación (que él consideraba calumniosa). Organizaciones de derechos humanos advirtieron de que varias de las réplicas del mandatario caían en la esfera de la agresión. Pese a ello, López Obrador no cesó en sus conferencias y, de hecho, dejó escuela. Su sucesora en el cargo, Claudia Sheinbaum, ha mantenido dos espacios, Detector de Mentiras y Derecho de Réplica, dedicados a refutar publicaciones de los medios en el mismo tono.

Varios gobernadores oficialistas replicaron el modelo y crearon espacios del tipo en sus conferencias oficiales. Así lo hizo el gobernador de Oaxaca, que lanzó un programa llamado Trapitos al Sol. Uno de los periodistas exhibidos en ese espacio fue, precisamente, Alejandro Leyva. El periodista denunció el año pasado haber sido objeto de ataques y amenazas en redes sociales, que él vinculaba directamente a los señalamientos que le lanzó el Ejecutivo de Jara en aquel programa. La Fiscalía estatal demoró cuatro meses en acusar recibo de su denuncia, que tampoco derivó en alguna mejora para él.

Algunos periodistas asesinados fueron víctimas de una violencia extrema, como Regina Martínez (2012), corresponsal de Proceso en Veracruz, golpeada brutalmente y estrangulada, o el fotorreportero Rubén Espinosa (2015), también veracruzano, torturado durante una hora antes de ser ultimado de un disparo en la cabeza. Hay indicios de que sus asesinatos están relacionados con su labor informativa, bajo el mandato de Javier Duarte (PRI). El suyo ha sido el Gobierno más letal para la prensa, con 18 periodistas asesinados en su sexenio.

La violencia contra los periodistas, sin embargo, parece no distinguir colores y partidos. Veracruz vuelve a ser el Estado con más periodistas muertos este año (tres de siete). El caso de Roxana Martínez, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, sacudió al país luego de que se difundiera un video del momento de su secuestro por parte de hombres con los rostros cubiertos y armados, el 2 de junio. Tras semanas de agobio, a fin de mes, las autoridades reportaron el hallazgo de su cuerpo. Sin esperar al resultado de las indagatorias, la gobernadora, Rocío Nahle (Morena), se había apresurado a declarar que su trágico destino no tenía nada que ver con su profesión. Entonces, ¿con qué tienen que ver los crímenes contra los periodistas en México? ¿Por qué se les mata? ¿A quién conviene su silencio?